Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
La sincronía entre los programas de EE.UU. y del gobierno colombiano con frecuencia es sorprendente, especialmente cuando tiene que ver con la contrainteligencia. El día después de que el presidente colombiano Álvaro Uribe tomó posesión de su cargo el 7 de agosto de 2002, por ejemplo, junto con un Congreso en el cual el bloque derechista-narco-paramilitar controlaba cerca de un tercio de los escaños, estableció amplias redes de denunciantes en las ciudades y en el campo – redes que condujeron a niveles récord de desplazamiento forzado de presuntos simpatizantes de la guerrilla. Durante el mismo verano, a pesar de todos los esfuerzos de Joe Lieberman, la Operación TIPS (Sistemas de información y prevención del terrorismo) – hecha para lograr que los ciudadanos estadounidenses informaran los unos sobre los otros – fracasó en el Senado de EE.UU. una vez que se supo que el programa suministraría al FBI más denunciantes per cápita que los que tuvo la Stasi [servicio secreto] alemana oriental.
Ahora, casi ocho años después, los gobiernos de ambos países están subiendo las apuestas. El 27 de enero, buscando un tercer período a pesar de las objeciones de Washington, Uribe anunció su objetivo de colocar mil espías en las salas de clase universitarias: «Necesitamos que sea la ciudadanía quien se comprometa a informar a la Fuerza Pública, y si los jóvenes mayores de edad nos pueden ayudar en esta tarea de información y… de participación en las redes de información, pues eso nos ayuda muchísimo.» Uribe ofreció pagar 50 dólares por mes a los estudiantes para que informen sobre cualesquiera ideas o conductas sospechosas a la policía colombiana y a las fuerzas armadas.
La policía y las fuerzas armadas, por cierto, son instituciones cuyos crímenes han sido numerosos y variados durante el régimen de Uribe, como lo demuestra el escándalo de los «falsos positivos» en 2008, en el cual salió a la luz que desde 2002, el ejército colombiano ha dado a oficiales y soldados incentivos y recompensas por la desaparición y asesinato de hasta 1.700 jóvenes desocupados en todo el país para presentarlos como si fueran guerrilleros. En enero, 46 oficiales y soldados acusados de esos crímenes fueron liberados gracias a un tecnicismo y confinados a una base al sur de Bogotá, donde permanecerán a la espera del proceso. El ejército les ofreció una fiesta de bienvenida que incluía talleres terapéuticos y aromaterapia, masajes y tratamientos de belleza para sus mujeres, y payasos para los chicos. Es el mismo ejército que ha recibido la mayor parte de los 7.000 millones de dólares que el gobierno de EE.UU. ha gastado a través del Plan Colombia y sus sucesores bajo los presidentes Clinton, Bush y Obama.
Como el antropólogo-historiador David Price informa en CounterPunch, el empeño de Uribe por reclutar denunciantes entre los estudiantes universitarios es similar a lo que sucede en EE.UU., donde Washington ha servido de proyecto piloto. Con operaciones en 22 campus establecidas desde 2006, los llamados Centros Comunitarios de Inteligencia de Excelencia Académica representan el mayor esfuerzo de reclutamiento en campus de EE.UU. desde comienzos de la Guerra Fría. El reclutamiento actual, sin embargo, es abierto y de conocimiento público, aunque no un motivo para protestas públicas, ya que el profesorado ha mantenido hasta ahora silencio al respecto.
En Medellín, la reacción pública de profesores, del sindicato de maestros, grupos estudiantiles y juveniles fue inmediata, y suficientemente concertada como para hacer que Uribe diera marcha atrás en 24 horas.
Cuando su secretario de prensa mencionó el tema desde el cuartel de policía el 28 de enero, no mencionó a los estudiantes en particular, sino más bien a los ciudadanos en general: «La cooperación para combatir la delincuencia es deber de todos los ciudadanos. No podemos seguir indiferentes ante el asesinato.» Es la misma retórica que Uribe ha utilizado desde su primera campaña en 2002, derivada de la contrainsurgencia de la Guerra Fría: La ciudadanía se ve como una extensión de la guerrilla de las FARC, del crimen organizado, o de las fuerzas armadas colombianas. Destacados políticos, intelectuales y medios noticiosos se pronunciaron rápidamente contra la medida, señalando lo obvio, es decir que los estudiantes-denunciantes correrían peligro de sufrir represalias, así como sus familias. La suerte de los denunciantes en Colombia con frecuencia es atroz, y al involucrar a estudiantes universitarios en la recolección de inteligencia, la política propuesta por Uribe podría ayudar a llevar la guerra, que actualmente está en lo alto de los cerros cercanos a Medellín, hacia el centro de la ciudad donde se encuentran las universidades.
El columnista Alfredo Molano piensa que Uribe tratará de extender el programa piloto a todo el país, especialmente si «gana» un tercer período en mayo, pero si lo hace, probablemente enfrentará más resistencia de estudiantes y profesores, especialmente de las universidades públicas. Sin embargo, Uribe podría aprovechar la situación como una oportunidad para introducir más medidas neoliberales, de contrainsurgencia, a la educación superior. Por cierto es demasiado pronto para decir dónde llevará el programa piloto o lo que hará si enfrenta más resistencia, pero el ministro de defensa, Gabriel Silva, dijo a la BBC que la medida «no tiene reversa.»
En EE.UU., como deja en claro el informe de Price, Trinity Washington University ha sido un objetivo fácil porque es una escuela corta de dinero dependiente de las matrículas; se estima que el nuevo clima de austeridad en la educación superior de EE.UU. hará que muchas universidades sean vulnerables, particularmente las estatales. En Medellín, la situación es mucho peor que en EE.UU. porque más de un 65% de los habitantes son pobres y muchos estudiantes de universidades públicas provienen de medios humildes, lo que significa que la necesidad directa es mucho más intensa en Medellín que en EE.UU. La iniciativa de Uribe tiene el objetivo de ayudar a la policía y al ejército a combatir el crimen organizado y las pandillas juveniles en la ciudad natal del presidente, que ha sufrido 188 homicidios sólo en enero, y después de varios años de relativa paz, va de nuevo en camino a recuperar su sitio como la capital mundial del homicidio y del crimen juvenil.
Oficialmente hubo más de 1.800 homicidios en 2009 (aunque la BBC habla de 2.178), más del doble de la cantidad para 2008. Cerca de un 60% de los muertos tenían menos de 30 años. El alcalde Alonso Salazar ha establecido oficinas móviles en algunos de los vecindarios más peligrosos en los cerros, como Manrique y Santo Domingo Nº 1, pero su personal de seguridad ha sido acusado de cometer abusos contra jóvenes del vecindario, y los que se han atrevido a hablar del crimen son amenazados, desplazados y/o asesinados por gángsteres locales. Más de 2.000 personas fueron forzosamente desplazadas en Medellín entre enero y octubre de 2009, y junto con los homicidios y los desplazamientos forzosos aumentan todas las formas del crimen organizado, después de la extradición de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, a EE.UU. en 2008.
Ya que Uribe ve las universidades, por lo menos las públicas, como madrigueras de crimen, anarquía, desorden y subversión terrorista, es lógico que trate de reclutar denunciantes para fortalecer el Estado represor y la presencia paraestatal en ellas. Como de costumbre, el ex ministro de defensa y actual candidato presidencial Juan Manuel Santos lo dijo: «»La política de informantes ha sido bastante exitosa. El hecho de involucrar jóvenes universitarios donde hay mucha delincuencia me parece que puede ayudar a calmar y mejorar la situación de orden público que vive una ciudad como Medellín.» Irónicamente, la prisión Bella Vista sería el sitio obvio para reclutar denunciantes, ya que el crimen organizado afuera es en gran parte coordinado desde el interior. Pero las prisiones seguirán siendo los centros nerviosos para la ejecución de crímenes juveniles, mientras las universidades (públicas) pueden ser criminalizadas, militarizadas y sometidas a más recortes presupuestarios.
Aunque las similitudes entre Colombia y EE.UU. son alarmantes, puede haber conexiones así como paralelos. Según el informe anual que el ministro de defensa de entonces, Santos, presentó al Congreso colombiano en 2008, Washington y Bogotá han coordinado estrechamente sus esfuerzos de inteligencia. Santos declaró: «entre el 16 y el 27 de abril de 2007 se realizó por parte del personal de asesores de la Embajada de los Estados Unidos el seminario en manejo de informantes, evento al cual asistieron 2 Oficiales, 6 Suboficiales y 2 civiles; personal perteneciente a la Jefatura de Inteligencia Naval, permitiéndose con este tipo de actividades el permanente reentrenamiento del personal de inteligencia, actualizando, fortaleciendo y complementando las tácticas empleadas contra la amenaza interna». Por cierto, Colombia es presentada como un modelo de cómo una contrainsurgencia exitosa podría ser en Afganistán e Iraq, y en marzo de 2009, el almirante Jim Stavridis del Comando Sur de EE.UU. asistió a una conferencia de dos días en Bogotá para estudiar lecciones de Colombia que podrían aplicarse en otros sitios.
Junto con luminarias de la contrainsurgencia como David Kilcullen – ex asesor jefe de los generales David Petraeus y Stanley McChrystal – Santos fue uno de los oradores oficiales en la conferencia. Reflexionando sobre el progreso logrado desde la implementación del Plan Colombia, Stavridis escribió: «Este año, Bogotá está entre los destinos turísticos ‘que hay que ver’ del New York Times y los cruceros invaden el maravilloso puerto caribeño de Cartagena. Colombia ha llegado muy, muy lejos en el control de una insurgencia profundamente arraigada a sólo dos horas de vuelo desde Miami – y podríamos aprender mucho de su éxito.» Sólo cabe esperar que en el futuro, los estudiantes universitarios espías no se conviertan en parte de la receta para el éxito en la contrainsurgencia global.
———-
Forrest Hylton enseña historia y política en la Universidad de los Andes (Bogotá) y es autor de «Evil Hour in Colombia» (Verso, 2006).
Fuente: https://nacla.org/node/6398