Al filo de las 12,00 horas [de ayer] salieron al balcón de su domicilio Juan Gañán, de 37 años, y Engracia Lucena, de 30, para confirmar que el Banco de Sabadell-CAM había decidido suspender, sin que hasta el momento se haya comunicado nueva fecha, la ejecución del embargo de su piso. El matrimonio agradeció el […]
Al filo de las 12,00 horas [de ayer] salieron al balcón de su domicilio Juan Gañán, de 37 años, y Engracia Lucena, de 30, para confirmar que el Banco de Sabadell-CAM había decidido suspender, sin que hasta el momento se haya comunicado nueva fecha, la ejecución del embargo de su piso. El matrimonio agradeció el apoyo de ciudadanos, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y los medios de comunicación. En la calle padre Vinyes de Valencia -ubicada en el barrio de Oriols, una zona periférica de la ciudad con mayoría de población mayor e inmigrante- varios centenares de personas saludaron la noticia. «Sí se puede», «Sí se puede», «Sí se puede», era el grito de guerra. Mientras PP y PSOE se reúnen en los despachos, la presión popular en la calle consiguió ayer lunes, 12 de noviembre, detener un nuevo desahucio.
Juan Gañán y Engracia Lucena llegaron de Córdoba hace una década. Suscribieron en su momento un préstamo hipotecario con el Banco de Sabadell-CAM por cerca de 180.000 euros. El matrimonio (con un hijo de cinco años a cargo) ha abonado durante seis las cuotas de la hipoteca, pero hoy su realidad difiere mucho del día en que firmaron el crédito. Entonces Juan era albañil y Engracia, camarera. Pero actualmente él -tras un año y medio en paro- ha agotado la percepción de la prestación del desempleo y cobra el subsidio de 426 euros; ella percibe 399 euros de subsidio, y es el presente mes el último con derecho a cobrarlo.
Ante el cambio de coyuntura y lo apurado de la situación, hace un año que dejaron de pagar al banco. Y la maquinaria financiera y judicial no se hizo esperar. A sangre fría. Hace 45 días les llegó del juzgado el primer aviso de desahucio, por lo que se pusieron en contacto con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Intentaron renegociar con la entidad financiera el pago de la hipoteca, «pero nos daban largas, decían que pasaban el expediente a Madrid y que allí no les contestaban; así, un día tras otro», explica Juan Gañán a los periodistas.
En el piso no se observaban ayer muebles ni otros enseres, pues los propietarios los habían retirado antes que el implacable embargo judicial se los requisara. Y en la calle, un portavoz de «Stop Desahucios» exclamaba, altavoz en mano, a los concentrados: «Los únicos que han vivido por encima de sus posibilidades son los bancos; las personas somos, por el contrario, las víctimas de la violencia hipotecaria; por eso hay que movilizarse frente a este abuso; además, es muy importante que las personas afectadas compartan la lucha, superen el individualismo y trabajen de manera colectiva; no hemos de esperar que haya suicidios para paralizar un desahucio», concluyó.
A continuación, el foco de la protesta se desplazó a la sede central del PP en la Comunidad Valenciana, que se encontraba fuertemente protegida por efectivos policiales. Allí había convocada una cacerolada contra los desahucios y una comparecencia de portavoces de «Stop Desahucios» ante los medios de comunicación. Junto a una pancarta contra los desalojos y por el derecho a una vivienda digna, los concentrados gritaban con vigor consignas como «Basta ya, ni un desahucio más»; «Ahí está, la cueva de Alí-Babá» (en referencia a la sede del PP); «los delincuentes están ahí enfrente»; «será en esta sede el próximo desahucio», entre otros.
Poco antes de que empezaran a hablar los portavoces, la policía procedió a la identificación de dos personas que se acercaban a la zona, y a las que se podía distinguir por la zamarra de «Stop Desahucios». Concentrados y periodistas se aproximaron, entonces, para tomar fotografías que testimoniaran las identificaciones e increpar a los agentes. Luego se regresó otra vez a la zona de concentración, junto a la sede del Partido Popular.
Allí, una de las portavoces de la PAH en Valencia, Rosana Montalbán, explicó que es imprescindible acordar ya «la paralización de todos los desahucios; ¿Por qué no rescatamos a las personas, que son las verdaderamente golpeadas por la crisis, en lugar de al sistema financiero que la ha generado? No vamos a permitir que se desaloje a ningún ciudadano, deudor de buena fe, que no pueda afrontar su préstamo hipotecario», explicó Montalbán. Además, la portavoz recordó que existen seis millones de viviendas vacías en el estado español, que han de reconvertirse al alquiler social y con un tope, es decir, que en ningún caso se supere el 30% de la renta familiar. La tercera propuesta de la PAH es el derecho a la dación en pago, y con carácter retroactivo, para que cualquier persona pueda acogerse.
En el estado español se han registrado, con los gobiernos de Rajoy y Zapatero, cerca de 400.000 desahucios, lo que, a juicio de Montalbán, «vulnera claramente un derecho reconocido por la Constitución Española y por la Declaración de Derechos Humanos». En el País Valenciano, según los datos del Consejo General del Poder Judicial para el primer semestre de este año, se han producido 93 ejecuciones hipotecarias al día.
Otra de las portavoces de la plataforma, Yolanda Prats, se indignó por la calificación de «extrema necesidad», que la banca pretende introducir para acceder a la suspensión temporal de los desahucios. «¿Son casos de extrema necesidad el de la compañera Amaia, de Barakaldo, o el del compañero José Miguel, de Granada?» (ambos, víctimas de los desahucios, terminaron por suicidarse). Y, sobre el código de buenas prácticas bancarias en relación con las hipotecas, Prats ha recordado que sólo el 5% de la población afectada se acoge a estas medidas.
De «pura fachada» ha tildado, asimismo, Yolanda Prats las negociaciones entre PP y PSOE para resolver la cuestión: «Son la causa del problema; que dejen de venderse como salvavidas ; la realidad es que nos están echando un pulso, que vamos a ganar; al final conseguiremos cambiar la Ley Hipotecaria». Por último, la miembro de «Stop Desahucios» ha recordado que desde hace dos años se han conseguido parar 500 desalojos, y que pronto llegará al Congreso una iniciativa legislativa popular con cientos de miles de firmas, pidiendo un cambio en las leyes que condenan a la población con menos recursos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.