Adondequiera que vaya, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urriego, insiste en la importancia de su proyecto de “Paz Total”, pero a veces es como si sobran las partes que apuestan a un fracaso total.
Para una vida pacífica y feliz
En el parque de la paz de las Naciones Unidas en Nueva York luce un nuevo monumento. El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urriego, lo inauguró el 11 de julio pasado. Es un monumento que rememora la terminación del conflicto armado con la guerrilla de las FARC-EP. Es una obra del artista colombo-chileno Mario Opazo y fue construído con el metal fundido de 4,5 toneladas de munición.
Se llama “Kusikawsay”, una palabra quechua que significa “vida pacífica y feliz”. Representa una canoa medio erguida que parece surgir de la tierra. La canoa es una referencia a la sabiduría de los pueblos indígenas colombianos. Navegando por los ríos la canoa se lleva los recuerdos del pasado en su viaje hacia un nuevo futuro. La creación del monumento es parte de los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado de Colombia y las FARC-EP.
Petro estaba en Nueva York para la discusión sobre el informe de progreso de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Insistió en estar presente en persona en la sesión del Consejo de Seguridad. “La Paz Total” es el punto clave de su programa de gobierno.
El gobierno se había preparado minuciosamente en consulta directa con Comunes, el partido político de las antiguas FARC-EP. Diego Tovar, cosignatario de los acuerdos de paz por parte de las FARC-EP, acompañó a Petro a Nueva York. Con este acto el presidente colombiano dejó en claro que toma muy en serio los acuerdos de paz
Esquizofrenia colombiana
Muchos colombianos guardan un recuerdo vivo del desconcierto que sintieron al enterarse de los resultados del plebiscito de octubre de 2016. Para sorpresa de todos, el acuerdo con las FARC-EP fue rechazado. Con una mayoría de apenas 65.000 votos el No devolvió el acuerdo al remitente. Había que renegociarlo. El ex presidente Álvaro Uribe encabezó la oposición, el mismo Uribe que en abril de este año fue acusado formalmente de fraude, soborno y manipulación de testigos.
Un estudio de la ONG Fundación Ideas para la Paz sobre los resultados del plebiscito expone claramente las diferencias regionales que hasta hoy siguen determinando el proceso de paz en Colombia. El Sí se concentró en las regiones más alejadas del Estado, que menos participan en el desarrollo del país y más sufren el impacto de la violencia. El No ganó donde el Estado tiene presencia efectiva, las instituciones funcionan y la población se siente integrada en la sociedad. Pero fue aún más llamativa la resignación y/o desinterés entre la población con una abstención del 62,6%, un porcentaje abnormalmente elevado.
Colombia es el país más desigual del mundo. Esta desigualdad se mantiene como resultado de la codicia de aquellos que sacan beneficios políticos y económicos con la continuación de la situación de violencia, lo que, por lo tanto, lleva a aún más violencia. Con 700.000 muertos y millones de desplazados muchas generaciones en Colombia no saben como imaginarse una vida con paz. Desde hace dos siglos la violencia ha sido la norma y la paz se sataniza. De ahí la propuesta del gobierno de Petro de una “paz total” que vincula la dejación de las armas a todo un conjunto de reformas destinadas a la integración de las regiones desfavorecidas en el desarrollo nacional.
Suenan las campanas
La Misión de Verificación de la ONU se encarga de monitorear la implementación de los acuerdos de paz de 2016. Cada tres meses publica un informe de progreso. El informe sometido al Consejo de Seguridad en julio embarca el período del 27 de marzo al 26 de junio de 2024. La Misión refiere en términos contundentes a la complejidad de la situación actual, pero mantiene la esperanza comprobando la determinación del gobierno de Petro para lograr avances concretos. La falta de seguridad para los exguerrilleros y la contínua violencia siguen siendo motivo de preocupación particular. Desde la firma de los acuerdos, 421 exguerrilleros han sido asesinados, 142 han sobrevivido a intentos de asesinato y 40 han sido desaparecidos.
Hace poco el Programa Somos Defensores publicó su informe anual 2023. Dicho Programa es una iniciativa de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos que informa sobre las agresiones contra defensores y líderes sociales en un intento de prevenirlas. El informe se distingue por su título: “Puntos suspensivos…”. Con esto quieren indicar que aparentemente la historia de la paz ha quedado “suspendida”. No todas las instituciones públicas involucradas en el proceso están funcionando de manera adecuada y poco a poco se va perdiendo la esperanza.
Todos tienen consciencia de que la paz en un país como Colombia no puede instaurarse meramente por una mera ley ni de la noche a la mañana, pero las agresiones contra los líderes sociales y defensores de los derechos humanos siguen siendo inaceptablemente graves. Se trata de asesinatos, amenazas, atentados, desapariciones, desplazamientos forzados, robos de información, detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, violencia sexual y judicializaciones. En el 2023 Somos Defensores registró 168 asesinatos sobre un total de 765 casos de agresión identificados, o un promedio de dos por día. Bien que sea una disminución con respecto al 2022 (840 casos), difícilmente puede considerarse significativa.
Complejidad agravada
Somos Defensores señala que la situación actual no puede compararse con la violencia de a finales de los años 80, cuando el gobierno de Belisario Betancourt inició negociaciones de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. En este momento se están desarrollando siete procesos de paz en distintas regiones del país que involucran a organizaciones armadas políticas, no políticas y criminales. Para cada categoría se elaboró un marco legal específico que también determina las penalidades.
Muchas de estas organizaciones también se combaten entre sí. Tienden a aprovechar las treguas temporales negociadas con el Estado como una oportunidad para seguir ampliando su control territorial. El infame Clan del Golfo, por ejemplo, ha logrado extender su territorio de 253 a 392 municipios; el ELN de 189 a 231; las estructuras de organizaciones criminales de 141 a 184; y las disidencias de las FARC-EP de 230 a 299. Una y otra vez son las comunidades más vulnerables las que pagan un alto precio.
El Comité Internacional de la Cruz Roja también hace sonar la alarma. Además de las distintas formas de violencia ya mencionadas, el CICR ha observado un crecimiento del reclutamiento de niños y niñas y del uso de artefactos explosivos con efectos indiscriminados para las comunidades locales. El número de desplazados internos forzados aumentó de manera altamente preocupante. El año pasado, casi doscientas mil personas buscaron refugio en otros lugares más seguros. Recientemente el CICR identificó un octavo conflicto armado. El ejército está involucrado en tres; los otros cinco se libran entre las propias organizaciones armadas ilegales.
No faltan los desafíos
Petro intentó convencer el Consejo de Seguridad de la necesisdad de una extensión del mandato de la Misión de Verificación. Pidió siete años más. Colombia también necesita más recursos para la implementación efectiva de los programas de desarrollo territorial necesarios. La elaboración de un nuevo marco legislativo no es sino un primer paso – de por sí ya muy difícil – pero nuevas leyes no sirven de nada si no van acompañadas de los recursos requeridos para su implementación.
El gobierno de Petro tiene que enfrentarse continuamente al fuerte obstruccionismo de los que durante décadas se han aferrado al poder y ahora ocupan los escaños de la oposición. No tienen reparos en lanzar como una metralleta una calumnia tras otra haciendo mucho escándolo en los medios, que además ellos controlan. La oposición tiene un solo objetivo: impedir las reformas requeridas – fiscales, agrarias, económicas, salud, educación, bienestar, justicia,… – porque no les trae ningún beneficio.
Al presidente también le toca interferir con regularidad adentro de las propias filas del Pacto Histórico, la coalición de izquierda que se formó alrededor de Petro, reorganizando gabinetes y reemplazando mandatarios y funcionarios por razones de incompetencia, oportunismo y corrupción o simplemente por necesidad de preparar a las próximas generaciones progresistas. El tiempo corre. Petro llegó a la mitad de su mandato. En el 2026 habrá nuevas elecciones y la Constitución estipula que no puede presentarse a la reelección. Además, la Constitución prohibe que el Pacto Histórico vuelve a participar como coalición. Los trece movimientos y partidos de la coalición tendrán que decidirse: ¿ fusionar formalmente en un solo partido o seguir cada uno por su propia cuenta? La historia de la izquierda en Colombia donde las alianzas y coaliciones van y vienen dependiendo de dónde sopla el viento y de las ambiciones personales, enseña que esto no es tarea fácil.
Y como si fueran pocos los desafíos, la delegación del Gobierno insiste en que el Ejército de Liberación Nacional hable claro. El ELN se niega a abandonar sus prácticas de secuestro por ser una fuente importante de ingresos. Y sea que esto es un requerimiento para que el Gobierno continúe las negociaciones. El actual cese al fuego expira el sábado 3 de agosto y el gobierno exige que el ELN se pronuncie inequivocadamente si está dispuesto a la paz y a descongelar los trabajos en la mesa de diálogos. El ELN ya respondió con la celebración de su 60 aniversario en varias ciudades y departamentos del país, incluso en la capital de Bogotá.
Marleen Bosmans es politóloga y lleva toda una carrera como experta de derechos humanos en distintas áreas de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe, Africa y Asia.
Traducción hecha por la autora. Versión original publicada en De Wereld Morgen, Bélgica, 1 de agosto de 2024 bajo el sistema de Creative Commons: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2024/08/01/vrede-in-colombia-niet-voor-morgen/.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.