Las plataformas de afectados por las hipotecas han impulsado una campaña de escrache, denominada «hay vidas en juego», para informar a los diputados de las razones por las que han de votar a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. La primera fase de […]
Las plataformas de afectados por las hipotecas han impulsado una campaña de escrache, denominada «hay vidas en juego», para informar a los diputados de las razones por las que han de votar a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. La primera fase de la iniciativa consiste en el envío de una carta a los parlamentarios, en la que se les invita a asistir a las reuniones de las diferentes plataformas y conozcan así de cerca la realidad de las personas afectadas.
En el texto se apela del siguiente modo a los diputados: «Usted conoce de sobra que las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas constituyen uno de los efectos más dramáticos de la crisis en España, y que se ha llevado por delante ya a más de 400.000 familias. Es ésta una realidad innegable para alguien que desempeña un cargo público; si no lo sabe es que usted se venda los ojos».
«Apelamos a su conciencia personal y a su humanidad ante el sufrimiento y la vida de la gente. Baje a la calle y escuche a los afectados. Hasta que se vote la ILP usted puede cambiar de opinión. Venga a visitarnos. Si no puede, tendremos que acercarnos nosotros», añade la carta.
La Iniciativa Legislativa Popular fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero, después que la mayoría absoluta del PP cediera ante la presión popular y al impacto sobre la opinión pública de los suicidios producidos esa semana. La iniciativa, avalada por 1.400.000 firmas, contiene tres medidas «de mínimos»: la dación en pago con carácter retroactivo; la constitución de un parque público de viviendas de alquiler con un precio que nunca supere el 30% de los ingresos familiares, y la moratoria de los desahucios (siempre que se trate de vivienda habitual).
Por otra parte, los cuerpos de bomberos de numerosas ciudades españolas han manifestado públicamente su negativa a participar en las tareas de desahucio, por ejemplo, en la apertura de las puertas de las casas. En Galicia, Murcia, Madrid, Cataluña, La Rioja, Asturias, País Valenciano o el País Vasco se han realizado en las últimas fechas declaraciones en ese sentido.
Uno de los detonantes, y que hizo que cundiera el ejemplo, fue el acto de desobediencia civil que llevó a cabo el 20 de febrero un agente del cuerpo de bomberos de A Coruña, que se negó a participar en el proceso de desalojo de una mujer de 85 años. El desahucio iba a producirse después que la anciana dejara de pagar una mensualidad del alquiler, según informaciones publicadas en los medios. El agente regresó en ese momento al vehículo de bomberos y colgó un cartel de la plataforma contra los desahucios.
Ayer se sumó a esta iniciativa la Asociación de Bomberos de Valencia, que anunció su decisión de no participar en los desahucios en una rueda de prensa conjunta con la Plataforma de Afectades per les Hipoteques del País Valencià. Portavoces de la asociación de bomberos señalaron que los desahucios «son el ejemplo más claro de la situación de vulnerabilidad en que se hallan muchas personas, sin que los poderes públicos ofrezcan una solución». En cambio, «los gobiernos no dudan en rescatar a los bancos en dificultades».
Portavoces de la asociación anunciaron, asimismo, que los bomberos que así lo decidan donarán a la PAH una parte de los atrasos que el ayuntamiento de Valencia les debe por el trabajo de las fiestas falleras del año pasado, y por el de 2013 si finalmente lo cobran.
La portavoz de la PAH en el País Valencià, Rosana Montalbán Moya, ha denunciado los intentos de la Administración de «emplear el cuerpo de bomberos para facilitar desahucios es una perversión de la función de sus servicios que carece de base legal; se trata de un abuso con los bomberos y con la ciudadanía, pues se destinan recursos y empleados públicos para beneficio privado. Y esto lo hace una administración lacaya con los bancos».
Montalbán ha calificado la posición de los bomberos como un ejemplo de «coherencia profesional» y «solidaridad». Además, «si se intenta sancionar o juzgar estas negativas a trabajar en los desahucios, la PAH promoverá las denuncias correspondientes y llamará a concentraciones ante los parques», ha rematado.
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