“Pedimos un alquiler social porque estamos en nuestra casa, yo así lo considero; llevo cinco años viviendo aquí”, declara Nelly Saiz a TVE. Es una de las 94 personas amenazadas de desahucio en dos bloques de viviendas del municipio valenciano de la Pobla de Vallbona (24.400 habitantes). La movilización popular, impulsada por la Plataforma de afectados por las Hipotecas (PAH) y los vecinos, logró que el juzgado de Llíria suspendiera el pasado 9 de diciembre el desalojo de la treintena de familias, incluidos 25 menores, tres personas con discapacidad y una mujer embarazada.
Además la Plataforma informó que muchas de las familias llevan viviendo durante años en los bloques, estuvieron pagando un alquiler y cuentan con un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales, remitido a los juzgados.
La suspensión del desahucio –que tiene un plazo de dos meses- “no es suficiente, exigimos la anulación y que Divarian (la empresa propietaria) ofrezca a todas las familias un alquiler social”, defendieron los activistas en una rueda de prensa celebrada junto a los bloques, con presencia de la guardia civil; “después de años de beneficios y rescates para la banca, es hora de que devuelvan algo a la sociedad”, añadieron.
La PAH acompañó a las familias al juzgado para que presentaran un escrito instando a la paralización del desahucio y se les asignara un abogado de oficio (en el caso de que no lo tuvieran); también se dirigieron a las entidades propietarias –Divarian, el BBVA y Cerberus-, que decidieron continuar con el desalojo; por otra parte, los activistas se reunieron con el Ayuntamiento de La pobla de Vallbona y pidieron a la Conselleria de Vivienda que frenara la expulsión y buscara una alternativa residencial. Como posibles soluciones, la conselleria ha planteado negociar con las empresas un alquiler social o bien la adquisición de las viviendas para integrarlas en el parque público de la Generalitat Valenciana y, así, poder arrendárselas a los afectados.
En el actual contexto de crisis y pandemia, la PAH y otras asociaciones reivindican la aprobación urgente de un Decreto que mejoraría la situación de familias como las de la Pobla de Vallbona. El Decreto debería suspender “todos los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que carezcan de la alternativa habitacional, adoptando las compensaciones adecuadas, en el caso que fuera necesario, en los desahucios de pequeño propietario. La moratoria deberá durar hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda que deberá regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios sin alternativa habitacional”.
La propuesta –denominada #DecretoStopDesahucios- cuenta con el apoyo de nueve partidos representados en el Parlamento español –Unidas Podemos, ERC, Compromís, BNG, EH Bildu, CUP, Más País, Junts per Catalunya y Nueva Canarias-, pero no del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, por lo que no fue aprobada. Una parte del gobierno de coalición, el PSOE, “sigue buscando excusas y alargando el sufrimiento de la gente, ante la presión de los lobbies inmobiliarios y financieros”, denunció la PAH en un comunicado del 10 de diciembre; según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el tercer trimestre de 2020 se produjeron 7.096 desahucios en el estado español, de los que el 73% se debe al impago de alquileres.
La suspensión de los desalojamientos en la Pobla de Vallbona tuvo una historia previa de movilizaciones. El 2 de diciembre la PAH convocó una marcha en Valencia con tres paradas estratégicas para señalar a los responsables: la sede del PSPV-PSOE (“160 desahucios diarios; ¿Al supuesto gobierno progresista no le preocupa que miles de familias se queden atrás?”); el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Compromís y el PSOE; la inmobiliaria Haya Real Estate y el BBVA, para negociar con los directores de las oficinas y pedirles una solución.
Frente a un cordón de la Policía Nacional, los manifestantes gritaron consignas como “vergüenza me daría desahuciar a una familia” y mostraron pancartas sobre el objetivo de la convocatoria: “El BBVA nos quiere desahuciar. Somos 38 familias. Tenemos derecho a un techo”. Las acciones fueron respaldadas, entre otros colectivos, por la red EntreBarris.
¿Qué empresas están detrás del desahucio? En 2018 se constituyó la sociedad Divarian, a partir de la venta por parte del BBVA de su negocio inmobiliario al fondo buitre Cerberus. Divarian está participada en un 80% por el fondo estadounidense y en un 20% por el BBVA. De este modo, según fuentes del banco, el BBVA conseguía “eliminar casi por completo su exposición al ‘ladrillo’”. El cuarto actor es la compañía Haya Real Estate, que gestiona y comercializa los más de 60.000 activos de Divarian, en su mayoría residenciales aunque también terciario e industrial. Miembro de la familia real de Bulgaria y padrino de una de las hijas del actual rey de España, Konstantin de Sajonia Coburgo es el presidente de Divarian. En la citada trama especulativa figura también –en una posición relevante- José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno.
Según el CGPJ, el País Valenciano fue en el tercer trimestre la segunda autonomía en número de desahucios (1.137), tras Andalucía. Al margen de la estadística, la lucha es casi a diario. El 15 de diciembre se aplazó, a última hora, la expulsión de una familia promovida por Divarian en Orriols, barrio popular al norte de Valencia, informó Orriols en Bloc. Frente a un desmesurado despliegue policial, la PAH se movilizó para evitar el desahucio -el 26 de noviembre, en el casco antiguo de Valencia- de una pareja con dos hijos (uno de ellos menor de edad). Diez días antes lograron la paralización durante tres meses del desalojo de otra familia –con dos hijos menores- que vive de alquiler en el municipio de Mislata; se da la circunstancia que el Banco Sabadell había vendido el piso a un fondo buitre.
El Primer Congrés d’Habitatge de Catalunya, que reunió en enero a más de 70 grupos y 500 activistas en defensa de la vivienda, sindicatos de barrio, de inquilinos y las PAH, acordó impulsar una campaña contra el entramado Divarian-Cerberus-BBVA porque representa “el sufrimiento de nuestra gente, la expulsión de miles de familias de sus casas” y es “uno de los mayores propietarios de viviendas del territorio”.
La ponencia final del Congrés planteaba dos objetivos: recuperar para el uso social las viviendas que el fondo buitre “ha arrebatado a las familias y que hemos financiado en parte con dinero público mediante el rescate bancario”; y además, “expulsar a Divarian de Cataluña”. El documento subraya el carácter especulativo global del fondo Cerberus, que por ejemplo en 2010 adquirió la contratista militar estadounidense DynCorp por 1.500 millones de dólares.
Con este punto de partida y distinguibles por los monos y las bengalas rojas, los activistas de la campaña Guerra a Cerberus –“un moviment contra la bèstia”- organizaron el 30 de noviembre una jornada de lucha en Barcelona: tomaron bajo control la sede de la inmobiliaria Haya Real State, desplegaron una pancarta en lo alto del edificio y realizaron una rueda de prensa en las puertas, además de conciertos y talleres; las personas afectadas expusieron sus casos (más de 200 familias perjudicadas por Cerberus están organizadas en el movimiento por la vivienda de Cataluña).
La movilización exigía al fondo buitre que paralizara todos los desahucios; el ofrecimiento de un alquiler social tal como establece la legislación catalana de vivienda 24/2015 o 17/2019 para los grandes tenedores; y que la empresa facilitara un interlocutor; “antes negociabas con un banco y te sentabas con un directivo que estaba en la oficina, hoy son señores que pueden estar en Nueva York”, declaró una portavoz de Guerra a Cerberus. El pasado 9 de noviembre, en otra jornada de acción directa, oficinas del BBVA en 40 municipios y barrios de Cataluña fueron encarteladas y pintadas “por vender al fondo depredador las casas que antes eran nuestras”.