Aplausos y alegría el 2 de agosto por la victoria, junto al edificio de la calle Manuel Arnau número 9, en la barriada de la Creu Coberta de Valencia. Un integrante del sindicato de barrio Construyendo Malilla anunciaba ante los medios informativos que la presión vecinal había logrado paralizar de nuevo el macrodesalojo de 50 personas, en situación vulnerable, que residen en la edificación. Consiguieron el aplazamiento durante 10 días.
“Hemos ganado tiempo, pero no se trata de una solución definitiva; el Ayuntamiento de Valencia, vía Servicios Sociales, ofrece ayudas a las familias para que encuentren un alquiler; pero el problema no es tanto de dinero, sino de que no tienen acceso a un contrato de arrendamiento; exigimos a las instituciones, por tanto, alternativas de vivienda concretas, ya que solo con dinero esta gente se queda en la calle”, explicaba el portavoz, rodeado de micrófonos. Más aplausos. Gritos de “¡Dignitat, força sindicat!”.
Una segunda victoria llegó el 3 de agosto, también como consecuencia de la movilización vecinal. La concejal de Vivienda y Servicios Sociales, Isabel Lozano, de la coalición Compromís, anunció que las familias que habitan en las viviendas de la calle Manuel Arnau números 9 y 11 contarán –ante los desalojos por ruina inminente de los inmuebles- con “alternativas habitacionalesde aquí al 12 de agosto; daremos diferentes opciones, más o menos temporales, para dar una alternativa habitacional a los diferentes casos”, afirmó. La edil detalló que en los edificios viven 23 personas que se corresponden con nueve núcleos familiares.
La última convocatoria a la resistencia, frente a la amenaza de expulsión, se había producido un día antes, el 2 de agosto, a las 7,00 horas. De la ventanas y puertas de las viviendas colgaban pancartas con lemas como Cap veïna fora del barri; Las familias se organizan, los hogares se defienden; o Alquiler social ¡Ya! Un portavoz de Construyendo Malilla complementa la intervención de su compañero: “Aquí hay un conflicto entre la vida y los intereses de los más ricos. Nosotros tenemos muy claro de qué lado estamos. Vamos a dar el callo hasta que podamos”; la despedida se produjo entre consignas de “¡Que viva la lucha de la clase obrera!”
La primera jornada de lucha, convocada de manera urgente, tuvo lugar el 28 de julio; y la segunda, el día 29. En una rueda de prensa frente a la fachada de los bloques, Tania, vecina de la calle Manuel Arnau “de toda la vida” (aquí ya vivían sus abuelos) cuenta los antecedentes. La mañana del 26 de julio la policía y los Servicios Sociales del Ayuntamiento notificaban a los vecinos que disponían de 72 horas para abandonar las casas. Las autoridades alegaban el deterioro de los inmuebles y el riesgo de derrumbe.
“Como se comprenderá, en ese plazo no tenemos tiempo para sacar nuestras cosas; somos muchas familias, con niños, y no tenemos dónde ir”, explicaba Tania el 30 de julio. “Me han ofrecido 400 euros para que en tres días me vaya de aquí, con ese dinero no se puede hacer nada; no es una solución, lo interpreto como un chantaje”, añadía junto a un cartel que reivindicaba la alternativa habitacional.
En las redes sociales, Construyendo Malilla compartió el testimonio de uno de los vecinos: “Todas las familias necesitamos un techo, ahora todavía lo tienen; nos quieren echar a la calle, cuando tenemos familia y de todo… pero no dónde ir; somos de San Marcelino y estamos desde hace 11 años, otros 14. ¿Entonces qué hacemos? Aquí llevamos a los niños al colegio y aquí lo tenemos todo preparado…”. Otro vecino afectado protestaba por el modo de la expulsión y se preguntaba: “¿Cómo tiran a una persona en tres días sin darle una oportunidad, al menos un mes?”
Entre los afectados figuran niños pequeños, personas mayores, otras con enfermedades crónicas, que se desplazan con muletas o silla de ruedas, familias con cuatro hijos, subrayó en la rueda de prensa del 30 de julio el portavoz del sindicato; “no se ha iniciado un procedimiento judicial, estas personas no han podido defenderse ni recurrir contra los desalojos, tampoco se les ha ofrecido una alternativa habitacional ni ha existido un estudio de los casos. Es una práctica ‘irregular’”, añadía; “en el sindicato trabajamos por el derecho a la vivienda y nunca nos encontramos con circunstancias así, ni en los años que llevamos colaborando con la PAH, la red EntreBarris o el sindicato del Cabanyal”.
Además apuntó a la relación entre los objetivos de desahucio, tapiado y derribo de los inmuebles en Manuel Arnau con la iniciativa del Parque Central, que el Ayuntamiento de Valencia define –en su página Web- como el proyecto de mayor impacto urbanístico de la ciudad (incluye el soterramiento de las vías férreas, un nuevo parque de 230.000 metros cuadrados y la “integración de barrios separados por el ferrocarril”; sin embargo asociaciones vecinales –como Parque Central Sin Especulación- lo han calificado de pelotazo, “estafa” urbanística y critican la construcción de 5.000 viviendas).
En una información de octubre de 2012, titulada “El PAI del Parque Central prevé el derribo de 81 edificios ruinosos”, el periódico Levante-EMV destacaba viviendas de la calle Manuel Arnau entre las “más degradadas” del sector (el diario hacía referencia a fuentes municipales).
El activista de Construyendo Malilla llamó la atención, asimismo, sobre el hecho de que cuatro viviendas, de 61 metros cuadrados, un bajo comercial de 79 metros cuadrados y una industria, de 270, todos ellos ubicados en el edificio de dos plantas –construido en 1930- de la calle Manuel Arnau número 9 figuraran en el portal inmobiliario Idealista.com. A los anuncios se adjuntaban fotografías, las referencias catastrales y el precio medio de venta de uno de los pisos (el anunciante dio de baja la oferta el 23 de julio).
Otro argumento frente a las expulsiones y los derribos es el valor patrimonial de los edificios. El sindicato destaca los elementos neomudéjares de la fachada del inmueble afectado, además de las muestras de modernismo popular presentes en la zona. También es un ejemplo del contexto urbanístico en que la ciudad se expandió durante la Revolución Industrial, a lo largo de las vías ferroviarias y grandes arterias como la calle San Vicente; y una muestra de la trama urbana, fábricas, naves y viviendas de la clase obrera que crecieron con la industrialización.
“Si las demoliciones se promovieran en barrios como el del Cabanyal nos llevaríamos las manos a la cabeza, pero tampoco en la periferia sur de la ciudad se respeta el patrimonio; se trata de procesos de gentrificación en los que antiguas zonas con fábricas y casas de obreros se sustituyen por grandes enclaves urbanísticos y centros comerciales; ya ha ocurrido en los barrios de Malilla, con la destrucción de zonas de huerta y alquerías, o en Orriols”, declaraba el activista en la rueda de prensa.
Entrevistado el 28 de julio en el programa Lliure Directe de Radio Klara, Jesús, miembro de Construyendo Malilla, valoró que los vecinos se hubieran volcado en las acciones de resistencia; y, en sentido contrario, que un ayuntamiento que se considera progresista –gobernado por Compromís y el PSPV-PSOE- colaborara y aceptara “este tipo de prácticas por parte de las empresas. Se ha jugado una carta muy rastrera. Es muy importante que construyamos nosotros los barrios que queremos, y que no sean constructoras y bancos los que diseñen nuestras ciudades y estilo de vida”.
El activista subrayó, además, el precedente del modo de actuar en otros barrios obreros de la ciudad: “Primero dicen que se realiza el tapiado para iniciar la demolición, pero después rodean con tapias y se quedan a la espera de que les interese construir. Aquí hay gente que lleva viviendo 15 años y esto no es nuevo para ellos: siempre ha estado el runrún del Parque Central, la especulación el soterramiento de las vías y los pisos turísticos”. Sin embargo, “este es un caso diferente, ya que en el edificio viven familias”, concluyó el integrante de Construyendo Malilla.