“María José y su hijo tienen que quedarse, paremos el desahucio de María José”; la Plataforma de Afectadas por las Hipoteca (PAH)-Valencia convocó el 15 de noviembre, a las 10,00 horas, una movilización con el fin de paralizar esta expulsión, en la calle Rey Don Jaime nº8 del municipio de Paterna.
La amenaza de desahucio se produjo a instancias de la inmobiliaria Promontoria Coliseum (controlada por el fondo buitre estadounidense Cerberus), según difundió la PAH en las redes sociales (el desalojo fue suspendido, agregó la plataforma, cinco días después).
Otras convocatorias recientes denunciaban la situación de Elisa y sus dos hijos (¡Quieren echarlos de su casa un fondo buitre!), el pasado 16 de octubre en Sedaví; o una concentración contra el desahucio, también a iniciativa de un fondo buitre, de Ángela, Javier y sus dos hijas, el 10 de octubre en el municipio de Picassent.
Otra forma de reivindicación de la PAH-Valencia son las campañas de ayuda; han obtenido 3.600 euros para respaldar a María y José en el pago de los costes del proceso judicial por acoso inmobiliario (la cooperativa de abogadas El Rogle ejerce la representación jurídica); “no podría iniciar María el juicio contra quienes la han maltratado, desnudado y humillado sin las (citadas) aportaciones”, se detalla en los objetivos del proyecto.
María, de 78 años, residía junto a su marido en el municipio costero de Cullera; accedieron a la vivienda mediante una hipoteca de 162.000 euros con el Banco Santander, hasta que –como consecuencia de la última recesión y por la merma de ingresos-, dejaron de abonar las cuotas del préstamo; un año después la entidad financiera les interpuso una demanda, explica la Campaña.
“En el procedimiento -informa PAH-Valencia- (la entidad financiera) le cedió la vivienda a Global Pantelaria SA (vinculada al fondo Cerberus), que es todavía la propietaria”.
Tras el fallecimiento del cónyuge, María se trasladó al domicilio de su hijo en Quart de Poblet; ocurrió en diciembre de 2019 y tres meses después –ya en la crisis por la COVID-, regresó con su hijo a la vivienda de Cullera; se dio la circunstancia de que alguien había cambiado la cerradura, por lo que se pusieron en contacto con la Guardia Civil.
Con el respaldo de la PAH, María y el familiar se dirigieron a la empresa Haya Real Estate, que gestiona el inmueble de Global Pantelaria SA; así, Haya Real State había ordenado “entrar en la casa, cambiar el cerrojo de la puerta, vaciarla entera y echar a la basura todas las cosas de María”, destaca la Campaña; sin siquiera un aviso previo (el pasado mes de septiembre el grupo sueco Intrum adquirió la plataforma Haya Real State al fondo Cerberus);
“Aún no tenían fecha para el lanzamiento (porque el juzgado aún no lo había ordenado) y por tanto María tenía derecho a seguir viviendo en su domicilio”, concluye la PAH; la víctima de los fondos buitre presentó una denuncia en el Juzgado de Sueca, por presuntos delitos como violación del domicilio; daños; coacciones y apropiación indebida.
En una rueda de prensa celebrada el pasado 31 de octubre en Valencia, el colectivo antidesahucios dio a conocer testimonios de acoso inmobiliario como el de Adrián: es objeto de hostigamiento desde hace cerca de dos años; Adrián estuvo pagando por la adquisición de la vivienda durante una década, pero “enfermé, estoy cuatro años en diálisis y no pude continuar pagando”, explica el afectado.
Además “estoy acogido a la moratoria, de manera perfectamente legal; pero hace dos años salió el piso en los portales inmobiliarios (de Internet)” y en este punto comenzó el acoso; porque, añade, “cuando sale un piso y se dice que es de los bancos, sin especificar que allí viven personas legalmente, esto supone permanecer ya con una diana en la espalda”.
La razón es que llegaban personas a la vivienda para ver si Adrián y su familia la abandonaban; explica cómo le forzaron la puerta del domicilio y fue víctima de amenazas telefónicas: “No te puedes ir a ningún lado, vives con el miedo en el cuerpo porque te pueden entrar”.
Recuerda cómo, incluso, en una ocasión, se plantaron en la puerta de la casa “dos personas imponentes, grandes, que comenzaron a amenazarnos; ellos van por las malas y no les importa la ley; nosotros llamamos a la policía y presentamos una demanda en los juzgados”; en este contexto de violencia, subraya el afectado, “quienes peor lo llevan son los niños”.
Otra de las realidades experimentadas por Adrián es el traspaso, entre diferentes fondos buitre, de la vivienda y el contrato (por ejemplo el fondo Global Zappa); “quienes vienen dicen siempre que vienen de parte del propietario”, concluye.
Uno de los portavoces de PAH-Valencia, José Luis González, remarca la aprobación -en mayo de 2013- de la Ley de Medidas para reforzar la protección a los Deudores Hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
El Artículo 1.1 del texto legal establece que, hasta el cumplimiento de 11 años desde su entrada en vigor, no procederá el lanzamiento (despojo) cuando en un proceso judicial -o extrajudicial- de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor (o a cualquier otra persona física o jurídica) la vivienda habitual de personas que se hallen en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en el articulado.
¿Dónde voy con 61 años y enferma?, se preguntó Marí Carmen en la rueda de prensa de la PAH; hace una década que vive de alquiler en Valencia y percibe la Renta Valenciana de Inclusión de la Generalitat; muestra el contrato que firmó en su día con el Banco Sabadell y la inmobiliaria de esta entidad, Solvia (en diciembre de 2022 Intrum completó la adquisición de Solvia al Banco Sabadell).
“Todo está en regla”, afirma esta vecina, y muestra los papeles: “No debía una peseta y de golpe me llegó un burofax, en que se decía que mi vivienda –con el contrato en vigor y sin deber nada a nadie- la habían vendido a un fondo buitre” (como ejemplo de la presión y las coacciones, “todos los días me llama por teléfono una persona llamada Clara, yo tengo diabetes, hipertensión y apenas salgo de casa”).
El Decreto Ley aprobado el pasado 17 de febrero por el Gobierno Valenciano incluye medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial.
En el Artículo 2.8 del Decreto se hace referencia al acoso inmobiliario: conductas “tipificables” y “sancionables” (de acuerdo con las previsiones del Decreto), “siempre que no sean constitutivas de delito”, principalmente del delito de coacciones, trato degradante o contra la integridad moral; pero “algunas de las situaciones que están viviéndose están a niveles de Código Penal”, concluye el portavoz de la PAH.
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