¿La muerte no es el final?

Esta vez no voy a hablar del Concordato de 1979 (Acuerdos con la Santa Sede) por el que se conceden todo tipo de exorbitantes privilegios económicos, jurídicos y educativos a la Iglesia católica (Ic, en adelante); ni de que su moral siga vigilándonos desde el Código Civil (delito de blasfemia) o imponiéndosenos en todas las leyes de la democracia, como en el actual intento de eliminar, con la eficiente colaboración del PP, la actual regulación de la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio entre personas con diferentes opciones sexuales.

Tampoco voy a hablar de los miles de catequistas impuestos en la enseñanza pública y pagados con el dinero de tod@s l@s ciudadan@s, ni de que las parroquias católicas se mantengan abiertas gracias a los Presupuestos del Estado, ni de que la Ic esté exenta «perpetuamente» de todo impuesto directo e indirecto, ni de que el adoctrinamiento católico esté presente obligatoriamente en la escuela pública como «asignatura»; tampoco de que se beneficie anualmente la Ic de un flujo monetario de más de 11.000 millones de euros (más del 1% del PIB de España).

No, hoy quiero hablar de algo más «prosaico»: el intento de hace cantar una canción religiosa, La muerte no es el final, en la jura de la XXV Promoción de inspectores de policía. Una canción que habla de Tu palabra, de la Fe, de Cuando, Señor, resucitaste, o Tú nos hiciste, ¿Qué pinta en un acto conmemorativo de cuerpos de un Estado aconfesional? Todo ello, algunas días después de que se impusiera la medalla de oro al mérito policial (¡!) a la Virgen del Amor. El fervor religioso del ministro del Interior goza de manga ancha en el gobierno del PP. Pero no es el único: varios miembros del Gobierno se han encomendado a vírgenes y santos para que protejan nuestra maltrecha economía.

Esta canción cristiana compuesta por un cura vasco, sedujo a un teniente general del ejército en 1981, y se utilizó por primera vez en el VI Festival de las FFAA, en Pamplona, en junio de 1983. Todo ello recién estrenada nuestra Constitución «aconfesional». También sedujo al ministro socialista de Defensa Narcís Serra, que decidió incorporarlo posteriormente a las ceremonias oficiales de homenaje a los caídos.

Los policías están preocupados porque ya en el verano de 2012 se intentó que entonaran «Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino…» en la jura de los 1.945 agentes que salían de la Academia, aunque tras las protestas de éstos, se desechó la idea. Ahora, en febrero de 2014, Fernández Díaz ha vuelto a la carga, dando instrucciones para sustituir la Marcha fúnebre de Chopin (tercer movimiento de la Sonata para piano nº 2), ausente de connotaciones religiosas, por la canción cristiana citada, «…si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor…», mucho más acorde con sus creencias. La instrucción ministerial ordena que se memorice o, en su defecto «muevan los labios»

El Sindicato Unitario de Policía (SUP) está preocupado, y con razón, por lo que puede tener de homologación con la tan temida (y siempre rechazada) militarización «encubierta» del Cuerpo. Sugiere, por el contrario, que como «cuerpo civil y laico» pueden librarse de esos ritos con connotaciones religiosas, circunstancia que como cuerpo militar no se daría (¿lo militar no debe ser laico?).

El ejército, como la policía, son instituciones del Estado, y por tanto representan a tod@s l@s ciudadan@s (aunque muy a menudo no lo parezca), sin distinción de creencias o convicciones. Por tanto, cuando se utilizan signos (o se realizan actividades) confesionales, y una canción con evidente contenido confesional lo es, se convierten en patrimonio de unas particulares creencias (católicas) y quedan deslegitimados como instituciones públicas, representativas de tod@s l@s ciudadan@s.

La Iglesia católica, por más que se empeñe, es una organización de ámbito privado, y así lo reconoció el Tribunal Constitucional cuando sentenció que no cabía confusión entre los fines públicos y los religiosos (privados). Y en consecuencia, no debería ser merecedora de ninguna consideración pública (entiéndase, oficial). ¿Resulta tan difícil de entender que estos privilegios simbólicos son una fábrica de discriminación (y una imposición) hacia todas las personas que no comparten estas creencias, sean de naturaleza religiosa o no?

Estos representantes públicos, que pretenden que nos representan (¿?) a tod@s l@s ciudadan@s, siguen sembrando la idea de que la razón civil no es suficiente para el funcionamiento del Estado y sus instituciones y, por lo tanto, debe ser «complementada» con la moral religiosa (católica). Esta actitud, por acción u omisión, causa un daño irreparable a las instituciones democráticas, porque sitúa a la jerarquía católica, sus creencias y su moral en el centro de la escena y de la acción política. El falso mensaje que envían es: la religión es el «cemento» del Estado; sin ella, la convivencia es imposible. ¿Lo seguiremos permitiendo?

Ante el espectáculo de ese reforzamiento, y renovación, permanente de la alianza entre el poder político y la religión católica, dando lugar a una Religión Nacional de hecho, l@s laicistas sólo pretendemos un marco en el que sea posible la convivencia en el pluralismo y la libertad entre iguales, con instituciones políticas neutrales respecto a cualesquiera creencias o convicciones, sin privilegios de ninguna clase. ¿Quién puede sentirse amenazado por ello?

No sólo treinta y cinco años de Constitución no han podido liberar al ejército, a la policía, a la judicatura, a los hospitales, a las escuelas, a los ayuntamientos, al Estado, en fin, de la pesada losa clerical, sino que la pervivencia del Concordato de 1979 (Acuerdos con la Santa Sede) nos lleva en sentido contrario. Así pues, la disyuntiva no es religión sí, religión no, sino instituciones públicas laicas (no patrimonializadas por ninguna religión), o instituciones confesionales. ¿Es esto laicismo agresivo?