«Mientras los directivos de los bancos se van de vacaciones en sus yates de lujo, continúan produciéndose desahucios». Con este recordatorio, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) se movilizaron el 19 de julio en 50 ciudades del estado español. Durante el último mes las PAH distribuyeron pegatinas con la consigna «Descanso Real Ya», […]
«Mientras los directivos de los bancos se van de vacaciones en sus yates de lujo, continúan produciéndose desahucios». Con este recordatorio, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) se movilizaron el 19 de julio en 50 ciudades del estado español. Durante el último mes las PAH distribuyeron pegatinas con la consigna «Descanso Real Ya», sin firma alguna. Pero el arcano se reveló ayer en forma de vídeo, firmado por la plataforma, con testimonios de ciudadanos cuya salud se vio deteriorada por los desahucios y las deudas de por vida. «Las familias hemos decidido convertir sus oficinas en nuestras playas», se afirmaba en la convocatoria. De ese modo se trataba de «marcar» a las entidades financieras y continuar reivindicando la Ley de la Vivienda de la PAH, con las cinco demandas «de mínimos»: dación en pago retroactiva y eliminación/compensación de las cláusulas abusivas; alquileres asequibles; fin de los desahucios; fomento de la vivienda social para realojar a las familias (en pisos vacíos en manos de la banca); y garantía del suministro de agua, luz y gas para los hogares afectados.
En una nota de prensa la PAH explicó el significado de la invocación «Descanso Real Ya»: que las familias dejen de vivir a flor de piel la inseguridad de quedarse en la calle; o que ningún ciudadano sea esclavo de deudas impagables de por vida. La solución legislativa que propone la PAH fue presentada el pasado 22 de marzo a los grupos parlamentarios del Congreso; las plataformas antidesahucios ya cuentan con el apoyo de grupos adscritos a 14 parlamentos autonómicos, aseguran, y mociones favorables de más de cien consistorios. La Ley de la Vivienda de la PAH se plantea después que en los últimos ocho años la plataforma haya paralizado, según informa su página Web, 2.045 desahucios y haya realojado a 2.500 personas a través de su Obra Social. La iniciativa llega asimismo después de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria presentada en 2013 y avalada por 1,4 millones de firmas, bloqueada por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento. Antes de la presentación de la ILP, entre 2007 y 2012, se produjeron en España más de 400.000 ejecuciones hipotecarias.
«La PAH no se va de vacaciones, seguimos luchando por nuestra salud colectiva», se advertía en las octavillas repartidas el 19 de julio por las calles. A pesar del triunfalismo gubernamental, el último Informe de la Fundación FOESSA (2017) constata que siete de cada diez hogares españoles no están notando los efectos de la «recuperación» económica; en el caso de las familias que viven bajo el umbral de la pobreza, la cifra se eleva a nueve de cada diez. Además, la mitad de las familias cuentan con una «red de seguridad» peor que en los años previos a la crisis. El Informe también apunta que el 60% de los hogares viven sin ahorros o con estos en niveles mínimos. La otra cara de esta realidad son los beneficios de 3.465 millones de euros obtenidos por los bancos españoles durante el primer trimestre de 2017, según la Asociación Española de Banca (AEB); las ganancias aumentaron un 17% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, si se considera millonarios a las personas con patrimonio superior a un millón de dólares, estos aumentaron en España el 1,8% entre los seis primeros meses de 2015 y de 2016. Ello supone 7.207 millonarios más.
Con la Plaza del Ayuntamiento como punto de partida, unos 25 activistas de PAH-Valencia recorrieron el centro de la capital valenciana repartiendo un millar de octavillas. Siguieron un itinerario estratégico, las calles de Las Barcas y Pintor Sorolla a modo de circuito, lo que permite el paso por las sedes de los principales bancos (CaixaBank, oficinas del Banco de España, Santander, BBVA, Bankia, CajaMar, Bankinter y Popular). Al llegar a cada una de las entidades, el grupo paraba, repartía los pasquines y gritaba los lemas de combate: «Basta ya, ni un desahucio más», «No son suicidios, son asesinatos», «No hay pan ‘pa’ tanto chorizo» o «¡Sí se puede!» Junto a la sucursal de Bankia (cuyo «rescate» ha tenido un coste de 23.000 millones de euros), y entre voces que clamaban «Sí que hay dinero, lo tienen los corruptos y los banqueros», JC RA explica que ya no puede pagar la hipoteca a la entidad nacionalizada, y que está amenazado de desahucio. Este parado de 51 años tiene, incluso, fecha de juicio, el 28 de septiembre. Sin ingresos y desempleado desde hace siete años, si puede sobrevivir es gracias a la ayuda familiar. Vive solo, y le avala el piso su madre, de 81 años.
Los portavoces de PAH-Valencia esbozan la agenda de juicios y posibles desahucios para septiembre y octubre. Una chica, Amaia, de Valencia, que carga con un préstamo hipotecario; otra mujer, del municipio de Alfafar, que vive de alquiler, sola, con su hijo y tiene la fecha de juicio prevista para octubre (la titular de la vivienda es una gran tenedora de pisos, aseguran fuentes de la PAH); una viuda del municipio de Xirivella, a la que Ibercaja pretende desahuciar; otro de los casos tiene relación con el BBVA, pero no detallan más información. El activista y portavoz de la PAH, Luis Vargas, apunta tres desalojos más que pueden ocurrir en septiembre en Orriols, una barriada obrera del norte de Valencia. Señala detalles de dos: una familia con tres hijos menores de edad, que lleva desde 2010 solicitando una vivienda social, sin que se le haya concedido. «Han tenido que ocupar una vivienda de Bankia; los compañeros están teniendo reuniones con el departamento de Vivienda de la Generalitat para hallar una solución», explica Vargas. Y otra familia con un hijo menor de edad, que también se ha visto obligada a la ocupación por carecer de recursos. Las asociaciones del barrio han manifestado su apoyo, y vecinos de Orriols han firmado en solidaridad con los afectados.
El balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en 17.055 los lanzamientos en el primer trimestre de 2017, lo que implica un aumento del 2,2% respecto al mismo periodo de 2016. La mayoría, un total de 9.612, se derivan de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que a ejecuciones hipotecarias corresponden 6.372. Así, los desahucios continúan. El pasado 12 de julio la PAH de Parla (Madrid) trató de impedir el desahucio de Fatiha y sus dos hijos menores, sin lograrlo. La plataforma criticó la participación de unos 50 policías en el desalojo, y la alta tasa de viviendas vacías en el municipio madrileño. En la protesta resultó detenido uno de los portavoces de la PAH en Parla. La empresa titular de la vivienda donde se produjo el desahucio es Encasa Cibeles, firma que la PAH vincula a Goldman Sachs y recuerda la venta en 2013, durante el Gobierno de Ignacio González (PP), de cerca de 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a este fondo de inversión. Activistas de la plataforma y de las asambleas de 15-M se encerraron en la sede de Goldman Sachs en Madrid, el pasado mes de noviembre, para señalar estas conexiones.
En la manifestación por las calles de Valencia se reproducen los testimonios contra la banca, los próceres de la política y los jueces. Junto a la fachada de CajaMar, uno de los presentes critica los procedimientos del Banco Santander, que plantea el desahucio de su hermana, madre de dos gemelos de siete años. «No pueden pagar la luz y el agua, se mantienen gracias a la pensión de viudedad de mi madre», afirma; el activista, que participa en la protesta junto a una amiga, también cobra una prestación por minusvalía.
Circunstancias distintas son las de LRG, de 77 años, que prueban cómo la crisis puede afectar a alguien que posea una mediana empresa de 75 empleados. A partir de 2012 y 2013, explica, se complicó la devolución de los préstamos al Banco Santander, por lo que su mujer (propietaria de la empresa) tuvo que responder a las deudas con el patrimonio (almacenes y locales comerciales), incluido el piso en el que vivían. Y continúan viviendo, tras alcanzar un acuerdo con el banco para quedarse en la vivienda y pagar 400 euros mensuales de alquiler. Poco antes de terminar el recorrido, una mujer se acerca, toma el pasquín de la PAH y anuncia la muerte de Miguel Blesa. Alguien pregunta por la vida y «milagros» del fenecido banquero. Empieza a circular la información: presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, cargo al que accedió de la mano del expresidente del Gobierno, José María Aznar; resultó condenado a seis años de prisión por los usos irregulares de las tarjetas «black» (opacas). Pasó por la prisión y estuvo implicado en escándalos como la venta de «preferentes» o la adquisición del City National Bank of Florida.
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