«Absolución y alquiler social para Lissy y su familia». Cerca de 50 personas se concentraron el lunes en la Ciudad de la Justicia de Valencia -convocadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH)- en apoyo de Lissy. Esta ciudadana de 36 años, de origen peruano y con la nacionalidad española, se enfrentaba a […]
«Absolución y alquiler social para Lissy y su familia». Cerca de 50 personas se concentraron el lunes en la Ciudad de la Justicia de Valencia -convocadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH)- en apoyo de Lissy. Esta ciudadana de 36 años, de origen peruano y con la nacionalidad española, se enfrentaba a una denuncia de Bankia por usurpación. En una rueda de prensa convocada a la puerta de los juzgados explicó que fue víctima de una estafa. «Durante tres meses estuve pagando el alquiler a una persona que decía ser titular de la vivienda, cuando esto era falso», explica junto a los activistas de la PAH. Madre de tres hijos de 10, ocho y tres años, Lissy lleva dos años viviendo en este piso propiedad de Bankia, que había permanecido -antes de que ella llegara- más de cinco años cerrado, según le comunicó una vecina. «Hace un mes me llegó la orden de lanzamiento», remata esta ciudadana a quien la plataforma antidesahucios apoya desde hace varios meses.
Actualmente se encuentra en situación de desempleo. «¿Dónde me voy ahora con los niños?», se pregunta en público; «pido a Bankia que me deje el piso en régimen de alquiler social, pero se niegan a negociar». Con el fin de evitar el desahucio, la PAH se ha ofrecido como colectivo mediador entre la afectada y el banco. «Lissy no tenía conocimiento de la situación, dado que firmó un contrato de alquiler por el que pagó a una particular; pero más allá de la propiedad jurídica, la vivienda es un derecho humano», afirma uno de los portavoces de la PAH, José Luis González.
Además la afectada ha mostrado la documentación que acredita los intentos por acceder a una vivienda social de la Generalitat Valenciana. Realizó la primera solicitud en el año 2014, sin recibir respuesta; renovó la petición en 2017, a la que se le respondió en el mes de agosto: se hallaba en el número 295 sobre un total de 1.753 demandantes.
Hace tiempo que Bankia se sitúa en el centro de las críticas realizadas por los grupos antidesahucios. Por ejemplo, la PAH de Vallekas denunció el pasado 11 de mayo que la entidad bancaria había desahuciado a un mínimo de 21 personas (en seis lanzamientos) durante un mes en este distrito madrileño; 11 de los afectados eran menores de edad, según un comunicado de la plataforma, que hacía referencia a la previsión de al menos otros cuatro desahucios para la segunda mitad del mes de mayo. Portavoces de la PAH denunciaron que se trataba de una «oleada sin precedentes» de desalojos, que incluía situaciones como las de deudores hipotecarios, inquilinos estafados y hogares en situación considerada «irregular».
Mientras, el pasado siete de septiembre el Banco de España hacía públicos los datos actualizados del informe sobre «ayudas financieras en el proceso de reestructuración del sistema bancario español». Desde mayo de 2009, señala el documento, las ayudas públicas comprometidas ascienden a 54.353 millones de euros aportados por el Fondo Estatal de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de las que en diciembre de 2016 sólo se habían recuperado 3.873 millones de euros. Se da la circunstancia que el FROB posee actualmente el 100% del holding Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y, a través de éste, de manera indirecta, el 67% de Bankia. Las «ayudas» financieras a las entidades integradas en BFA -Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caixa Laietana y Caja Insular de Canarias- suman 24.424 millones de euros.
El informe sobre las remuneraciones anuales de los consejeros de Bankia, que la sociedad publica en su página Web, no se ha visto reducida en los últimos tiempos. El presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y los consejeros José Sevilla y Antonio Ortega son los mejor pagados. Han pasado, cada uno de ellos, de los 500.000 euros en 2015 a los 750.000 euros en 2016 (625.000 euros en metálico y otros 125.000 euros en concepto de «acciones otorgadas»). Los doce consejeros percibieron retribuciones por valor de tres millones de euros en 2016, mientras que en 2015 sumaron 2,3 millones. Además, según informó el periódico El País, Goirigolzarri Tellaeche abandonó en 2009 el BBVA, donde trabajó durante tres décadas y llevaba ocho años como consejero delegado, con una pensión de tres millones de euros anuales. Dado que la percibió en una sola entrega, se embolsó 68,7 millones de euros.
«Que no pot ser, gent sense casa i cases sense gent»; «Hay niños en la calle, y no le importa a nadie»; «Se nota se siente, la PAH está presente», gritaban los activistas concentrados, algunos de ellos con la zamarra verde de la plataforma. En un lugar visible de la pancarta se reivindicaba una Ley de Vivienda, que debería incluir cinco propuestas «de mínimos»: la dación en pago con carácter retroactivo, además de la eliminación de las cláusulas abusivas y las compensaciones por las mismas; un alquiler a precios asequibles; el final de los desahucios; la vivienda social «para realojar a familias en pisos vacíos, que se hallan en manos de la banca»; y la garantía de los suministros básicos (agua, luz y gas). El pasado mes de abril la PAH presentó la iniciativa a los grupos parlamentarios del Congreso.
La plataforma informa de que todos los grupos con los que mantuvieron reuniones, con excepción del PP, presentaron propuestas por escrito «que valoramos e incluimos en el texto». Señalan al PSOE como una de las claves para que la iniciativa legal avance; para ello, debería «exigir su trámite y debate parlamentario» ante la posibilidad de que el PP vete la propuesta. Por el momento, la PAH cuenta con el apoyo por escrito de los ediles socialistas en ayuntamientos como Barcelona, Buñol, Caldes, Chiva, Elche, Orihuela, Sevilla, Talavera y Zamora. También ha avalado la propuesta legal por escrito la consellera de Vivienda y Obras Públicas del Gobierno Valenciano, María José Salvador, del PSOE.
Según la estadística del INE publicada el cinco de septiembre, en el segundo trimestre de 2017 se iniciaron 6.937 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el estado español, de las que 3.652 corresponden a personas físicas (2.788, viviendas habituales) y otras 3.285 a personas jurídicas. Asimismo, la estadística oficial apunta que el 58,6% de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas corresponden a hipotecas constituidas entre 2005 y 2008. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en 16.859 el número de lanzamientos durante el segundo trimestre de 2017; el 58,6% (9.896) fueron consecuencia de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (alquileres), mientras que el 36,8% (6.197) derivan de ejecuciones hipotecarias y otros 776 a diferentes motivos.
Los portavoces de PAH-Valencia señalan que para frenar el desalojo de Lissy podría aplicarse la Constitución española, que en el Artículo 47 -dentro del Capítulo tercero, «de los principios rectores de la política social y económica»- establece que todos los españoles «tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y que los poderes públicos «promoverán las condiciones necesarias (…) para hacer efectivo este derecho». Otro instrumento jurídico que podría aplicarse, según los activistas, es la Ley 2/2017 de tres de febrero de Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, aprobada con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, excepto el PP. El cinco de octubre la directora general de Vivienda de la Generalitat, Rebeca Torró, criticó que el Gobierno central cuestionara 23 de los 37 artículos de la legislación autonómica, tras la reunión de la Comisión Bilateral formada por las dos administraciones, en la que se trata de salvar un posible recurso de inconstitucionalidad. La directora general reconoció que en el País Valenciano existen más de 500.000 vacías.
Otro argumento esgrimido por los activistas es el convenio suscrito en diciembre de 2016 por el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP); en el convenio se establece que en los desahucios derivados de un procedimiento de ejecución hipotecaria o impago de la renta, cuando el juez observe una situación de «especial vulnerabilidad», a través de las diferentes administraciones pueda incluirse a los afectados en el programa de realojos de la Generalitat. También apelan al Derecho Internacional. El Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU condenó en un dictamen el pasado 20 de junio al Estado españolpor vulnerar el derecho a la vivienda, al no garantizar las administraciones públicas un alojamiento «alternativo» a una persona desahuciada en el barrio madrileño de Tetuán, en octubre de 2013.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.