La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C comenzó ayer un encierro en el vestíbulo del hospital 12 de Octubre de Madrid que continuará «hasta que nos den el tratamiento», según dijo Mario Cortés, portavoz de la Plataforma, que se mostró muy indignado en la asamblea previa al encierro: «aquí estamos las víctimas de su […]
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C comenzó ayer un encierro en el vestíbulo del hospital 12 de Octubre de Madrid que continuará «hasta que nos den el tratamiento», según dijo Mario Cortés, portavoz de la Plataforma, que se mostró muy indignado en la asamblea previa al encierro: «aquí estamos las víctimas de su corrupción. El dinero de nuestro tratamiento, está en sus cuentas de Suiza». Cortés achacó la situación de los afectados a la «falta de voluntad política y a los abusos de los laboratorios, que especulan con el precio de los medicamentos».
Por otro lado, la Plataforma mantiene su decisión de emprender acciones legales contra la exministra de Sanidad, Ana Mato. La responsabilizan de las 11 muertes diarias que se dan en España a causa de esta enfermedad. Al nuevo ministro le darán una oportunidad. Según explicó Damian Caballero, vicepresidente de la Plataforma, hoy viernes tienen previsto notificar por registro a Alfonso Alonso, «tanto el encierro en el hospital, de manera oficial, como la petición de una reunión urgente, para aclarar por qué no se está administrando el tratamiento». Caballero, que está convencido de que «el problema no es que no haya dinero, sino que no hay voluntad de darlo», aseguró que la administración de SOLVALDI es más rentable que los trasplantes, que si se hacen. «Un trasplante cuesta como mínimo 120.000 euros, y no es definitivo, porque el virus, que sigue vivo, ataca al nuevo hígado muy rápidamente. Se pueden aguantar 2 o 3 años, o 2 o 3 meses». Por ello, explicó «vamos a poner cifras encima de la mesa. Necesitamos 1.500 millones de euros para tratar a los 35.000 cirróticos que hay en este país. Y los necesitamos ya». Caballero tiene alternativa a la falta de presupuesto: «si no hay dinero, que el gobierno negocie con Gilead [la farmaceútica], como han hecho en Egipto o India, o que expropien la patente».
Miembros de Izquierda Unida (IU), Podemos, la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad, la Asociación Respeta o del Sindicato Único de Sanidad e Higiene (SUSH) acompañaron a los afectados en la asamblea, así como algunos trabajadores de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada.
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