Una hora después de que empezara la concentración en la puerta de Cajamar en la calle Marqués de Sotelo, un portavoz de la PAH-Valencia compartía la buena noticia. Tras las conversaciones con el «mediador» de la entidad financiera, ésta se había visto obligada a negociar. «Se han comprometido a retirar las denuncias presentadas contra los […]
Una hora después de que empezara la concentración en la puerta de Cajamar en la calle Marqués de Sotelo, un portavoz de la PAH-Valencia compartía la buena noticia. Tras las conversaciones con el «mediador» de la entidad financiera, ésta se había visto obligada a negociar. «Se han comprometido a retirar las denuncias presentadas contra los activistas, nos han preguntado qué día empezamos a dialogar y sobre qué casos concretos», afirmó el portavoz, en medio de la ovación de los 200 activistas de la PAH concentrados. La fecha señalada es el 16 de octubre. «Si no cumplen con los compromisos, volveremos a movilizarnos».
En la puerta de Cajamar se concentraron miembros de PAH-Valencia y de las plataformas de otros municipios de la provincia, como Sueca, Paterna o la comarca del Camp de Morvedre. Ofrece las explicaciones Luis Vargas, coordinador del grupo de afectados del Banco de Sabadell-CAM-Cajamar: «hace varios años que teníamos una mesa de diálogo con Cajamar, incluso tenían un compromiso con nosotros de que no se producirían desahucios; pero en los últimos meses han cambiado su política». Vargas se lo ha dicho directamente al «mediador» de la entidad financiera (el último, pues Cajamar ha cambiado de «intermediario» en tres ocasiones): «estáis trasladando vuestros problemas internos a las personas afectadas por las hipotecas». Pero ésta no se siente concernida, explica el portavoz de la PAH, pues no ha recibido dinero público del «rescate».
¿Qué ha ocurrido en los últimos meses? ¿A qué obedece el «giro» en la posición de Cajamar? La caja rural y cooperativa de crédito, resultado de la fusión de 12 cajas rurales y que en el primer semestre de 2014 obtuvo un beneficio neto de 123,8 millones de euros, vendió su «plataforma de gestión de activos inmobiliarios», es decir, el mecanismo creado para gestionar los «activos tóxicos» a un fondo de inversión. Lo mismo ha hecho Caixabank, el Banco de Santander, el Banco Popular o Catalunya Banc. Los «fondos buitre» están siempre al acecho y el pasado mes de junio Cajamar vendió su cartera de «activos tóxicos» (7.200 millones de euros) al fondo Haya Real Estate por 225 millones de euros.
El principal accionista de Haya Real Estate es un «fondo buitre» de enormes dimensiones, Cerberus, que en diciembre de 2012 ya adquirió derechos sobre activos del «banco malo» y también ha cerrado contratos para operaciones de estas características con Bankia. Informaciones periodísticas sitúan a José María Aznar Botella (hijo mayor del expresidente del Gobierno) como consejero de una de las filiales de Cerberus. En resumen, la adquisición de los «activos tóxicos» de Cajamar por este «fondo buitre» ha supuesto una vuelta de tuerca para los afectados por las hipotecas.
Luis Vargas pedirá en la reunión del 16 de octubre que Cajamar retire la denuncia contra las tres activistas de la PAH de Sueca, las tres de mayor calado, pero a las que se suman otras denuncias menores. Demandarán, asimismo, que la sociedad cooperativa de crédito «no ponga tantos impedimentos para reestructurar la deuda de los afectados, o conceder daciones en pago». Por último, «pediremos que se admita la documentación de los afectados, se estudie y se le dé una solución, porque actualmente están actuando como tiburones».
En un comunicado de prensa, la PAH señala las consecuencias prácticas de la «ausencia de negociación actual» por parte de Cajamar. Muchas familias, en ocasiones con hijos a cargo, se ven condenadas a la exclusión social; otras veces, la entidad financiera «rompe los acuerdos no escritos o pretende incluso quedarse con la vivienda de los avalistas, aunque se hallen en riesgo de exclusión social o padezcan una grave enfermedad». Recientemente, añade la nota informativa, «Cajamar también impide la libertad de expresión y reprime las manifestaciones de descontento que utilizamos las PAH, como la colocación de carteles en sus paredes».
Una de las damnificadas por las denuncias de Cajamar es María José García, portavoz de la PAH en Sueca, quien participó en una acampada de protesta en la puerta del banco durante un mes y medio, con otras ocho personas. De ese modo se solidarizó con una compañera a la que tras la subasta de la vivienda, le quedó una deuda pendiente de 73.000 euros. «Cajamar es una auténtica mafia», afirma. Como represalia a su acción de protesta, Cajamar ha pedido al juez el desahucio inmediato del piso que habitaba en régimen de alquiler, y por el que pagaba 450 euros mensuales. «Me han echado a la calle sin respetar los plazos y sin mediar palabra, con tres hijos a cargo; mi marido ha emigrado a Suiza para buscar trabajo». Asegura, además, que el director de Cajamar se ha puesto en contacto con inmobiliarias de Sueca para que no le alquilen un piso.
Como portavoz de la PAH en el municipio ribereño, María José García ha conocido casos desgarradores. Por ejemplo, el de una mujer a quien el marido ha intentado quemar dos veces, y que sólo con un subsidio lucha por mantener a sus dos hijos y a su suegra, que padece Alzheimer. Cajamar se niega a concederle la dación en pago. Se ha iniciado ya el proceso de ejecución hipotecaria y pronto se subastará la vivienda, por la que la propietaria adeuda 135.000 euros.
«También nos encontramos con muchos casos de personas mayores que avalan a sus hijos, y contra aquéllos es contra quienes primero actúa Cajamar; o conceden alquileres a precios muy elevados (no a precios sociales), lo que hace que los afectados renuncien», agrega la portavoz del grupo antidesahucios. «Basta ya, ni un desahucio más», se grita alrededor, mientras una manifestante muestra ante la puerta del banco un cartel con la leyenda «No volveré a decir mentiras» y la firma de Jorge Tortosa, el «interlocutor» del banco ante los afectados. «Es quien negocia con nosotros; promete cosas y luego no cumple», aclara una de las activistas.
Emma Marín, activista de la PAH, reside en Alfafar y también ha conocido la manera de actuar del banco presidido por Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez. Firmó un contrato hipotecario por una vivienda y otro por un local comercial, pero se encuentra en desempleo y con 36.000 euros pendientes de pago por el piso. Pidió a Cajamar abonar esta cantidad cuando estabilizara su situación y acogerse a la dación en pago para el local comercial, en el que intentaría quedarse -así se lo propuso a la entidad financiera- en régimen de alquiler social. Cajamar se negó.
En Sagunto y la comarca del Camp de Morvedre se acumulan las promesas incumplidas por esta entidad. Da cuenta de los ejemplos Amaya Aracama, portavoz comarcal de la PAH: «a una mujer con dos hijos Cajamar le prometió la condonación de la deuda tras la subasta y un alquiler social, pero han faltado a lo prometido». Otro caso es el de una mujer a quien se le dijo que podría acogerse a la dación en pago, pero finalmente no fue así. Sin embargo, eso no ha sido lo peor: «lo más hiriente son los insultos, y el desprecio hacia los afectados y quienes les apoyan». Les llaman «locos», asegura la portavoz.
Afirma que un director de Cajamar en el Camp de Morvedre llegó a decirle a un menor por teléfono que su madre tendría que abandonar la casa. «Tenemos grabadas amenazas a miembros de la PAH por parte de directores de sucursales bancarias». La retahíla de calificativos se compone, entre otras, de las siguientes perlas: «panda de adinerados aburridos y que engañan a la gente» o «perroflautas que no conocen la ley y sin dinero para comprarse ropa en las tiendas». «Son palabras que a los directores de los bancos les nacen de dentro», remata la activista.
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