En el pasado más reciente de nuestra historia, muchos jóvenes fueron a prisión a causa de su objeción de conciencia al uso de armas. La Constitución Española reconoció este derecho, a cambio, se penalizó a los objetores con la realización de un «prestación sustitutoria» y, además, los objetores no podrían pertenecer a las fuerzas armadas […]
En el pasado más reciente de nuestra historia, muchos jóvenes fueron a prisión a causa de su objeción de conciencia al uso de armas. La Constitución Española reconoció este derecho, a cambio, se penalizó a los objetores con la realización de un «prestación sustitutoria» y, además, los objetores no podrían pertenecer a las fuerzas armadas (Ejercito, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local).
Los conservadores, como hacen siempre, retomaron este derecho, usando lo beneficioso (no realizar una tarea contra su moral) pero obviando lo perjudicial. Así los médicos fundamentalistas católicos, cuando se despenalizó en parte la interrupción voluntario del embarazo, alegaron objeción de conciencia para no realizar esta intervención, sin embargo y a diferencia con los auténticos objetores, siguen en su puesto, cobrando el sueldo íntegro. Me parece muy bien que ginecólogos tengan este problema moral pero lo que deberían hacer es abandonar la sanidad pública para que otros médicos ocupen su puestos para ayudar a las mujeres que desean interrumpir su gestación.
Ahora, tras la legalización de los matrimonios homosexuales, siguiendo la consigna lanzada por una potencia extranjera, alcaldes del PP se han lanzado a la objeción de conciencia para no celebrar matrimonios homosexuales. Primero hay que hacer una aclaración, en ningún caso los alcaldes o concejales autorizan los matrimonios, sólo los celebran y cuando así lo piden los contrayentes, ya que la autorización corresponde al Juez encargado del Registro Civil, los que por otra parte pertenecen a un colectivo mayoritariamente conservador.
En el caso que una pareja pida la celebración del matrimonio por parte del Alcalde o un concejal y cuando el Ayuntamiento se niegue, los miembros de la corporación municipal que votaren esta resolución incurrirán, sin duda alguna, en un delito de prevaricación. Hay muchos antecedentes en supuestos similares: Muchos alcaldes vascos fueron juzgados y condenados por negarse a colaborar con el listado de mozos para el reclutamiento durante su mandato.
Por lo tanto no hay razón a la polémica, el alcalde, concejal o juez que no quiera celebrar un matrimonio gay que renuncie a su cargo y todos satisfechos.