La comarca valenciana del Camp de Morvedre ha sufrido en sus carnes los procesos de «reconversión» industrial durante las últimas décadas. Después del cierre de los Altos Hornos del Mediterráneo (Sagunto) en 1984, donde trabajaban cerca de 4.000 personas, en ocho años se han perdido en el sector industrial, según Comisiones Obreras-Camp de Morvedre, en […]
La comarca valenciana del Camp de Morvedre ha sufrido en sus carnes los procesos de «reconversión» industrial durante las últimas décadas. Después del cierre de los Altos Hornos del Mediterráneo (Sagunto) en 1984, donde trabajaban cerca de 4.000 personas, en ocho años se han perdido en el sector industrial, según Comisiones Obreras-Camp de Morvedre, en torno a 3.000 empleos directos e indirectos en la comarca. Empresas como Prosidmed, TK Galmed o Bosal son un síntoma de esta tendencia. Los trabajadores de Bosal-España, cuya planta dedicada a la fabricación de tubos de escape se emplaza en Puerto de Sagunto, han visto como la multinacional belga del mismo nombre ha echado el cierre y dejado en la calle a 222 trabajadores, que se manifestaron ayer por las calles de Valencia hasta llegar a la Conselleria de Economia y Sectores Productivos.
El 23 de diciembre de 2014 Bosal-España solicitó al Juzgado de lo Mercantil número tres de Valencia la declaración de concurso de acreedores, y pidió asimismo la extinción de los contratos de trabajo de toda la plantilla. Desde hace cuatro años, informa el comité de empresa, la multinacional ha estado aprobando Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) «temporales» que costea el Servicio Público de Empleo (dinero público), que los sindicatos califican de «fraudulentos», ya que la finalidad de esta fórmula es ajustar la plantilla a las condiciones de la producción. Sin embargo, la intención última de la empresa es otra: cerrar la empresa y despedir a los dos centenares de empleados.
Bosal se estableció en el estado español en 1986. Las actuales instalaciones de 22.300 metros cuadrados en Sagunto se finalizaron tres años después; en 1991 se creó Bosal-Zaragoza con el fin de suministrar tubos de escape a Opel; desde 1997 la empresa centraliza la distribución nacional de recambios en su planta de Leganés-Madrid. Uno de los argumentos principales del Comité de Empresa apunta a las ayudas que ha recibido la transnacional, de las que se ha beneficiado hasta que ha considerado el momento clausurar la planta. Las ayudas empezaron por la cesión muy barata de terrenos; también, por la subvención para que se contratara a trabajadores provenientes de los Altos Hornos del Mediterráneo. En los últimos años las ayudas estatales se cifran en aproximadamente dos millones de euros.
El responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Camp de Morvedre, José Manuel Caro, destaca que la multinacional belga ha desviado una parte de la producción de Sagunto por ejemplo a la República Checa y, sobre todo, a Zaragoza. «En el primer caso, añade, se busca una mano de obra más barata y una fiscalidad favorable» (la «deslocalización» industrial prefiere actualmente los países del este de Europa a destinos anteriores, como Túnez). También en la planta valenciana se han diseñado prototipos que después se han fabricado en otras plantas. Al final, resume el comité de empresa en un comunicado, «nos han dejado sin carga de trabajo (que se han llevado a otros países) y sin activos, con el fin de llegar a la suspensión de pagos». Pocas voces disienten a la hora de resumir el proceso: una transnacional que se beneficia de las ayudas públicas y obtiene beneficios durante tres décadas, hasta que decide «deslocalizar» la producción en busca de costes menores.
El Informe del Administrador Concursal designado por el juez ofrece información en detalle del modo de operar de la empresa. La clave reside en si la multinacional puede justificar la suspensión de pagos (por razones estrictamente económicas) o si, por el contrario, la matriz belga ha desarrollado una deliberada estrategia de descapitalización (incluida la venta de maquinaria, utillaje y elementos de transporte) para justificar el cierre y la extinción de los contratos. Mecanismos similares, denuncia el Comité de Empresa, se han producido en Bosal-Reino Unido y Bosal-Francia, que desviaron parte de su producción a Hungría. Mientras, los 222 trabajadores de la factoría valenciana están a la espera de la resolución judicial y han anunciado, además, que a finales de julio-principios de agosto presentarán una querella contra la empresa en los juzgados de Sagunto.
El hecho de que Bosal-España se inserte en un gran grupo transnacional abre la puerta a todo tipo de «maniobras» contables, desinversiones y trasvases de activos entre las diferentes empresas del grupo; la segregación de un almacén para la comercialización de recambios en Madrid (septiembre de 2013), que antes estaba adscrito a la factoría de Sagunto, fue otro elemento que evidenciaba los propósitos de la multinacional. El informe del administrador concursal introduce razonamientos como el siguiente: «la existencia de una dirección unitaria del conjunto de empresas, poniendo en serias dudas el comportamiento autónomo del concursado, nos debe levar a analizar la situación de Bosal-España no sólo individualmente, sino en el marco del grupo del que forma parte, con fuertes interrelaciones y vinculaciones, no únicamente desde la perspectiva mercantil y fiscal, sino incluso laboral». Los trabajadores de la filial valenciana han pedido que la multinacional presente las cuentas del último trienio en todas las plantas del grupo.
Otro punto de interés es el conocimiento de quién está detrás de Bosal-España. La empresa pertenece a Bosal Nederland, a su vez controlada por Emerian Corporation (domiciliada en las Antillas Holandesas), que está en manos de Jenda Holding, Ag (domiciliada en Liechtenstein); el recorrido accionarial lleva finalmente a Karel Bos 1928 and Cornelia Bos-Grootes Family Trust. El análisis realizado por Comisiones Obreras recuerda que la fiscalidad del trust en Liechtenstein es casi nula (el tipo fiscal que se paga por cada activo es del 0,5% y tampoco han de presentarse cuentas cada año).
En diciembre de 2001, según el Informe del Administrador Concursal, Bosal-España vendió a Orphic Inmuebles la nave industrial de la empresa por 4.199.158 euros. Agrega la información aportada al juez que la sociedad Orphic Inmuebles, que Bosal no incluye dentro de su grupo, facturó 494.766 euros por arrendamientos a Bosal-España en el año 2013. Se da la circunstancia que el apoderado de la inmobiliaria era director de Bosal Industrial Zaragoza y simultaneó su cargo con la dirección de Bosal-España.
Por debajo de estos entramados hay una plantilla que al menos en su mitad tiene entre 50 y 60 años. Después de 25 años en la empresa (antigüedad que comparte con muchos de sus compañeros), Sergio Pascual teme quedarse «en la calle y sin un duro». La recepción en enero de las cartas que anunciaban los despidos, espoleó las movilizaciones. El día 16 de ese mes una marcha de los trabajadores de Bosal recorrió las comarcas; en mayo convergieron en Madrid con los afectados por los despidos de Coca-Cola, Panrico y los precarios de Telefónica-Movistar. A primeros de año llevaron los currículos a la factoría de Bosal en Zaragoza, para «irónicamente» pedir trabajo; los empleados de Sagunto también informaron de la situación en las embajadas de Bélgica y Holanda. A ello se suman concentraciones en la puerta de la empresa, manifestaciones (en Valencia o Puerto de Sagunto) y varios meses de acampada frente a la planta de Bosal. Asimismo han recabado el apoyo de instituciones, partidos políticos y sindicatos.
Jesús Sánchez explica que entró a trabajar en 1976 -como aprendiz, con 16 años- en una empresa que terminó en manos de Bosal. Recuerda que la carta de despido le llegó «el día de reyes, y al día siguiente nos encontramos con la puerta de la fábrica cerrada, a pesar que somos una empresa que ha hecho rica a Bosal». Con 55 años de edad, le resta un año y medio de prestación de desempleo. «¿Dónde vas con los estudios primarios con todo lo que hoy te piden para trabajar? Jesús Sánchez ha laborado como conductor de máquinas y en los dos últimos años en la sección de colas. «Pedimos la reapertura de la empresa; y si no es posible, que nos paguen los despidos con arreglo a la antigüedad y la categoría; pero teniendo en cuenta que se trata de un cierre intencionado, que no obedece a causas económicas», explica. «El estado debería poner bajo control a estas multinacionales».
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