A esta altura ya se han cumplido siete meses en que producto de la llegada del COVID 19 a Chile las clases presenciales fueron suspendidas. Corridos los meses, lo que más ha quedado de manifiesto en lo que a materia educacional se refiere es la realidad que se arrastra hace décadas en el país, esa que da cuenta de las distancias siderales entre estudiantes y profesores que se cruzan en establecimientos pertenecientes a las clases acomodadas del país y otros que se cruzan en la vereda del frente, esa que da cuenta de una aplastante mayoría marginada, excluida y popular que debe lidiar entre cargar el celular para conectarse a clases o comprar el pan.
Una educación que es el engendro de una serie de políticas impulsadas desde la élite dominante, desde la desmunicipalización en los 80’, la instalación de la política de los vouchers y la masificación de la educación de mercado en los 90’, la JEC, entre otros tantos causales de un mal que tienen una única matriz: el capitalismo neoliberal chileno.
En diversos episodios los profesores y el pueblo en general hemos sido testigos del debate o “tira y afloja” entre el Mineduc y el Colegio de Profesores (con alcaldes en el medio) en relación a la “operación retorno” a las clases presenciales. Acá debemos ser claros en señalar que, una vez más, ningún sector de los aquí mencionados ha estado a la altura de la contingencia y de responder a las necesidades reales que urgen en función de las dificultades que han tenido no sólo los estudiantes, sino también los profesores para mantener en funcionamiento el sistema educativo. El primero, ha apelado a argumentos superficiales (desestimados en su mayoría) como cortina de humo para esconder las razones de peso de la necesidad del retorno. Una es la presión por la importante cantidad de establecimientos particulares y particulares subvencionados que han tenido complicaciones por el pago de mensualidades ya sea por incapacidad monetaria de los apoderados o bien porque estos no están de acuerdo con el servicio entregado (lo que ha generado que casi 300 establecimientos educacionales particulares entre jardines infantiles y colegios se acogieran a la ley de protección al empleo). La otra gran preocupación del ministro han sido los estudiantes de Cuarto Medio. El posible aumento de la deserción o la repitencia alarman, pues los futuros licenciados son piezas clave del engranaje que da continuidad al negocio educativo que se proyecta con aproximadamente 1.100.000 matrículas anuales a la educación superior, el que viene aparejado de una inyección de recursos entre becas de gratuidad y créditos que ya se encuentran asegurados (en universidades estatales, privadas e institutos profesionales). Mismo negocio educativo que está presente desde la educación pre-básica, básica y media con el pago de subvenciones, bonificaciones y la competencia voraz por captar matrículas.
Respecto al rol del magisterio y en particular del dirigente nacional, el colega Mario Aguilar, no hay mucho en que profundizar, su maniobra más bien oportunista y un discurso grandilocuente “hacia la galería” aprovechando cada error del ministro para pronunciarse por redes sociales, evidencia una posición bastante cómoda del magisterio y su rol inactivo en la coyuntura desde incluso el estallido social. De hecho, de educación no se ha hablado mucho, más allá de lo evidente que resultó la suspensión de la Evaluación Docente y la no obligatoriedad del SIMCE. En este sentido, la posición oficial del Colegio de Profesores ha sido negarse al retorno presencial a clases en función de la defensa la vida (en ocasiones cayendo en un excesivo alarmismo) y también plantearse contrario a establecer evaluaciones sumativas en el contexto actual, lo que a nuestro juicio representa un errático paternalismo que choca de frente con la realidad que vivimos a diario en nuestras escuelas en donde pasar justo ahora de una modalidad donde la nota es una motivación clara para los estudiantes a otra de cuajo donde lo formativo está primero, ha profundizado la desidia, el incumplimiento y la falta de expectativas. Sin embargo, respecto a las inequidades en el acceso para nuestros estudiantes pobres, o de las condiciones laborales para la enseñanza que nos afectan como profesores, poco y nada se ha escuchado de parte del magisterio.
En materia pedagógica, mucho se ha hablado del año perdido y por cierto que lo es. Efectivamente exceptuando un ínfimo porcentaje de estudiantes pertenecientes a sectores acomodados que debido a sus ventajas materiales no han perdido mucho en materia de acceso al conocimiento, la gran masa estudiantil, desde párvulos hasta la educación media, paga los platos rotos de la pandemia y continúa siendo excluida de una formación integral como ha sido durante décadas en nuestra historia. Aun cuando sean mucho más evidentes los rasgos de la desigualdad del sistema educativo, sería un error atribuirle al virus las grandes diferencias y problemas que hoy salen al descubierto, porque la calidad del conocimiento, las oportunidades, los recursos disponibles y las condiciones para la labor pedagógica desde hace años que se encuentran en crisis. Todo aquello se deja notar más fuertemente en los sectores populares, reportándose a esta altura un importante porcentaje de estudiantes que no han tenido ningún tipo de conexión con la escuela o que arrastran una situación de precariedad que dificulta e impide el aprendizaje, con quienes surgirá en unos meses más la interrogante ¿Qué hacer con ellos? ¿Deben pasar o repetir de curso?
En paralelo, la otra cara del “año perdido” la representamos los docentes, quienes ciertamente no hemos perdido el año desde el punto de vista laboral. Camino al andar, nos sumergimos en la modalidad de educación a distancia aprendiendo sobre la marcha, con todas las deficiencias que ello implica. La necesidad de mantener el funcionamiento del sistema, sin duda ha recaído sobre nosotros. La presión de los sostenedores y apoderados en donde prima la lógica clientelar del servicio educativo ha provocado una sobrecarga adicional en las espaldas de muchos colegas a lo largo del país. Pues si bien hace mucho los docentes somos los campeones en llevarnos “pega para la casa”, la modalidad de teletrabajo que no es más que la aplicación de la flexibilidad laboral como modo de explotación moderna, nos ha situado en un contexto aún más complejo que el anterior. La no existencia de una disociación entre trabajo y hogar ha dado paso a una serie de aspectos negativos que han precarizado aún más nuestras condiciones de trabajo. No sólo no contar con los medios materiales o de conectividad para trabajar es el problema, también lo son la multiplicidad de tareas nuevas, la carga burocrática, el control punitivo, la presión de los apoderados, las dificultades de compatibilizar la vida familiar (cuidado de los hijos, su educación, las tareas del hogar, etc.), entre tantas otras variables que han derivado en el aumento del estrés laboral de muchos docentes. El teletrabajo entonces ha venido a profundizar aún más la individualización del trabajo y la sobre exigencia laboral. Estamos claros que todo aquello está lejos de resolverse con un anexo de contrato, o con un simple bono de compensación.
En ese sentido, creemos que hoy más que nunca es preciso fortalecer la organización y la unidad de los docentes en cada escuela, liceo y colegio en Chile. Debemos ser capaces de derribar las barreras del distanciamiento físico, para tejer puentes entre nosotros que nos permitan enfrentar unidos las problemáticas que nos aquejan y que no están en la agenda ministerial, o como tema del día en algún matinal. Debemos aprender a verlo una necesidad, un apoyo para sobrellevar una realidad que cada vez nos presiona e individualiza más.
Pese a la lejanía, es importante que seamos capaces de recomponer nuestra sala de profesores, que es nuestro espacio, fortaleciendo nuestra autonomía como voz y poder al interior de cada escuela y liceo. Recordemos que somos hoy más que nunca quienes sostenemos el funcionamiento del sistema educativo. Como ya hemos señalado, existen diversas problemáticas que deben transformarse en motivos de disputa y lucha por justicia y dignidad. Enfrentemos al burocratismo excesivo, la desconfianza hacia nuestro trabajo y al control punitivo injustificado dispuesto por prácticas patronales de administrativos y sostenedores, establezcamos límites de desconexión básicos para organizar de mejor forma nuestro tiempo, opongámonos a las exigencias y tareas pedagógicas que muchas veces son irrealizables de acuerdo a la escenario actual y estériles en su impacto. Pongamos sobre la mesa con acento propositivo las verdaderas urgencias pedagógicas a las que debemos atender debido a la urgencia del tiempo, por ejemplo qué hacer con aquellos estudiantes desconectados del sistema, o los cierres de procesos o semestres y el final de año. No podemos esperar de brazos cruzados a que por directrices ministeriales se nos venga la noche con agobio laboral a fin de año. Anticiparnos, estar atentos y en comunicación permanente es clave con o sin retorno presencial a clases.
Nuestro llamado es a la acción, a la organización y la lucha, a que no nos encandilen las luces que ofrece la opción electoral. Tenemos que ser capaces de ir más allá del conformismo economicista clásico demandado por nuestro gremio, que pone siempre detrás de la búsqueda de dignidad docente una pelea por algún bono o reajuste salarial. No, nuestro norte debe ser mejorar las condiciones de enseñanza que a diario nos afectan y que no nos permiten poner en práctica nuestra vocación, las que tampoco serán resueltas por el “amor al arte” de los profesores ni por “obra y magia de una Nueva Constitución”.
Es por eso que desde Pueblo Docente llamamos a hacer de la participación, la organización y la lucha una práctica permanente y cotidiana. En donde deliberar, reflexionar, proponer y acordar ideas con nuestros compañeros de trabajo sea el camino a la dignificación de nuestra labor, no sólo por nosotros, sino también por nuestros niños y jóvenes a quienes educamos.