Las tres patas del autocrático Régimen de los construgobernantes canarios -CC, PP y PSOE- han puesto el grito en el cielo por las recientes expropiaciones de tierras abandonadas por latifundistas canarios en Venezuela. Los argumentos son parecidos pero el fin el mismo: la propiedad privada es sagrada y que no se pierda ni un sólo […]
Las tres patas del autocrático Régimen de los construgobernantes canarios -CC, PP y PSOE- han puesto el grito en el cielo por las recientes expropiaciones de tierras abandonadas por latifundistas canarios en Venezuela. Los argumentos son parecidos pero el fin el mismo: la propiedad privada es sagrada y que no se pierda ni un sólo voto canario-venezolano.
Si el reparto de tierras del que se beneficiaron más de cien mil familias venezolanas en los años 2003-2004 les pareció un acto vandálico, la lucha contra el latifundio y las fincas improductivas en la Venezuela Bolivariana los ha vuelto iracundos. El triunvirato reinante en Canarias considera que eso de «La tierra para quien la trabaja» es una consigna de íncubos ignorantes no resignados pues «Siempre ha habido ricos y pobres», máxima que tanto juego les ha dado a lo largo de la historia y que justifica su supremacía como clase.
Estos que braman contra la reforma agraria venezolana son los mismos que desde las islas apoyaron el golpe de Carmona Estanga, los que acogieron con ágapes y entrañables actos a siniestros representantes del puntofijismo asesino. Por aquí pasaron los Caldera, los Lusinchis, los Herrera Campins y, cómo no, Carlos Andrés Pérez, sin que nadie les recordara los miles de ciudadanos asesinados o desaparecidos durante la IV República, como han denunciado desde 1998 el Comité de Familiares de Desaparecidos y el diputado Tarek William Saab. Fue en esa falsa democracia, en ese periodo cruento de la historia venezolana donde, según el vicepresidente José Vicente Rangel, surgió la figura del «desaparecido», no en el Cono Sur ni en Centroamérica, sino precisamente en Venezuela -años 60 y 70- obedeciendo a una doctrina de seguridad nacional y a una práctica impuesta por la Escuela de las Américas, donde oficiales de la fuerzas armadas latinoamericanas eran entrenados para la represión, la tortura y la muerte.
Son los mismos que, incapaces de denunciar los asesinatos de más de ciento treinta activistas venezolanos a manos de los terratenientes o de sus sicarios, se solidarizan con los verdugos, con esta oligarquía criolla enriquecida con el sudor de los aparceros y lanceros venezolanos. Silenciaron el asesinato por pistoleros a sueldo del abogado y defensor de los derechos humanos, Joe Castillo; lo mismo hicieron con el atentado del que fue víctima Braulio Álvarez, diputado del Consejo Legislativo del estado Yaracuy y miembro del Directorio del INTI. Sin embargo, sí se han hecho eco de las noticias aparecidas en los diarios El Universal y El Mundo donde varios propietarios agrícolas canariovenezolanos, aliados históricos de la reacción y el golpismo, cuentan cómo han sido víctimas de la «chusma chavista», aunque autoridades del ministerio de agricultura venezolano dudan de la veracidad de estas denuncias. Fue en estas tierras de Yaracuy donde el Negro Miguel endosó la pri mera derrota a los españoles, el lugar donde Zamora también triunfará.
Desde los tiempos del dictador Juan Vicente Gómez, y posteriormente en los años 60 en que la reforma agraria de Rómulo Betancourt arrebatara la tierra a los que la trabajaban para repartirlas entre sus amigos de partido -Acción Democrática-, la concentración de la propiedad rural venezolana ha estado marcada por la ley del más fuerte: el más rico o el que contara con más pistoleros se podía hacer con fincas que en el estado de Monagas, por ejemplo, eran casi tan grandes como la isla de Tenerife. Recientemente se ha sabido que un ex presidente del Congreso de Colombia vinculado a los cárteles del narcotráfico posee 31 latifundios en Venezuela.
Algunos canarios han tenido una participación activa en la apropiación y acumulación de tierras; en el Valle de Quíbor (estado Lara), la propiedad estaba distribuida en pequeñas parcelas entre los agricultores hasta que en los años 50 y 60 los canarios se fueron haciendo con las tierras, beneficiados por una administración corrupta donde Copey y Adeco se turnaban para favorecer a sus respectivos grupos de amigos. Así surgieron los cuatro «Amos Canarios del Valle»: la familia Medina, Juan Hernández «El Millonario», Emilio García y, el más destacado, Alejo Hernández «El Tornillo» que pasó de prestamista en los 70 a ser el propietario del complejo agropecuario El Tunal con más de tres mil hectáreas.
La realidad es que La República Bolivariana de Venezuela tiene que reducir urgentemente los niveles la dependencia exterior en materia alimentaria, pues según datos del Ministerio de Agricultura y Tierras importa más del 70% de los alimentos que consume con la particularidad añadida de que más del 80% de las tierras cultivables se encuentran en manos de un escaso 5% de propietarios. Ha tenido que triunfar la Revolución bolivariana para que La Ley de Tierras y Desarrollo Rural, incluida dentro del polémico paquete de 49 leyes aprobadas por el gobierno bolivariano de Venezuela el 11 de noviembre de 2001, creara el Instituto Nacional de Tierras (INTI); entre otros cometidos, éste se encargaría de poner en marcha la Misión Zamora cuyo objetivo es reorganizar la tenencia y uso de las tierras ociosas de interés agrícola para erradicar el latifundio, cumpliendo así con el artículo 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: «El régimen latifundista es contr ario al interés social». El INTI no sólo redistribuye la propiedad sino que ha puesto en marcha todo un proceso de reactivación agrícola con tres objetivos irrenunciables: garantizar la seguridad e independencia alimentaria como premisa necesaria para la soberanía nacional, que no exista ningún campesino sin tierras y conseguir un desarrollo endógeno sostenible basado en el cooperativismo. En 2005 ya se van viendo los frutos de la reforma agraria y a los fundos Zamoranos creados sobre las 53,500 hectáreas del antiguo latifundio de la Cajara de Paraima en el estado de Cojedes, se le añaden más y más: el fundo Alejandro Humboldt , en Maturín estado de Monagas, el fundo Miraflores en el Zulia, Hacienda Sanz en el estado Miranda, etc.
Mientras Venezuela se preocupa por la independencia alimentaria, el Gobierno de Canarias patrocina una agricultura fuertemente subvencionada por la UE. Mientras en Venezuela triunfa la democracia participativa, en Canarias se veta la palabra a la ciudadanía en su Parlamento. Mientras en Venezuela se defiende el desarrollo endógeno sostenible, en Canarias nos atemorizan con inmensas macabroobras, mientras en Venezuela se hace comunal la tierra, aquí se intenta privatizar el agua… Y encima tenemos que soportar a estos fundamentalistas neoliberales con pose de demócratas de toda la vida.