El Informe de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia reconoce 49 casos de odio al Islam en el estado español durante el año 2014, lo que implica un aumento del 9% respecto al año anterior. El 46% de los casos registrados afecta a bienes materiales (lo que incluye daños y cierre o desplazamiento de mezquitas […]
El Informe de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia reconoce 49 casos de odio al Islam en el estado español durante el año 2014, lo que implica un aumento del 9% respecto al año anterior. El 46% de los casos registrados afecta a bienes materiales (lo que incluye daños y cierre o desplazamiento de mezquitas y otros locales) y el 54% a actos contra las personas, mayoritariamente agresiones verbales y mensajes islamófobos en Internet o las redes sociales.
Los 49 casos del informe no representan la totalidad del fenómeno, ya que el documento se hace eco de los casos denunciados directamente por la plataforma o de las informaciones remitidas por las víctimas y colectivos vulnerables. Entre otras conclusiones, el documento constata un aumento de la islamofobia en los discursos de partidos políticos y otras organizaciones; la opacidad de los datos policiales y la falta de protocolos para la elaboración de estadísticas. También afirma que resulta «imprescindible» la revisión de los libros de texto, pues ponen de relieve que el sistema educativo español «navega entre el tópico al Islam y al mundo árabe». Por otro lado, la Plataforma informa de que ha comenzado a presentar denuncias ante la Fiscalía especial de Delitos de Odio y Discriminación.
Los 49 actos de islamofobia registrados se desglosan del siguiente modo: 11 por «problemas» relacionados con mezquitas (la apertura de una nueva u otra ya existente); 16 manifestaciones islamófobas; dos «incidencias» por llevar indumentaria islámica; siete ataques a mezquitas (Baleares, Cataluña y País Valenciano); un caso de ataques físicos a personas musulmanas; dos víctimas de ataques con arma blanca; nueve actos de discriminación contra personas musulmanas; y una relacionada con el menú Halal. El informe subraya que los derechos o los mecanismos de denuncia no son bien conocidos por los colectivos de musulmanes, a lo que en otros casos se añade el miedo.
El documento informa de que el 19 de diciembre de 2014 se inició en change.org una campaña islamófoba contra la libertad religiosa y la ley 26/1992, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. En defensa de la iniciativa, la organización xenófoba Plataforma per Catalunya argumentó del siguiente modo: «La introducción de la religión islámica en las aulas es una concesión catastrófica a una religión que mantiene el dogma de la guerra santa para expandirse, y un experimento irresponsable que hace tambalear los cimientos de nuestra cultura».
Otra referencia (15 de diciembre de 2014) tiene como protagonistas a un joven vinculado a las «Brigadas Blanquiazules», peña ultraderechista del Real Club Deportivo Español, y su pareja, que durante varios años han difundido contenidos nazis, islamófobos y xenófobos. El fiscal especial de delitos de odio y discriminación de Barcelona acusó a los dos jóvenes de un delito de incitación al odio, la violencia y la discriminación, así como otro de justificación del genocidio. El mismo día fue desmantelado un grupo neonazi en Girona, al que se le atribuían varios ataques a mezquitas e «intereses islámicos». Las organizaciones ultraconservadoras se han adherido a este discurso. El 14 de diciembre el presidente de VOX publicó un artículo en Libertad Digital, en el que, según la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, «demonizaba el Islam y a los musulmanes, y reproduce el choque de civilizaciones en su versión más radical».
El abandono por parte de 40 escolares musulmanes de un colegio de Alzira (Valencia) suscitó de nuevo la polémica sobre la ausencia de menús halal en los comedores de los colegios, hospitales y prisiones (niños musulmanes se hallan entre el centenar de menores que cuentan en este centro escolar de Alzira con becas de comedor). El año anterior 11 familias musulmanas del colegio Santo Domingo de Zaragoza renunciaron a las ayudas por la inexistencia de este menú. También en el ámbito educativo, en noviembre se dio a conocer que el Gobierno «impedía» la escolarización de niños musulmanes hijos de marroquíes que vivían de manera considerada «irregular» en Ceuta, constata el informe. En consecuencia, los padres o tutores de cerca de 40 niños llevaban a sus hijos a las clases impartidas por una ONG local, de manera que se incumplía la Ley de Protección del Menor y la Ley de Extranjería.
Testigos de los hechos y miembros del grupo municipal de EH Bildu confirmaron, el 7 de noviembre, que un conductor de la compañía municipal de autobuses de Vitoria recogía firmas entre los viajeros para prohibir que las mujeres con burka pudieran entrar en el vehículo. Dos días antes se tuvo constancia del intento de cierre de la mezquita del barrio de Las Margaritas en Getafe, uno de los que tiene mayor componente multicultural, después de la queja de una vecina. La presión vecinal, según el informe de la Plataforma contra la Islamofobia, paró la clausura del templo. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) señaló además que pocos días antes la policía practicó redadas en dos teterías y un comercio de kebabs frecuentados por inmigrantes. Sobre las denuncias relacionadas con la simbología xenófoba, el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta, Rachid A., denunció el grabado de una cruz gamada en la placa de su despacho.
El 25 de septiembre se produjo un nuevo caso de desplazamiento de una mezquita al extrarradio de una ciudad, en concreto, al polígono industrial de Palafrugell (Girona). Por otro lado, el 22 de septiembre tuvo lugar uno de los ataques referidos en el documento. En concreto, un joven con antecedentes neonazis, y miembro del grupo ultraderechista Nueva Época, apuñaló a una mujer magrebí y a un hombre de nacionalidad pakistaní en Lleida. El informe recoge, asimismo, diferentes ataques contra mezquitas en Baleares, Cataluña y el País Valenciano. El 22 de agosto una mezquita de Tarragona resultó atacada con un «cóctel molotov» lanzado a través de una ventana. Un mes antes, en unas declaraciones a la Cadena SER, el exalcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP) acusó a la población marroquí y argelina de venir al estado español «sólo para chupar de la teta del gobierno». El objetivo de los inmigrantes musulmanes sería, para el exprimer edil, vivir de las ayudas sociales, sin querer trabajar ni integrarse. Según el portavoz del PNV en el Ayuntamiento, la aparición de esvásticas en la Asociación de Afroamericanos de Vitoria «podría tener relación con las declaraciones del exalcalde».
El 3 de julio el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) resolvió que impedir la apertura de mezquitas en zonas residenciales y su traslado a polígonos industriales, no vulnera la libertad religiosa. De este modo se desestimaba el recurso interpuesto por la comunidad musulmana contra el Ayuntamiento de Bilbao. El 13 de junio Gerard B., líder del Partit Espanyol de Catalunya (PEC), escribió en «Alerta Digital»: «Hará falta una guerra para que nuestros dirigentes y sus bufones comprendan por fin lo que es el Islam?». Otro de los ejemplos de islamofobia detallados en el informe es la recogida de alimentos «sólo» para nacionales de Plataforma per Catalunya en Igualada, acción que anteriormente realizó en los municipios de Piera y Calaf. Iniciativas similares fueron desarrolladas por España 2000 en su sede de Torrent y en el barrio de Orriols, en Valencia.
Por otro lado, el 28 de mayo diferentes periódicos se hicieron eco de una denuncia de la Comisión Islámica de España, sobre la existencia de sólo 47 profesores de religión islámica en la enseñanza pública. En relación con la instigación al odio, un vecino de Roquetes (Tarragona) resultó detenido por los Mossos d’Esquadra al arremeter contra la población judía, musulmana y negra desde una cuenta de Facebook. El 27 de abril el Centro Islámico Tawhid de Lorca (Murcia) denunció que lleva seis años pidiendo la licencia de construcción de una mezquita en el municipio. A cada documento que presentan, explica el Centro Islámico, la Administración les solicita un nuevo trámite. Por otro lado, el 31 de marzo aparecieron pintadas islamófobas acompañadas de simbología falangista en el Instituto de Enseñanza Secundaria Madina Mayurqa, en Palma de Mallorca.