La participación ciudadana es un concepto amplio que se refiere a la posibilidad que tiene la sociedad civil para que, mediante propuestas, acciones e iniciativas, pueda participar en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y culturales que le afectan. La participación ciudadana es un factor primordial para lograr una sociedad realmente democrática, una sociedad […]
La participación ciudadana es un concepto amplio que se refiere a la posibilidad que tiene la sociedad civil para que, mediante propuestas, acciones e iniciativas, pueda participar en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y culturales que le afectan. La participación ciudadana es un factor primordial para lograr una sociedad realmente democrática, una sociedad de personas libres, responsables y comprometidas. Requiere dos condiciones: una ciudadanía concienciada y dispuesta a ejercer su derecho a defender los intereses de la mayoría y unas instituciones que lo permitan.
La Constitución del 78, tan vilipendiada por el bipartidismo que nos ha gobernado en las últimas décadas, recoge que «los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente…» (art. 23). También «la ley establecerá las formas de participación de los interesados… en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general» (art. 129). Al igual que otros muchos, este artículo es papel mojado para el PP y el PSOE. Es más la posibilidad de participación ciudadana que recoge nuestra Constitución (art. 87) planteando una Iniciativa legislativa Popular (ILP) ha sido despreciada por estos partidos. En los 30 años se han planteado 66 ILPs, de las cuales 10 han reunido los exigentes requisitos para que sean admitidas a trámite. Algunas sobre asuntos tan importantes como: financiación del Sistema Educativo, regulación de la Jornada Laboral, estabilidad y seguridad en el empleo, poder adquisitivo de los funcionarios públicos, empleo estable y con derechos o la regulación de la dación en pago. La mayoría han sido rechazadas (dos de ellas aún en trámite) por el PP y una por el PSOE.A estos partidos no les interesa la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos que les afectan. No quieren que el pueblo opine, exija sus derechos y plantee cambios sustanciales ante los desastres y atropellos que está sufriendo por los recortes en los servicios públicos (sanidad educación, dependencia,…), en los salarios y en derechos laborales y sociales. Sólo les interesa mantener aborregado a ese pueblo que dicen defender y que desprecian, para exigirles su voto, irreflexivo y manipulado, cada cuatro años y seguir con sus privilegios de clase política dirigente, corrupta y mentirosa.
Ya en el terreno Local, se manifiestan los mismos miedos y rechazos a la participación ciudadana en la vida pública. Aunque a los partidos oficialistas se les llena la boca durante las elecciones de la importancia de la «participación», una vez tomado el Ayuntamiento se desmemorian y hacen «su política», desprecian las promesas electorales e imponen a su antojo y conveniencia ideológica sus decisiones.
Nuestra ciudad tiene en vigor (3-5-2007) un completo Reglamento de Participación Ciudadana que recoge un amplio abanico de posibilidades de participación de los cordobeses/as en la gestión y funcionamiento de la ciudad. De ese documento sólo se ha puesta, y no totalmente como veremos, la parte correspondiente a la representación indirecta, por medio Órganos de Participación (Cap. 4º) y dejan aparcado el Capítulo 2º «Derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas». Así en los últimos cuatro años, en Córdoba, no sólo no se ha facilitado la participación ciudadana, sino que, en lo relativo a la promoción y potenciación de Colectivos (sociales, vecinales, educativos,…), se ha primado y reforzado aquellos cercanos ideológicamente al PP (cofradías, procesiones, romerías,…) y se ha posibilitado el expolio de bienes e inmuebles públicos y municipales por parte del Obispado.
Pero el sentido real de la participación ciudadana no puede limitarse a que el Ayuntamiento de turno permita que su pueblo pueda intervenir y participar en la vida política para hacer propuestas y mejorar sus condiciones de vida en lo personal y en el ámbito comunitario. La participación ciudadana debe ir más allá y posibilitar que la ciudadanía, de forma abierta, democrática y libre, pueda elegir a las personas que crean más capaces y preparadas para defender los intereses colectivos desde la institución.
Esto es lo que ha defendido, programado y llevado a cabo Ganemos Córdoba con la elección en listas abiertas a la ciudadanía de los candidatos/as a concejales y con la elaboración colectiva de su programa electoral, en el que se han recogido las necesidades reales de la población para que el ámbito municipal debe ser el espacio común de convivencia y el más adecuado para solucionar los problemas y necesidades de la ciudadanía.
Ganemos Córdoba recoge en su programa electoral que el «avanzar en nuevos modelos para que la participación de la ciudadanía sea real y frecuente, exige de nuevas herramientas para lograrlo. La extensa y diversas red de organizaciones sociales, la asamblea como elemento de acción directa, los medios tecnológicos -web, redes sociales- etc., nos abrirán nuevas oportunidades para que el gobierno de la ciudad no se haga mandando sino obedeciendo a la ciudadanía. Para ello, Ganemos Córdoba, gobernando el Ayuntamiento, promoverá la participación horizontal con medidas como: procesos de participación directa en la toma de decisiones a través de Internet y consultas ciudadanas, cuyo resultado el gobierno municipal de Ganemos Córdoba tomará como vinculante para que la ciudadanía sea la que decida».
Juan García Ballesteros. Presidente del Colectivo Prometeo y miembro del Frente Cívico
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