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Los agentes atribuyen al colectivo 65 acciones de protesta que habrían provocado daños superiores al medio millón de euros y atribuyen a tres de ellos el papel de “coordinadores”
Además de la comisión ciudadana impulsada el mes pasado, varios jueces de Madrid investigan las muertes durante la pandemia mientras una magistrada de Collado Villalba ha pedido todos los detalles sobre los protocolos y la actuación del Ejecutivo autonómico
La incertidumbre en torno a una posible investidura aleja la posibilidad de una salida a la parálisis impuesta por el PP, que perpetuará una década inédita de mayoría conservadora en la institución más importante del tercer poder del Estado.
Los casos de El Algarrobico e Isla de Valdecañas dibujan el difícil camino desde una sentencia que declara la ilegalidad de una construcción hasta que los explosivos o las máquinas reducen el edificio a escombros.
El aval del Tribunal Constitucional a la ley que regula la muerte digna es el último episodio del fracaso de los recursos del PP y Vox sobre el aborto, el matrimonio igualitario, las listas electorales paritarias o la suspensión de desahucios en plena pandemia.
Un tribunal militar anula la única sanción impuesta: cinco días de empleo y sueldo al comandante encargado de investigar la filtración de uno de los informes manipulados, tras sabotear sus propias pesquisas y destruir la copia de 40 discos duros
Más de la mitad de las acusaciones de acoso de Corinna Larsen se quedan fuera del proceso después de que los tribunales británicos reconozcan la inviolabilidad de Juan Carlos I, misma consideración que le permitió evitar el banquillo en España por la gestión de su fortuna.
Los tribunales polacos prorrogan tres meses más la prisión provisional del periodista español, que ya lleva nueve encerrado, bajo acusaciones de espiar para Rusia en zonas de conflicto sin que las pruebas que hay contra él se hayan hecho públicas.
La Junta Electoral tendrá que decidir sobre el diputado de Unidas Podemos entre las protestas de la derecha por el informe de los letrados, que avalan que continúe en el Congreso. Hasta ahora, los políticos condenados han tenido que dejar su acta porque había pena de cárcel o porque la sentencia así lo indicaba: en el caso de Alberto Rodríguez no se dan ninguna de esas dos condiciones,