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La ONU pide al Gobierno español más garantías para limitar el derecho a la participación política

Fuentes: Gara

El Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, ha hecho público un informe en el que pide al Gobierno español más garantías procesales a la hora de excluir a determinadas candidaturas de la participación en […]

El Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, ha hecho público un informe en el que pide al Gobierno español más garantías procesales a la hora de excluir a determinadas candidaturas de la participación en las elecciones, a la vez que expresa su preocupación por las denuncias de torturas realizadas en periodo de incomunicación.

Informe íntegro

Martin Scheinin ha recogido en un informe de 26 páginas la conclusiones de la visita que realizó del 7 al 14 de mayo al Estado español y a Euskal Herria a fin de evaluar si las medidas «antiterroristas» adoptadas por el Gobierno español afectan a los derechos humanos.

El Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo llega a la conclusión de que «ciertas definiciones jurídicas de los delitos de terrorismo no respetan plenamente el principio de legalidad, expresa su preocupacion por las «alegaciones de tortura y otros malos tratos» realizados por los detenidos en régimen de incomunicación», y recomienda una serie de actuaciones para que las medidas «antiterroristas sean plenamente compatibles con las normas internacionales de derechos humanos».

Entre las recomendaciones, además de las referidas a la definición y a las normas relativas a los delitos de «terrorismo», Scheinin aconseja al Gobierno español que la ilegalización de una organización se realice «en el marco de un respeto irreprochable de las condiciones requeridas para restringir la libertad de asociación y de expresión» y destaca que las medidas que pueda adoptar el Estado para limitar el derecho a la participación política «deben ser de carácter estrictamente excepcional y estar previstas en la ley».

Así, el Relator Especial propugna «mecanismos jurisdiccionales que ofrezcan las garantías procesales más rigurosas a los destinatarios de decisiones judiciales encaminadas a excluir de la participación en las elecciones a determinados candidatos por considerarles vinculados a partidos políticos ilegalizados por sus conexiones con una organización terrorista».

Audiencia Nacional, incomunicación, tortura

Scheinin considera que «ello reviste especial importancia cuando se trata de agrupaciones que se han creado con el único fin de presentarse a las elecciones y de cuyas actuaciones anteriores, en consecuencia, no se tiene prueba alguna».

Otra de las recomendaciones que hace el representante de la ONU se refiere a la Audiencia Nacional. PIde al Gobierno español que «considere la posibilidad de trasladar la competencia para los delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios, en lugar de reservarla a un solo tribunal central especializado, la Audiencia Nacional».

Igualmente, recomienda al Estado que reduzca el recurso a la prisión provisional en los casos asociados a la «noción de terrorismo», pide la «completa erradicación de la detención incomunicada, que se apliquen «sistemáticamente» medidas de prevención de la tortura y malos tratos, y que siempre que «haya motivos para creer que se han infligido malos tratos, se proceda a una investigación pronta, independiente, imparcial y completa y se lleve ante la justicia a los autores de esas infracciones».