Más de 200 Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de todo el estado se han concentrado en diferentes ciudades para denunciar el incumplimiento por parte del gobierno de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de julio de 2014 y, en concreto, las trabas que impone el ejecutivo de […]
Más de 200 Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de todo el estado se han concentrado en diferentes ciudades para denunciar el incumplimiento por parte del gobierno de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de julio de 2014 y, en concreto, las trabas que impone el ejecutivo de Rajoy a la hora de que los afectados puedan recurrir en apelación las «cláusulas abusivas» impuestas por las entidades financieras.
La sentencia del TJUE señalaba, recuerdan los activistas, que la legislación española deja en inferioridad de condiciones al hipotecado frente al banco, y obligaba al estado español a que cambiara la Ley de Enjuiciamiento Civil.`
La modificación de esta ley -según el gobierno, en cumplimiento de la sentencia del TJUE- se realizó el pasado 5 de septiembre mediante un Real Decreto-Ley (11/2014) que afectaba, de ahí la sorpresa de las plataformas contra los desahucios, a medidas urgentes en materia concursal (relacionadas con la actividad de las empresas). Es en las disposiciones finales del Decreto-Ley 11/2014 donde se esconden las modificaciones en materia de ejecuciones hipotecarias (en concreto, el artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se refería la sentencia del tribunal europeo).
Pero las críticas del equipo jurídico de la PAH no se limitan a la forma en que se ha asumido la sentencia europea (un Real-Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia concursal). El Decreto fue publicado en el BOE el sábado 6 de septiembre y, desde ese momento, los ciudadanos afectados por procedimientos judiciales de ejecución deben darse por notificados. No existe, por tanto, notificación procesal alguna.
En esencia, el problema reside en que el Gobierno del PP ha dejado un plazo de sólo un mes (entre el 7 de septiembre -el día posterior a la publicación del Real Decreto-Ley en el BOE- y el 7 de octubre) para que los ciudadanos incursos en procedimientos de ejecución hipotecaria puedan recurrir en apelación contra las «cláusulas abusivas» de los bancos.
Frente al varapalo de la justicia europea, señala la PAH en un comunicado, «la respuesta del gobierno ha sido alargar el plazo de apelación de aquellos que no hubieron visto reconocidas las cláusulas abusivas de sus contratos hipotecarios, mediante una nota publicada en el BOE el sábado, es decir, a hurtadillas, y otorgando un mes para que los afectados puedan recurrir sus autos». Con sus actos, añade la nota informativa, «el gobierno demuestra que no vela por los intereses de la población ni por los derechos de los consumidores ni por el derecho a una vivienda digna, sino que -a la hora de legislar- se pone de parte de los bancos, culpables de la estafa hipotecaria y el crecimiento de la deuda pública por su rescate».
Según José Luis González, uno de los portavoces de PAH-Valencia, «el Decreto-Ley no reconoce la violación sistemática de derechos fundamentales de las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias por ejecuciones hipotecarias». Además, «están excluidas las personas que han perdido su vivienda y que ya han sido desahuciadas, algo absolutamente inconcebible». Otra de las portavoces, Rosana Montalbán Moya, ha señalado en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia que se constata «la hipocresía del gobierno de Rajoy, que actúa al servicio de la banca». «Sí hace caso a la UE cuando pide recortes en sanidad y educación, pero no cuando dice que se «toquen» los intereses de los bancos», ha añadido la activista, quien también se ha referido a la «mezquindad» de las medidas y a la «vulneración de los derechos fundamentales».
La acción desarrollada en Valencia («Rodea los juzgados») ha consistido en la entrega en el registro de los juzgados de la Ciudad de la Justicia de un escrito al decano, en el que se le solicita que convoque una junta de jueces para que aborde la suspensión inmediata de los procesos de ejecución hipotecaria. Estos, según el escrito, suponen la vulneración constante de varios artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. «Los jueces tendrían que haber actuado de oficio contra las cláusulas abusivas y no lo han hecho», recuerda José Luis González.
Las dificultades no sólo provienen del gobierno de Rajoy. Cuando los activistas de la PAH pretendían entrar en la Ciudad de la Justicia de Valencia para presentar el documento, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil ha impedido el paso a uno de los portavoces, y le ha espetado: «cualquiera que entre con camisetas que lleven publicidad será sacado a la fuerza». Finalmente los miembros de la plataforma han podido entrar, individualmente, en el registro y remitir el escrito al Juez Decano.
El documento informa de que la Plataforma de Afectados Por las Hipotecas (PAH) y otros colectivos sociales han paralizado en los últimos años más de 1.200 desalojos forzosos, logrado el realojo de más de 1.200 personas, además de miles de daciones en pago y alquileres sociales. A ello se añade la recogida de 1.400.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, el alquiler social y contra los desahucios, así como movilizaciones y denuncias penales contra los responsables de las entidades financieras para exigir el fin de la impunidad.
Por último, en el escrito se apunta la «alarma social» que actualmente existe en la sociedad española en relación con los desahucios. En los años de la crisis económica, se recuerda, son más de 400.000 ejecuciones hipotecarias las que se han producido, «a las que se han de sumar las miles que se están produciendo en la actualidad».
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