Cada vez más sectores de la clase obrera son conscientes de que, ante esta crisis general del capitalismo y con el objetivo imposible de intentar detenerla, la burguesía y los políticos que la representan están dispuestos a liquidar cualquier vestigio de derechos laborales y del sistema de protección social. En sanidad empezaron como las termitas, […]
Cada vez más sectores de la clase obrera son conscientes de que, ante esta crisis general del capitalismo y con el objetivo imposible de intentar detenerla, la burguesía y los políticos que la representan están dispuestos a liquidar cualquier vestigio de derechos laborales y del sistema de protección social.
En sanidad empezaron como las termitas, privatizando poco a poco todo lo rentable (cocinas, lavanderías, laboratorios, alta tecnología..,etc) a costa de reducir personal, condiciones de trabajo y deteriorando la calidad. Ahora pisan el acelerador y, como en Cataluña, entran como un elefante en una cacharrería, arrasando.
La privatización del sistema sanitario[1] se acopla como un guante al deterioro de la sanidad pública. He aquí algunos de los procedimientos fundamentales.
El capital privado, que huye en desbandada de otros sectores productivos que han dejado de producir beneficios, se va refugiando progresivamente en el sector público. En un primer momento el objetivo fueron los monopolios públicos de sectores estratégicos que se vendieron a precio de saldo: Telefónica, Repsol, Enagás, Iberdrola, Argentaria, etc. El negocio es redondo: se producen mercancías de primera necesidad a una «clientela», por ello mismo, cautiva.
A continuación, y a media que la crisis se agrava, se va a por la gallina de los huevos de oro. Los servicios públicos en manos privadas aseguran no sólo la clientela, sino también la financiación. Hablando en propiedad, no se «dispara con la pólvora del rey» sino con el dinero del pueblo.
El negocio se hace, obviamente, reduciendo gastos, por dos procedimientos fundamentales. Uno de ellos es reducir costes (restringir plantillas, precarizar el trabajo, incentivar económicamente a los profesionales para que ahorren[2], etc). Al otro, lo llaman «seleccionar riesgos», véase, quedarse con los pacientes «rentables» (jóvenes, con una sola patología sencilla, a poder ser quirúrgica..) y quitarse de encima a personas mayores, enfermos crónicos y casos complejos. En definitiva, capitalismo en estado puro, aplicando a la sanidad su ley sagrada: obtención de beneficios por el medio que sea.
¿Qué es el copago?
Es la exigencia de abonar una determinada cantidad para acceder a un servicio sanitario. En realidad es un «repago» porque la sanidad pública la financiamos l@s trabajador@s a través de nuestros impuestos. Aquí ya existe el «repago» en: recetas médicas para los no pensionistas, dentista, oculista y el uso de la sanidad privada como consecuencia de inadmisibles listas de espera.
Los ejemplos de copago son múltiples. El más reciente es el de Italia: se pagan 10 euros por consulta general, 25 euros por visita a urgencias sin ingreso, 25 euros por consulta a especialista y un % por analíticas y radiología. También valoran aumentar el 40% que pagan los activos por receta y que los pensionistas paguen el 10%. Los estudios realizados[3] sobre sus consecuencias en países en los que se ha introducido son demoledores. Aunque la cantidad a pagar para la consulta de A. Primaria sea «pequeña» (2 euros) se produce una reducción de las consultas del 18% en el sector de población con menos ingresos e independientemente de la gravedad del padecimiento. La consulta se pospone y llega al médico cuando la enfermedad se ha agravado, incrementándose el coste de la asistencia, la sobrecarga de las urgencias y, sobre todo, el riesgo para la persona. Por ejemplo, en Portugal, donde se introdujo recientemente un copago también de 10 euros en A. Primaria, se están viendo en primera consulta, casos de cáncer con una extensión y una gravedad desconocidas hasta ahora. La detección precoz desaparece para los más pobres.
¿Cómo justifican la introducción de unas medidas tan brutales?
Como estamos viendo con la Reforma de la Constitución[4] la crisis es una gigantesca arma ideológica para aniquilar derechos laborales y sociales. Dejar el déficit público en un 0,4% supondrá reducir el gasto social público, anualmente, en 70.000 millones de euros. Pero lo más grave, sin duda, es lo que dice textualmente el nuevo artículo introducido: «El pago de la deuda y de los intereses de la deuda tendrán prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto». Es decir puede no haber dinero para sanidad, educación, para pagar el paro, para los transportes públicos..etc, pero antes que nada, pagaremos la deuda. Su deuda, la que ellos han contraído y pretenden que nosotr@s paguemos.
En caso del copago sus grandes argumentos -armas de manipulación masiva – son: el abuso de los servicios sanitarios y la «insostenibilidad económica» del sistema sanitario. En el primer caso, Vicente Navarro ha demostrado[5] claramente que si se descuentan las consultas por causas administrativas y las que podrían realizarse por otros profesionales, la frecuentación de consultas médicas está claramente por debajo de la media de la UE. También es inferior el uso de las urgencias y la tasa de hospitalización.
La «sostenibilidad» es una opción política en función de los intereses de clase que se defiendan. Desde el punto de vista de los ingresos, la política fiscal de todos los gobiernos desde la Transición ha sido reducir los impuestos al capital y aumentar los que paga la clase obrera.
Además del brutal incremento del IVA que pagamos todos por igual y que introduce una enorme regresividad fiscal los datos son los siguientes:
– Desde 1988 se vienen aprobando sucesivas reformas del Impuesto sobre la Renta cada vez más regresivas: pagan más lo que menos tienen. – Desde 2007 las rentas del capital y las del trabajo tributan a tipos diferentes, mucho más altos para las del trabajo.
– Desde 1991 se va reduciendo el Impuesto de Sociedades (sobre beneficios empresariales); la última reducción se hizo en 2008: del 35 al 30%. El escándalo más grande es el de las SICAV, utilizadas por las grandes fortunas, que tributan al 1%. El Impuesto sobre el Patrimonio se eliminó totalmente en 2008. El Impuesto sobre Sucesiones (sobre la herencia), incomprensiblemente transferido a las CC.AA, va disminuyendo progresivamente y ha sido eliminado totalmente en Cataluña, Madrid, País Valenciano y Canarias. A este marco legal absolutamente injusto hay que añadir un fraude fiscal gigantesco: una cuarta parte de la riqueza generada (PIB) anualmente no paga los impuestos que le corresponden, dejando de ingresar 90.000 millones de euros. Esta cantidad es muy superior a lo que separa nuestro gasto social público de la media de la UE (un 6% del PIB menos). Desde el punto de vista del gasto hay que sumar la cantidad de 180.000 millones de euros puestos en 2010 por el Gobierno a disposición de la gran banca y que equivale a tres veces el gasto sanitario total. Y el inútil y criminal gasto militar, con una deuda de 30.000 millones de euros por compra de armamento, destinado a asolar países como Afganistán o recientemente Libia. Y los 25 millones de euros que salen de las arcas públicas para gastos de la monarquía y los seis mil millones de euros para la financiación de la Iglesia Católica y de todas sus estructuras sociales y educativas, que no han recibido recorte alguno. Y el despilfarro y la corrupción en la construcción de infraestructuras…y el largo etcétera de unas clases dominantes y unos políticos que devoran los recursos públicos mientras se proponen recortar las prestaciones sociales.
En este contexto, definido además por unas necesidades crecientes derivadas del desempleo masivo y de todo su correlato de incremento de la enfermedad, de incapacidad de acceso a la vivienda para millones de personas y de desestructuración social, la reducción del gasto público, la privatización de la sanidad y la introducción de medidas como el copago es un crimen. Un crimen que sin embargo tiene una explicación sencilla: el capital no necesita el 30% de la mano de obra y considera un obstáculo para la realización de beneficios la satisfacción de sus necesidades sociales.
A las trabajadoras y a los trabajadores nos toca decidir si aceptamos que el capitalismo hunda nuestro futuro y el de las generaciones posteriores o buscamos una alternativa.
Lo decisivo no es qué partido gobierna, sino qué clase social tiene el poder. Sólo nuestra conciencia organizada, nuestra dignidad de trabajadoras y de pueblos, y nuestra capacidad insobornable de lucha (en tiempos de tanto soborno) podrá detener su maquinaria de barbarie y construir el único futuro posible: poner los recursos al servicio de las necesidades y devolver el poder al pueblo.
[1] Para un análisis de la privatización en Madrid, cuyos elementos se reproducen con distinta intensidad en todas las CC.AA. puede consultarse http://www.kaosenlared.net/noticia/privatizacion-sanidad-publica
[2] El análisis del soborno a las médicos en función del cumplimiento de objetivos de ahorro puede consultarse aquí: http://www.casmadrid.org/docStatic/nnhh.pdf
[3] Pueden consultarse en: «Inequalities in access to medical care by income in developed countries». Hedí van Doorslaer, Cristina Masseria, Xander Colman for de OECD Health Equito Research Group. Can. Med. Assoc. J. 2006 174 (29. pags 177 – 183.
[4] La Reforma de la Constitución se analiza con más detalle en http://www.redroja.net/node/18
[5] http://es.groups.yahoo.com/group/trabajosanidad/message/242
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