Caos en El Cabanyal. Agentes de la Policía Local desalojó ayer por la fuerza a los políticos y vecinos que se habían ‘atrincherado’ ante uno de los cinco edificios pendientes de demolición. Entre ellos, se encontraban las diputadas autonómicas Marga Sanz, Mónica Oltra y, así como el concejal socialista Vicente González Móstoles. El ambiente, que se […]
Caos en El Cabanyal. Agentes de la Policía Local desalojó ayer por la fuerza a los políticos y vecinos que se habían ‘atrincherado’ ante uno de los cinco edificios pendientes de demolición. Entre ellos, se encontraban las diputadas autonómicas Marga Sanz, Mónica Oltra y, así como el concejal socialista Vicente González Móstoles.
El ambiente, que se fue caldeando a medida que avanzaba la jornada, desembocó en una intervención policial pasadas las 13.00 horas. Los agentes pretendían garantizar el acceso de las grúas y excavadoras a las viviendas con orden de demolición.
Minutos antes, los vecinos habían recibido avituallamiento para continuar con la protesta, a la espera de que los juzgados 4 y 9 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) resolvieran los recursos presentados por la plataforma ‘Salvem El Cabanyal’ y la delegación del Gobierno.
Finalmente, el TSJ de Valencia, al parecer por dos veces, denegó la suspensión cautelarísima de las demoliciones, por lo que los servicios de municipales reemprendieron los trabajos. Justo entonces intervino la Policía.
‘Atrincherados’ en los edificios
Los agentes locales, que previamente habían establecido un cordón de seguridad, procedieron a retirar por la fuerza a los vecinos ‘atrincherados’ ante uno de los cinco edificios que el consistorio pretendía demoler este martes, en el número 15 de la calle de Vidal de Canelles.
La diputada de Compromís, Mónica Oltra, entre los manifestantes, fue arrastrada por los policías, al igual que la diputada de Esquerra Unida, Marga Sanz, y el coordinador de este partido en la ciudad, Amadeu Sanchis. Oltra ya ha anunciado que interpondrá una denuncia contra los agentes tras sufrir golpes en la cabeza.
También salió en volandas el secretario general del PSPV, Salvador Broseta, así como el edil socialista, Vicente González Móstoles, que a primera hora de la mañana se desplazó hasta el barrio para seguir en persona el desarrollo de los acontecimientos.
El desalojo, que prácticamente pudo seguirse en directo a través de las distintas redes sociales, fue efectuado principalmente por la Policía Local. La Policía Nacional, dependiente de la Delegación del Gobierno, se mantuvo inicialmente en un segundo plano.
Carga policial
Sin embargo, una vez desalojado el entorno del inmueble, agentes antidisturbios se apostaron en las distintas entradas para impedir el acceso de los manifestantes y permitir así los derribos. Aunque dos vecinos lograron burlar los controles para auparse hasta el tejado del edificio en el momento en el que la grúa iba a arremeter contra uno de los muros.
Esta acción retrasó durante algunos minutos -aproximadamente media hora- el derribo del edificio. Durante este tiempo se requirió la presencia de los Bomberos, que habilitaron una escalera hasta el tejado. Finalmente, dos agentes antidisturbios lograron reducirlos, aunque previamente intentaron disuadirlos sin éxito.
La nueva intervención de la Policía encendió los ánimos entre los vecinos, hasta el punto de provocar una carga, en este caso, por parte de la Policía Nacional, en la que hizo uso de sus porras.
Proceso judicial
Al filo de las 15.00 horas, los operarios municipales concluyeron la demolición del segundo edificio del Cabanyal. No obstante, todavía resta la ejecución de tres inmuebles en la calle San Pedro, en los números 25, 39, 101.
La batalla jurídica, en cualquier caso, todavía no ha finalizado. Según próximas fuentes de Salvem de El Cabanyal, la negativa del juez se ciñe únicamente a la paralización ‘cautelarísima’ de los derribos. En teoría, según estas mismas fuentes, el juez dispone de diez días para adoptar una decisión.
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, mantiene, de hecho, que la orden de expolio del Ministerio de Cultura, que prohíbe las demoliciones, continúa vigente. Desde el Ayuntamiento y la Generalitat se recuerda, sin embargo, que hoy (por ayer) ha entrado en vigor una ley autonómica -aprobada por las Cortes en marzo- que avala los derribos y que anula las ingerencias de otras administraciones.
«Ante la evidente actuación del Ayuntamiento de Valencia en contra de dicha orden es por lo que desde la Delegación del Gobierno se adopta la decisión de recurrir a los tribunales, porque es así como se actúa en un estado de derecho», afirmó Peralta.
Recursos y alegaciones
No es la primera vez que el Gobierno central recurre a los tribunales. Ya llevó al Constitucional el decreto-ley del Ejecutivo autonómico que legitimaba los derribos. La norma recurrida, en cualquier caso, ha quedado derogada por el nuevo texto.
Por su parte, la ministra de Cultura, ha anunciado que el Gobierno solicitará a los juzgados que adopten medidas cautelares «cuanto antes» para «impedir que avancen las demoliciones de bienes culturales» en el barrio valenciano del Cabanyal «porque son patrimonio histórico».
También la plataforma ‘Salvem El Cabanyal’ prepara nuevas acciones para tratar de evitar los derribos. En una asamblea urgente convocada ayer por la tarde diseñaron una nueva estrategia.
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/06/valencia/1270545884.html