El Parlamento Europeo reclamó una “investigación internacional independiente”, mientras ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han documentado la “falta de independencia e imparcialidad” de los tribunales ecuatoguineanos.

Un sector relevante de la Justicia se levanta al calor de la amnistía para combatir con todos los altavoces posibles las decisiones del Gobierno y la mayoría parlamentaria.

Los vocales conservadores del CGPJ y asociaciones corporativas de jueces y policías se suman a los pronósticos apocalípticos de PP y Vox sobre el fin de la democracia si se consuma el acuerdo de investidura.

El catedrático de Derecho Penal, que ha coordinado el texto del Defensor del Pueblo, afirma que la “negación” de la pederastia por parte de la Iglesia ha sido “una de las cosas más dolorosas para las víctimas” y pide que se comprometa a repararlas, aunque también destaca la responsabilidad subsidiaria de los poderes públicos

El informe presentado en el Congreso incluye una encuesta que revela que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país, y que un 0,6%, unas 240.000 personas, han sido agredidas por parte de un sacerdote

La incertidumbre en torno a una posible investidura aleja la posibilidad de una salida a la parálisis impuesta por el PP, que perpetuará una década inédita de mayoría conservadora en la institución más importante del tercer poder del Estado.

Los reyes eméritos han cobrado más de tres millones de euros en salarios públicos en la última década, pero su desorbitado tren de vida se cubría con aportaciones de empresarios y líderes de dictaduras, que ahora motivan investigaciones por blanqueo en los tribunales.

Los socialistas españoles admiten que el acuerdo «no es perfecto» aunque ponen en valor que Canadá es «un socio necesario para regular la globalización»