El magistrado Baltasar Garzón pasa por ser un campeón de las reivindicaciones por la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos. Pero es algo más. Lejos del foco mediático, existe la otra cara del juez, retratada en el documental «Operación Garzón contra el independentisme català», que se presentó en Valencia el pasado 25 […]
El magistrado Baltasar Garzón pasa por ser un campeón de las reivindicaciones por la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos. Pero es algo más. Lejos del foco mediático, existe la otra cara del juez, retratada en el documental «Operación Garzón contra el independentisme català», que se presentó en Valencia el pasado 25 de septiembre dentro de las «Jornadas contra la tortura», organizadas por el Fòrum per la Memòria del País Valencià y la Sociedad Coral El Micalet.
Corría el año 1992, año de grandes fastos bajo el mandato del gobierno socialista de Felipe González. Barcelona estaba ya dispuesta a acoger los juegos olímpicos, al tiempo que se celebraba el V Centenario del descubrimiento de América y Sevilla albergaba la Exposición Universal. En este contexto, los aparatos del estado implementaron una operación contra la izquierda independentista catalana, con el fin de desmantelarla definitivamente y garantizar la «paz olímpica». El documental «Operación Garzón contra el independentisme català» relata estos hechos, con testimonios de los encausados (y también del juez Garzón), que en muchos casos denunciaron detenciones arbitrarias y torturas.
Llibertat.cat, espacio de debate y difusión de la memoria histórica nacido en 2006, ha impulsado el documental, producido por Zeba Produccions, con la colaboración de la Asociación Memòria contra la Tortura, Alerta Solidària y más de 200 personas y entidades que han contribuido mediante la fórmula del micromecenazgo. El documental ya se ha difundido por numerosos centros sociales y por algunas televisiones locales. De momento, «la televisión autonómica catalana lo tiene arrinconado», aseguran los promotores de la iniciativa.
Dos décadas después de los hechos, Llibertat.cat recuerda que un total de 38 independentistas «sufrieron una persecución indiscriminada, acusados de pertenecer a Terra Lliure , que se mantenía activa a pesar de la autodisolución de la IV Asamblea de la organización armada; el juez Garzón, ahora condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas telefónicas del caso Gürtel, aprobó la incomunicación de los detenidos en las dependencias de la Guardia Civil, un periodo durante el cual los independentistas fueron torturados; el juez, sin embargo, ignoró las torturas de las que fueron objeto los detenidos, aunque declararon delante del magistrado de la Audiencia Nacional, haber sufrido malos tratos», se explica en la presentación del documental.
Asimismo, se asegura que el juez, pese a conocer las denuncias y del estado de los detenidos, «se valió de las declaraciones extraídas bajo tortura por parte de la Guardia Civil para instruir un sumario en el que implicaba a decenas de personas». «Garzón vulneró así los derechos humanos», concluye Llibertat.cat. En 2004, doce años después de los sucesos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al estado español, y le obligó a indemnizar a las víctimas, por haberse negado a investigar las denuncias de malos tratos. Sin embargo, «el aparato político y jurídico del momento no se ha sentado nunca, de momento, en el banquillo de los acusados», subraya la citada fuente.
Los objetivos del documental, son múltiples, según sus promotores. Señalan, entre otros, mostrar la otra cara de las olimpiadas de 1992 y el movimiento de protesta a las mismas; denunciar el despliegue militar a lo largo del país; la actuación del juez Baltasar Garzón; el uso y la pervivencia de la tortura como sistema de destrucción de los detenidos; y dar voz a los independentistas que sufrieron la actuación del magistrado, y que nunca contarán con espacio en los medios oficiales.
En las «Jornadas contra la Tortura» participaron tres de los encausados en el proceso abierto hace dos décadas. Uno de ellos, Carles Benítez, recordó que aquella operación pretendía «cortar el independentismo de raíz; pero, gracias a la perseverancia, hoy florece el movimiento; hubo, sin duda, unos juegos olímpicos con una cara oculta, que mucha gente desconocía; pero al final todo el mundo se coloca en su sitio»; Benítez traza el símil entre la «operación Garzón» y los hechos narrados en la «Batalla de Argel», «cuando llegan los paracaidistas franceses y se produce la tortura sistemática». Recuerda, asimismo, que en el estado español continúa hoy vigente la legislación antiterrorista. «¿Cómo un estado que se dice democrático mantiene en vigor esta ley?», se pregunta.
Otro de los encausados, Josep Musté, subrayó que la historia del independentismo catalán es, asimismo, «la de la guerra sucia y la represión por parte del estado». «Pero el tiempo nos ha dado la razón», añade. Musté explica que en la década de los 70 y los 80 se hacía referencia a organizaciones como el PSAN, MDT o Terra Lliure, «pero hoy, más del 50% del principado está a favor de la independencia y en la reciente manifestación de Barcelona salieron a la calle más de dos millones de personas». «Vemos además cómo el pueblo trabajador catalán está pagando la crisis en forma de despilfarro de recursos económicos, medioambientales, recortes de todo tipo, paro, racismo y desahucios», agrega.
Por su parte, Toni Infante destacó que no se trata de apelar a la nostalgia. Pero cabe preguntarse, según Infante, «¿Dónde se encuentran los mentores de la razia del 92? Personajes como Garzón, Felipe González, Roldán o Corcuera». Además, «el estado español representa la quintaesencia del capitalismo más feroz; y contra este estado -que, desde su génesis, no entiende de negociaciones- no valen autonomismos, federalismos ni otros reformismos; la única solución es la independencia y, para ello, han de darse dos condiciones: la construcción de la unidad popular para luchar por el socialismo, oponerse al patriarcado y defender el medio ambiente; y el encuadramiento de la gente que está dispersa y que aún no tiene un referente político independentista».
El Fórum Per la Memòria, organización que impulsó las «Jornadas por la Tortura» en Valencia, procedió a la lectura de un manifiesto en el que se trasciende lo ocurrido en la «operación Garzón», y realiza una reflexión de fondo sobre la vigente democracia española: «Todos estos hechos hacen visible, dos décadas después, la impunidad de la que disfruta el aparato político, policial y judicial español; impunidad que también disfrutan las personas responsables, los colaboradores, empresas e instituciones implicadas en el genocidio franquista. El estado español es el único que, después de una dictadura militar de 40 años y con centenares de miles de víctimas, nunca ha procesado ni pedido responsabilidades a las personas implicadas».
Además, continúa el manifiesto, «la impunidad continúa visualizándose dentro de las comisarías, centros de detención, Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) y prisiones del estado español, donde se sigue practicando la tortura y el maltrato». De hecho, según el informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura de 2011, ese año se tuvo conocimiento de 280 situaciones (251 el año anterior) en las que se produjeron torturas y malos tratos, y en las que se vieron afectadas 853 personas (cifra muy superior a las 540 de 2010). La citada coordinadora subraya que el incremento registrado responde, en buena medida, a las agresiones policiales perpetradas durante las diferentes movilizaciones sociales, que ha pasado de 200 personas afectadas en 2010 a 433 en 2011, lo que implica un incremento del 116%.