El hacha de las ejecuciones hipotecarias no se para con la crisis. Hace diez años que Lola García, de 66 años, se marchó a vivir con su madre a una vivienda social de la empresa pública AUMSA (Actuaciones Urbanas Municipales SA), propiedad del Ayuntamiento de Valencia. La madre de Lola falleció dos años después. Y […]
El hacha de las ejecuciones hipotecarias no se para con la crisis. Hace diez años que Lola García, de 66 años, se marchó a vivir con su madre a una vivienda social de la empresa pública AUMSA (Actuaciones Urbanas Municipales SA), propiedad del Ayuntamiento de Valencia. La madre de Lola falleció dos años después. Y comenzó entonces el calvario. Lola lleva ocho años pidiendo regularizar su situación y que AUMSA le subrogue el contrato de alquiler que firmó su madre con la empresa. Mientras, sin contrato y sin respuesta municipal, y con una pensión de 311 euros al mes, viven Lola García y una hija afectada por problemas psiquiátricos, que lleva tres semanas sin salir de casa. El Ayuntamiento de Valencia lleva ocho años sin ofrecer respuesta, a pesar de los reclamos y la insistencia de la inquilina.
Lola García recibió una citación para que se presentara en el juzgado el 29 de septiembre, al tiempo que se le comunicaba que un día después se procedería al desahucio. Ante la cerrazón de AUMSA, la afectada se puso en contacto con la PAH-Valencia, que le ha mostrado su total apoyo («para que no me echen de casa, acompañarme en el juicio o protestar en las oficinas de AUMSA», destaca). El 25 de septiembre la PAH-Valencia convocó una concentración y rueda de prensa frente al consistorio valenciano para denunciar la situación.
Frente a la cerrazón municipal, parece que la presión popular ha surtido efecto. «Al ayuntamiento y AUMSA les ha entrado miedo y han suspendido durante 60 días el juicio y el desahucio; pero continúa la amenaza; se nos ha dicho que ahora sí acceden a una reunión», informa Miguel Pérez, uno de los portavoces de la plataforma.
En un banco de la Plaza del Ayuntamiento, Lola García explica ante los periodistas la particular batalla de ocho años: «pedí a AUMSA la subrogación del alquiler de mi madre. Me solicitaron los certificados de empadronamiento e ingresos, que les presenté; pero o me dicen que no están, o no quieren reunirse conmigo; cuando recibí la citación para el juicio, busqué un abogado de oficio». Finalmente, «desesperada, contacté con la PAH».
Otro de los portavoces de la PAH, José Luis González, critica la posición del Ayuntamiento de Valencia. «Si es grave que actúe de este modo el capital financiero, ni qué decir cuando así proceden las instituciones públicas». Gracias a la lucha en la calle, resalta, por fin la empresa municipal ha accedido a dialogar, y tras las conversaciones entre el abogado de Lola y el de la empresa pública se ha acordado la suspensión del desahucio durante dos meses.
En la agenda de batalla de la plataforma antidesahucios en el mes de septiembre figura otro nombre, Rosa Martínez, de 69 años, y con un grado de minusvalía del 72%. Su caso es otro ejemplo de la voracidad financiera y la dejación gubernamental. Rosa vive con su hijo de 42 años, enfermo y desde hace años en situación de desempleo. Sus únicos ingresos son una pensión no contributiva de 340 euros al mes. El Banco Primus pretende desahuciarla de una vivienda que, según informa la PAH, adquirió hace muchos años y ya la tenía pagada; «pero su exmarido pidió un préstamo personal con garantía hipotecaria, abandonó el hogar y ella no pudo afrontar el pago».
Subastada la vivienda, añade la PAH-Valencia en un comunicado, la abogada de Rosa Martínez pidió al juez que aplazara el desahucio por el «grave riesgo de exclusión social» en el que se encuentran Rosa y su hijo. Pero el juzgado de primera instancia número tres de Valencia denegó la petición al basarse, informa la PAH, en que «no cumple las múltiples condiciones que la legislación del gobierno del PP impone para los aplazamientos».
«Es lamentable que un juez valore menos el derecho constitucional a la vivienda, refrendado por las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la literalidad de la norma», valora la plataforma antidesahucios, que el 8 de septiembre convocó una concentración en la Ciudad de la Justicia de Valencia para visibilizar este caso. En la acción, se denunció el Decreto 27/12 que regular la moratoria de desahucios, por «injusta», «cruel», su «carácter restrictivo» y por «el cinismo que supone la limitación temporal al derecho a residir en la única vivienda personal».
La amenaza de desahucio continúa pendiente. La abogada de Rosa Martínez ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, con la idea de frenar las intenciones del Banco Primus (a la última asamblea de la PAH-Valencia se acercaron cuatro personas afectadas por demandas de ejecución hipotecaria de esta entidad, que funciona on-line con sede en Lisboa y está bajo el control -con el 100% del capital- de Credit Fondier, líder del mercado hipotecario de crédito francés).
Creado en 2005, el Banco Primus cuenta con un apartado en la página web donde explica su «misión y valores» (así los denomina): «ser un banco internacional y multicultural de crédito a particulares, reconocido por la excelencia y rentabilidad, que potencia el intercambio de las mejores prácticas en la creación de beneficios y oportunidades para clientes, socios, colaboradores y accionistas».
Pero los frentes se multiplican y, además de la batalla a pie de calle para impedir los desahucios, las PAH han emprendido una dura lucha para impugnar el marco jurídico. De hecho, más de 200 grupos antidesahucios de todo el estado se concentraron la semana pasada en diferentes ciudades (en Valencia, en la Ciudad de la Justicia) para denunciar que el gobierno del PP incumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de julio de 2014, sobre todo por las trabas que pone el gobierno para que los afectados puedan recurrir en apelación las «cláusulas abusivas» impuestas por las entidades financieras. La lucha continúa…
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.