Los agentes atribuyen al colectivo 65 acciones de protesta que habrían provocado daños superiores al medio millón de euros y atribuyen a tres de ellos el papel de “coordinadores”
La Policía Nacional ha concluido una operación a nivel nacional contra el colectivo Futuro Vegetal que arrancó hace semanas y que, en total, se ha saldado con la detención de 22 personas y su puesta a disposición judicial bajo la acusación de pertenecer a una “organización criminal”, entre otros delitos. Varios de ellos fueron arrestados a finales de diciembre, tal y como confirmó este periódico. En una nota de prensa, la Policía asegura que 65 acciones de los activistas contra el cambio climático han provocado daños por un valor superior a los 500.000 euros.
Entre los detenidos figuran tres personas a las que los investigadores otorgan un papel de “máximos responsables” de la coordinación de las acciones de protesta al tiempo que les atribuyen un rol de dirección de la supuesta “organización criminal”. La Policía cifra en 140.000 euros los “donativos” recibidos por Futuro Vegetal y añade que el colectivo tenía vínculos con otras organizaciones que en sus países también son tratadas como “organizaciones criminales”, sin precisar cuáles.
El arranque de las pesquisas se produjo después de que los activistas lanzaran pintura contra el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid en enero de 2022. Entre las 65 acciones que la Policía atribuye a los detenidos está el lanzamiento de “pintura” a la fachada del Congreso.
En realidad, los activistas lanzaron agua con remolacha que tiñó la pared de la Cámara Baja hasta que fue limpiada. Ocurre que sobre aquellos quince detenidos ya hay una acusación de la Fiscalía para que respondan por un delito contra el Patrimonio Histórico que, sin embargo, descarta el terrorismo o la organización criminal, como pretendió la Policía ya en su momento.
El pasado mes de diciembre fueron detenidos 15 activistas, lo que arroja la duda de si la Policía, que incluye la acción contra el Congreso como una de las investigadas, los incluye o no en la cifra total de 22 detenidos. La suma de aquellos y otros 15 de diciembre sumaría 30 detenidos, pero fuentes de la defensa aseguran que ninguno de los arrestados en diciembre ha pasado aún por el juzgado.
Otras acciones que los investigadores policiales atribuyen a los arrestados son el corte de la carreteras de circunvalación en Madrid, daños a obras del Museo del Prado y otros bienes privados y el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Madrid, con el consiguiente cierre temporal de las mismas.
Delito de organización criminal
La investigación de los activistas climáticos ha sido realizada por la Brigada Provincial de Información de Madrid, estructura antiterrorista de la Policía. La nota de prensa añade que los 22 arrestados han pasado a disposición judicial como presuntos autores de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.
Las detenciones, añade, se produjeron en Madrid, Barcelona, Cádiz, Murica, Elda (Alicante, Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián. Futuro Vegetal y otros grupos de activistas por el clima se hicieron hueco en la última memoria de la Fiscalía General del Estado bajo el epígrafe dedicado al terrorismo, referencia que el Ministerio Público eliminará el año que viene.
En los últimos meses, distintos comunicados de Futuro Vegetal han denunciado la “criminalización de la protestas irracional y desproporcionada” que, según su criterio, lleva a cabo la Policía con estas detenciones. En pasados comunicados han calificado de “ridícula” la atribución de un delito de organización criminal y defienden que la desobediencia civil “es un derecho reconocido por la propia ONU”.