Zapatero ha anunciado que iniciará el mes que viene los esperados contactos con ETA. Hay que entender que se refiere a contactos formales y directos, porque de otro género ya los ha tenido que haber, y no pocos, en los últimos meses. De hecho, la respuesta dada por los dirigentes de ETA a Gara en […]
Zapatero ha anunciado que iniciará el mes que viene los esperados contactos con ETA. Hay que entender que se refiere a contactos formales y directos, porque de otro género ya los ha tenido que haber, y no pocos, en los últimos meses. De hecho, la respuesta dada por los dirigentes de ETA a Gara en su reciente entrevista, cuando fueron preguntados por esos posibles contactos -apelaron a la necesidad de discreción y no se salieron ni un milímetro de esa línea-, venía a confirmar que ya hay algo en marcha.
Pero una cosa es que se inicien las conversaciones oficiales y otra que esas conversaciones lleven a acuerdos rápidos. No sólo porque esos acuerdos encierran dificultades importantes, objetivas, sino también porque es de temer que el Gobierno ponga empeño en alargar las discusiones. Porque, cuanto más duren, más se beneficia de la condición previa (el alto el fuego), que se parece bastante al objetivo final que persigue, y más puede retrasar la adopción de medidas, fundamentalmente en relación a los presos, que pueden acarrearle impopularidad en amplios sectores de la sociedad española, a los que el PP no dejará de jalear.
De todos modos, hay en esto de las conversaciones con ETA una paradoja sobre la que no me canso de llamar la atención. Veamos: si el Gobierno establece contactos con la dirección de ETA, habrá de certificar a sus miembros que no se va a aprovechar de esos contactos para detenerlos y encarcelarlos. Debe conferirles inmunidad. ¿En qué ley del ordenamiento jurídico español se basará para actuar así? Yo no conozco ninguna que lo permita. Le ampara, sin duda, el sentido común, y hasta cabría invocar las normas de la guerra, que obligan a respetar a los enviados del enemigo que acuden a parlamentar. Pero esto no es una guerra.
De modo que, por lo menos a partir de junio, los dirigentes de ETA no van a ser hostigados por la Policía, siempre que se mantengan en los límites de la tregua.
A cambio, quienes al parecer sí van a ser acosados, y sin tregua, son los dirigentes de Batasuna, a los que no se les va a permitir que se muevan y actúen en pos de los objetivos de normalización de la política vasca que pretenden. Les persiguen con las excusas más traídas por los pelos, y a veces incluso sin excusas. No hay más que ver la última convocatoria a declarar ante la Audiencia Nacional que les han hecho por la conferencia de Prensa que llevaron a cabo en Pamplona dos días antes del inicio de la tregua. Fiscal y juez pretenden que aquello fue un acto destinado a presentar la nueva Mesa Nacional de Batasuna. Pero el hecho es que en aquella conferencia de Prensa nadie habló de la Mesa Nacional. Se habló exclusivamente de la tregua y del nuevo tiempo político que inauguraría. Ya el colmo es que impliquen a Arnaldo Otegi en el asunto, cuando él no pudo decir ni dejar de decir nada en aquel acto, porque estaba enfermo en su casa, como Grande-Marlaska debería saber muy bien, porque ordenó que estuviera sometido a vigilancia y que lo visitara un médico a diario.
De modo que tenemos unos dirigentes distinguidos por su recurso a métodos violentos que van a gozar de impunidad y otros que vienen actuando desde hace muchos años en el plano de la lucha estrictamente política, que están siendo hostigados sin parar, poniéndolos al borde de la impotencia, aunque casi todo el mundo es consciente de que su concurso es necesario para sacar de una vez a Euskadi del lodazal en el que ha venido viviendo desde hace décadas.