La Policía Judicial acude a la sede del periódico para pedir «de buena fe» las grabaciones que desvelan las maniobras de Fernández Díaz para rentabilizar investigaciones a dirigentes catalanes. Los agentes se van con las manos vacías mientras un portavoz de la Policía admite que la investigación, iniciada «ante una posible ilegalidad», carece todavía de […]
La Policía Judicial acude a la sede del periódico para pedir «de buena fe» las grabaciones que desvelan las maniobras de Fernández Díaz para rentabilizar investigaciones a dirigentes catalanes. Los agentes se van con las manos vacías mientras un portavoz de la Policía admite que la investigación, iniciada «ante una posible ilegalidad», carece todavía de respaldo judicial.
Agentes de la Policía Judicial han intentado este viernes por la tarde que el diario digital Público les entregase «de buena fe» y sin petición previa de ningún juez las grabaciones que desvelan cómo el ministro del Interior y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña buscaron rentabilizar políticamente investigaciones sobre dirigentes independentistas catalanes. Así lo han confirmado a info Libre tanto un portavoz policial como el director de Público, Carlos Enrique Bayo. El periódico se ha negado a aportarlas.
Un portavoz oficial de la Policía ha señalado que la investigación -iniciada ante la sospecha de que la conversación entre el ministro Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso fue grabada ilegalmente- no cuenta todavía con respaldo judicial. Y que, por ello, los agentes que se han desplazado hasta la sede del diario se han limitado a solicitar su colaboración «de buena fe».
La fuente no pudo detallar ningún precedente de casos en que la Policía se haya personado en un medio de comunicación sin orden judicial para requerir documentos de valor informativo. «Pero hay muchísimos casos», asegura el citado portavoz.
Otras fuentes policiales corroboraron a info Libre la «legalidad» de que la Policía haya abierto por su cuenta una investigación sobre las grabaciones a Fernández Díaz. «Es legal, pero se habría hecho mejor acudiendo a un juez y poniendo la investigación en sus manos», añadió la fuente.