La coordinadora de vivienda de Madrid entró ayer en la sede del banco Goldman Sachs para exigir la paralización de los desahucios en las viviendas del antiguo IVIMA vendidas a éste y otros fondos de inversión. Unas 150 personas de la coordinadora de vivienda de Madrid se encerraron ayer en la sede del banco de […]
La coordinadora de vivienda de Madrid entró ayer en la sede del banco Goldman Sachs para exigir la paralización de los desahucios en las viviendas del antiguo IVIMA vendidas a éste y otros fondos de inversión.
Unas 150 personas de la coordinadora de vivienda de Madrid se encerraron ayer en la sede del banco de inversión Goldman Sachs para denunciar «la oleada de desahucios», unos 30 según precisa un portavoz a Diagonal, que se ha producido y se va a producir entre noviembre y diciembre en las 3.000 viviendas del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) que la Comunidad de Madrid vendió en 2013 a esta entidad financiera y a otros fondos de inversión.
Encasa Cibeles, participado por Goldman Sachs, es el actual propietario de gran parte de estas viviendas públicas repartidas en 32 promociones en las localidades de Parla, Majadahonda, Valdemoro y Madrid.
«No nos vamos a ir hasta que pongan un mediador que pare los desahucios», aseguró un portavoz de la coordinadora, que aglutina a las plataformas de afectados por la hipoteca de Madrid, afectados por la venta de viviendas del antiguo IVIMA y asambleas de vivienda del 15M.
Los desahucios afectan a todo tipo de hogares y situaciones sociales: beneficiarios del plan joven de vivienda, con o sin derecho a compra, o familias que han entrado a vivir en las casas ya desalojadas tras el cambio de propiedad.
Varios de los activistas consiguieron subir a las oficinas y negociar. Con esta acción, la coordinadora de vivienda de Madrid exige la paralización de todos los procedimientos judiciales y desahucios de Encasa Cibeles en la región, y también denuncia a las tres administraciones responsables de esta situación.
«Señalamos a la plana mayor del Partido Popular en Madrid, imputada por la venta de las viviendas del IVIMA a fondos buitre. También a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad Autónoma, por no hacer absolutamente nada y criminalizar a quienes se han visto afectados por la compraventa de estas viviendas públicas», explicó el portavoz.
El gobierno central de Mariano Rajoy también está implicado, según los activistas, ya que facilitó la entrada de este tipo de fondos al crear la figura legal de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), por las que la inversión en el mercado del alquiler por parte de estos fondos se ve sujeta a beneficios fiscales. «Suben el alquiler hasta un 50% y la plusvalía que obtienen sólo la tributan al 1%», asegura.
Los consistorios de Parla, Majadahonda y Madrid son asimismo criticados, por inacción u omisión. «El ayuntamiento de Madrid ha fracasado en sus intentos de mediar, que han sido siempre de bajísima intensidad», lamentó el portavoz.
La acción de protesta se desarrolló de manera pacífica, con presencia de policía municipal y nacional.