La asociación de carácter nacional Plataforma por una Vivienda Digna ha denunciado a doce entidades de crédito ante el Ministerio de Economía y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por ofrecer hipotecas que presuntamente incumplen la legislación vigente en materia de hipotecas: la Ley 2/1981, de 25 de marzo (en su […]
La asociación de carácter nacional Plataforma por una Vivienda Digna ha denunciado a doce entidades de crédito ante el Ministerio de Economía y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por ofrecer hipotecas que presuntamente incumplen la legislación vigente en materia de hipotecas: la Ley 2/1981, de 25 de marzo (en su redacción dada por la Ley 1/2013), reguladora del mercado hipotecario, que sólo permite conceder hipotecas por un máximo de 30 años para la vivienda habitual.
La Plataforma por una Vivienda Digna ha detectado que al menos doce entidades de crédito, entre ellas Bankinter, Bankia, Uno-E, BBVA, Pichincha, OpenBank o ING Direct, ofrecen en sus páginas web hipotecas por plazos de 35 y 40 años, incluso ampliables en algunos casos a 50 años. Consideramos que estas ofertas presuntamente ilegales vulneran los derechos más elementales de los consumidores, fomentando nuevamente el modelo de las «hipotecas subprime» que tanto daño han causado a este país y alentando nuevamente las subidas artificiales de los precios de la vivienda. Este tipo de ofertas demuestran no solamente que los bancos actúan con total impunidad, sino que además siguen pretendiendo convertir en «esclavos hipotecarios» a los ciudadanos con perfiles sociales más vulnerables, no sólo por sus ingresos sino también por la precariedad e inestabilidad de sus puestos de trabajo.
Igualmente, y después de la gravedad de todo lo acontecido en este país con la burbuja inmobiliaria y la dejación de funciones mostrada por nuestras instituciones -cosa que esta asociación lleva años denunciando-, es totalmente inadmisible que las administraciones sigan cerrando los ojos ante el gravísimo riesgo que supone empujar a los segmentos más débiles de la población a unas deudas impagables y que provocarán nuevamente una crisis de desahucios. Se nos hace muy difícil de aceptar que los mecanismos de control y supervisión no hayan cambiado nada después de que la burbuja inmobiliaria haya llevado al país a una situación límite y que sigan sin perseguirse de oficio estas prácticas con contundencia.
Para la Plataforma por una Vivienda Digna, incrementar los plazos de las hipotecas sólo conduce a elevar los precios de la vivienda e incrementar los beneficios de los bancos en concepto de intereses. Es una evidencia que los préstamos con plazos muy largos son más arriesgados, son más sensibles a las variaciones de los tipos de interés y suponen un incremento exponencial del pago de intereses, hasta el punto de que se puede llegar a abonar más dinero por intereses que por la amortización del capital prestado. De esta forma se arroja aún más gasolina a un fuego que aún no ha terminado de extinguirse y que a juicio de todos los analistas, tanto nacionales como internacionales, está en la raíz indiscutible de nuestra gravísima e interminable crisis social y económica. Es intolerable que el interés de los bancos y promotores inmobiliarios siga guiando nuestro modelo económico, como si el pasado no existiera y no fuera necesario aprender de una vez la lección.
Confiamos en que las autoridades competentes sancionen a las entidades que contravienen la legalidad vigente, al igual que a cualquier ciudadano se le sanciona, embarga o condena cuando no cumple con sus obligaciones legales.