La necesidad de derogar la Ley de Amnistía

Al igual que otras leyes de alto calado social, la Ley de la Memoria Histórica de 2007, que forma parte del catálogo de las pocas cosas buenas (aunque como siempre, insuficiente) del Gobierno de Zapatero, ha sido una de las grandes olvidadas en esta legislatura de Rajoy que acaba de finalizar. Pero esta vez no vamos a referirnos a ella directamente, sino a otro de los grandes pilares donde se basó la Transición, y que tiene mucho que ver con ella, como es la Ley de Amnistía de 1977. En efecto, esta ley supuso en su momento una especie de «punto final» pactado y acordado entre los poderes fácticos procedentes de las estructuras de poder del franquismo, y las nuevas fuerzas políticas que intentaban construir un nuevo contexto democrático. Pero como sabemos, dicho período transicional, lejos de ser «modélico», como nos lo suelen pintar, tuvo bastantes tintes relativos a la conservación de la correlación de fuerzas provenientes del régimen anterior, es decir, de la dictadura recién acabada.

Y así, la Ley de Amnistía de 1977 intentaba cerrar una época, hacer borrón y cuenta nueva de un período histórico negro de nuestra historia reciente, pero sin garantizar la auténtica justicia a las víctimas de dicho período, esto es, sin garantizar una auténtica investigación (de los crímenes), anulación (de los tribunales y de las sentencias franquistas) y reparación (para los familiares aún vivos), y por tanto, sin garantizar la debida dignidad arrebatada por el período franquista. El famoso «consenso» político y social de la Transición impuso la ley del olvido, y a partir de ahí, los dirigentes políticos herederos de la época franquista argumentan la peligrosidad de «reabrir las heridas», para legitimar aquélla infame Ley de Amnistía, y poner broche final a aquélla época histórica. Pero en cualquier sociedad auténticamente democrática que se precie, las cosas no pueden quedarse así. De hecho, en todos los países donde han existido épocas dictatoriales, se ha procedido después, en las posteriores etapas democráticas, a la implementación de procesos de reparación, justicia y dignidad para las víctimas y sus familiares. Pero aquí no. La Ley de Amnistía dejó sin juzgar los crímenes políticos cometidos durante el franquismo, sin anular sus juicios sumarios, y sin reparar convenientemente a los familiares de los cientos de miles de muertos, torturados y desaparecidos de aquélla oscura etapa.

En palabras del genial humorista gráfico Kalvellido: «Hemos vivido 40 años de dictadura, y ahora estamos viviendo otros 40 de propina«. Y ello porque el actual régimen, heredero de aquél, donde el dictador se aseguró de dejarlo todo «atado y bien atado», y bajo un aparente funcionamiento democrático, continúa sirviendo a los mismos poderes fácticos de la anterior etapa franquista, continúa ofreciéndonos la misma correlación de fuerzas políticas, sociales y mediáticas, y persiste el servilismo del Estado a los mismos intereses del grupo de la población más rico y poderoso, en detrimento de la inmensa mayoría social. Pero volviendo a la perversa Ley de Amnistía, se prescribía en ella que todos los crímenes cometidos entre 1936 y 1977 quedaban amnistiados, y los presos políticos quedaban en libertad, lo que ponía en evidencia el triunfo del franquismo, evitando que su régimen y sus gobernantes fuesen juzgados por crímenes contra la humanidad. Y por supuesto, desde entonces al único terrorismo al que se le ha prestado atención es al de ETA, ya hoy día extinguido, cerrando y olvidando todo el terrorismo de Estado desplegado durante la etapa franquista, e incluso teniendo que contemplar cómo los asesinos y torturadores franquistas, algunos de ellos todavía vivos, se pasean con toda tranquilidad por nuestras calles.

Es preciso derogar imperiosamente aquélla Ley, para poder intervenir anulando los miles de Consejos de Guerra que se desarrollaron durante el franquismo, para poder asesinar impunemente a ciudadanos que sólo habían cometido el crimen de pensar de otra forma al régimen opresor, déspota y fascista de Franco. No existió una ruptura popular y democrática contra el régimen franquista, sino sólo una ruptura pactada con las fuerzas políticas de la época, donde incluso las situadas más a la izquierda aceptaron las grandes líneas que la Transición imponía, tales como la Monarquía, la unidad de España garantizada por el Ejército, el poder de la Iglesia Católica, la continuidad de las jerarquías policiales y judiciales, o la adhesión al modelo económico capitalista, entre otras cosas. La Ley de Amnistía condenaba al olvido a tantos miles de represaliados por el régimen franquista, y dejaba en las cunetas a tantas víctimas de sus horrores. Miles de republicanos fusilados, torturados, encarcelados o exiliados quedaban olvidados por el nuevo régimen constitucionalista instaurado un año después, en 1978, con la complicidad de un PSOE y de un PCE de la época, que abrazaron sin dudas el nuevo régimen monárquico surgido de aquélla injusta Transición.

Y hoy día, la dichosa Ley de Amnistía continúa usándose como argumento y excusa para no juzgar los crímenes franquistas, a sus responsables y ejecutores vivos, y para no resarcir a las víctimas de aquéllos abominables crímenes. Pero no sólo eso, sino que el absoluto desprecio que las clases dominantes y los partidos que las representan (sobre todo PP, pero también C’s) dedican a la Ley de la Memoria Histórica es indignante. Hace pocos días, durante la celebración de unas Jornadas Informativas organizadas por el Diario El Mundo, con entrevista incluida a Mariano Rajoy, éste se jactaba delante del entrevistador y de una nutrida audiencia de haber dedicado, en esta legislatura que acaba, «cero euros» a la financiación de dicha Ley, a pesar de haber recibido hasta la fecha varios avisos de los Relatores de la ONU sobre esta cuestión. No se depuraron los funcionarios ni los mandos franquistas de la época (algunos de cuyos sucesores llegan hasta nuestros días), ni la concepción del Estado, ni su conjunto de leyes básicas e Instituciones, como mucho algunas de ellas mudaron en alguna suerte de evolución, como fue el caso de la Audiencia Nacional.

En vez de eso, muchos mandos policiales de la noche oscura del franquismo, lejos de ser destituidos, fueron promocionados, y muchos jueces, fiscales, Secretarios de Estado, y altos cargos, muchos de ellos firmantes de sentencias que condujeron a la pena de muerte a indefensos ciudadanos, fueron tratados con alfombra roja desde la Transición, y hoy día incluso se sientan en los Consejos de Administración de muchas grandes empresas. El régimen premia a sus artífices, que ahora resulta que son «demócratas de toda la vida», y la vergonzante Ley de Amnistía les ampara y protege, mientras que a otros ciudadanos, por delitos irrisorios, el régimen los trata con la punta del pie. Hace falta, por tanto, romper esa barrera que no permite que el conjunto de la ciudadanía, mediante mecanismos democráticos, se reconozca en su propia historia, la valore y la conozca, y pueda impartir la justicia y la reparación debidas, distinguiendo a los culpables, y restituyendo la dignidad a las víctimas. La Ley de Amnistía ha de ser derogada, para que no pueda actuar como blindaje de los perversos actos que ocurrieron en nuestro pasado reciente, y para que sus oscuros personajes no puedan vivir sin el debido reproche penal de la sociedad. En caso contrario, continuaremos viviendo en un país que no se autorreconoce en su Memoria.

Pero desgraciadamente, vivimos aún rodeados de gran parte del imaginario colectivo vigente en aquélla época, porque aún en nuestros días, monumentos, nombres de calles, plazas, placas, dedicatorias y reconocimientos de la época franquista están presentes en nuestra geografía cercana, porque todavía existen grupos políticos a los que les molesta que dicha simbología sea retirada. Son los mismos que pretenden que siga vigente la Ley de Amnistía, para que nuestro pueblo no rinda cuentas con su Historia, para que «la Memoria no mude en Historia» (en expresión de San Román Sevillano). La referida Ley de Memoria Histórica ya contempla la retirada de dicha simbología franquista, pero como hemos indicado, nuestros gobernantes están a otras cosas, siguen evadiendo nuestra necesidad de reconocer la Memoria, de mirarla de frente, de encararla, de enjuiciarla, de restituir todos sus daños, y de tomar conciencia de que nunca más puede ocurrir algo semejante. Creemos que el verdadero enfrentamiento de los pueblos con su Memoria histórica y colectiva, constituye la mejor garantía para que los fantasmas del pasado no vuelvan a aparecer.

La memoria colectiva de un pueblo es algo sagrado, que hay que respetar, pues configura la suma de las memorias vitales de todos sus miembros. Y nuestros muertos y desaparecidos pertenecen a este marco social de nuestra memoria colectiva. No podemos dejar que macabras e injustas herramientas como la Ley de Amnistía nos robe esa memoria, nos deje de nuevo en la cuneta. Sólo su derogación nos permitirá acabar con la impunidad de los crímenes franquistas, acabar con la impunidad de todo un régimen fascista, uno de los más crueles de la Historia, y poder alcanzar la justicia y la reparación debidas. Mientras tanto, la herida sangrante de nuestro oscuro pasado reciente seguirá abierta, y sangrando. Desde la impunidad no puede existir la verdadera democracia, luchemos por la democracia, acabemos con la impunidad. Deroguemos la Ley de Amnistía de 1977. Dejemos el campo libre a la dignidad, a la justicia, a la verdad y a la dignidad. Pasemos realmente página de la Historia.

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