Ayer jueves continuaron los derribos en el barrio marinero, y por segunda vez las fuerzas policiales cargaron con agresividad contra la resistencia pacífica de los vecinos y valencianos que trataban de impedir el expolio. La presencia del subdelegado del gobierno supervisando la actuación avaló los modos de la Policía Nacional, calificados de «brutales» por víctimas […]
Ayer jueves continuaron los derribos en el barrio marinero, y por segunda vez las fuerzas policiales cargaron con agresividad contra la resistencia pacífica de los vecinos y valencianos que trataban de impedir el expolio. La presencia del subdelegado del gobierno supervisando la actuación avaló los modos de la Policía Nacional, calificados de «brutales» por víctimas y testigos. Ciudadanos y políticos de diferentes partidos reclamaron al gobierno el cese de Ricardo Peralta.
Ayer, como cada jueves, en las calles del Cabanyal, especialmente en el entorno de la avenida del Mediterráneo, rondaba el delito. Porque al habitual y tolerado menudeo de drogas en la zona (cuyos puntos de venta han sido denunciados en miles de ocasiones por los vecinos sin resultado alguno), se sumaban las decenas de puestos del mercado semanal en que se venden productos falsificados, así como el improvisado rastro ilegal en que vendedores sin licencia alguna tratan de sacar unos cuartos por artículos robados o de dudosa procedencia. Ayer, en cambio, era un jueves diferente, porque en el entorno del barrio se registraba, desde primera hora de la mañana, un fuerte dispositivo policial. Sin embargo, los agentes, como se vería más tarde, no habían acudido -tampoco esta vez- a detener a los delincuentes.
El relato detallado de los hechos podría, superficialmente, no diferir mucho del que hicimos de la agresión policial del pasado martes a pocos metros. Sin embargo, varios detalles aportaban a los sucesos de ayer diferencias relevantes. Como el martes, los vecinos y simpatizantes con ellos y la defensa del patrimonio de la ciudad, se reunieron alrededor de las nueve de la mañana para proteger un edificio, esta vez situado en la calle Francesc d’Eiximenis. Para entonces la Policía Local ya tenía acordonada el entorno del inmueble, pero aún no había accedido la excavadora que iba a derribarlo, por los que los ciudadanos se prepararon para ofrecer su resistencia pacífica al expolio del patrimonio, a la vista de que la Policía Nacional aún no se había presentado para velar por la legalidad.
No hubo enfrentamiento entre vecinos y policía
Sorprendentemente, los nacionales, que ya se encontraban en las proximidades del lugar desde tiempo antes irrumpieron en escena superadas las 10:15 acompañando a la excavadora, que tuvo que detenerse a escasos metros de los ciudadanos que, en mayor número que el martes, bloqueaban su paso sentados en el suelo. Fue entonces cuando, tras apartar un par de containers de basura que varios jóvenes habían también ubicado -ni volcado, ni incendiado- en el medio de la calzada para entorpecer el paso de la grúa, los antidisturbios de la Policía Nacional la emprendieron a golpes con los ciudadanos sentados en el suelo. Los ciudadanos retrocedían a duras penas al tiempo que recibían golpes indiscriminados de la Policía Nacional, mientras los más desafortunados se encontraban en su retroceso con agentes de la Policía Local, que respondían al contacto con nuevas agresiones.
En ningún momento se pudo hablar de enfrentamiento entre vecinos y cuerpos de seguridad: los ciudadanos pusieron sus cuerpos, la policía, las porras. Y todo, a diferencia del martes, bajo la supervisión in situ de Miguel Domínguez, concejal de seguridad (que dos días antes llegaba en los instantes finales de los sucesos), y el subdelegado del gobierno, Luis Felipe Martínez, supervisando desde un segundo plano el empleo de la fuerza de los agentes bajo su responsabilidad. Martínez, a preguntas de este diario, no hizo ningún reproche a la actuación de los nacionales. Cabe señalar, por otro lado, que los agentes de la Policía Nacional que fueron claramente identificados agrediendo a ancianos y personas indefensas, se negaron, cometiendo una flagrante ilegalidad, a dar sus números de placa a los periodistas y ciudadanos que se los reclamaron.
Los periodistas también reciben
Domínguez, por su parte, insultó a los ciudadanos presentes calificándolos a todos como «grupo de violentos», aunque toda la violencia que la policía obtuvo como respuesta a sus cargas la generó un grupo de jóvenes inferior a diez personas, que fue rápidamente recriminado y anulado por los vecinos del barrio y la mayoría de los manifestantes. Salvem el Cabanyal, que jamás ha actuado con violencia desde su fundación, condenó enérgicamente esta respuesta agresiva ajena, a pesar de su carácter aislado y minoritario. La última diferencia significativa con la anterior jornada la supuso el empleo de la violencia también contra los miembros de la prensa que cubrían los sucesos. Mientras el pasado martes los cuerpos de seguridad se cuidaron de agredir a los periodistas, ayer fueron varios los colegas que recibieron los golpes de sus porras. Al parecer la presencia de testigos que lleven las imágenes de lo que sucede en València fuera de los límites del barrio del Cabanyal, incomodó a los responsables de las fuerzas de seguridad. Unos hechos que ayer por la tarde condenaba en un comunicado la Unió de Periodistes Valencians.
Con decenas de ciudadanos magullados por las cargas policiales -al menos dos de ellos conducidos a dependencias sanitarias para ser atendidos por sus heridas-, las fuerzas del orden pudieron facilitar finalmente que el acto de expolio se llevara adelante. Los ciudadanos que quedaban en pie acudieron entonces a proteger otro inmueble en la calle San Pere, pero el difícil acceso al lugar, entorpecido por los vendedores del rastro ilegal instalado en uno de los extremos de la calle, seguramente acabaron por disuadir a las fuerzas policiales de acometer ese nuevo derribo. Poco tiempo después, vendedores ilegales y comerciantes de artículos falsificados, recogieron sus puestos con normalidad, y el comercio ilegal en el barrio volvió a reducirse a los puntos de venta de drogas. La policía ayer por la mañana, como habitualmente, no visitó el barrio para solucionar esos problemas.
EU y Compromís reclaman la salida de Ricardo Peralta
«La brutalidad» con que se empleó ayer la Policía Nacional fue el argumento empleado por Marga Sanz, coordinadora de EU, para pedir a Ricardo Peralta su dimisión al frente de la Delegación del Gobierno, al tiempo que exigía la apertura de una investigación para determinar por qué se están llevando a cabo estas «durísimas» cargas contra ciudadanos indefensos y periodistas. Mónica Oltra, desde Compromís, elevaba su exigencia y pedía al gobierno central el cese de Peralta, «inhabilitado para el cargo que ocupa por todo lo que sucedido durante los últimos días». Fuentes socialistas manifestaban a este diario su malestar por cómo se está actuando desde Delegación del Gobierno y apuntaban que el sinsentido de no velar por el cumplimiento de una orden ministerial y atacar en cambio a los ciudadanos que asumen ese papel, puede deberse a un enfrentamiento interno entre Peralta y el Subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, que «es el que tiene las competencias sobre los cuerpos de la Policía Nacional». No obstante, el centro de las críticas a pie de calle se sitúa en Peralta, cuyo silencio durante los últimos días, sólo roto en el magazine radiofónico de la Cadena Ser, Locos por Valencia -en el que el presentador Arturo Blay parecía ejercer ayer de portavoz del Delegado, justificando desde el estudio la agresividad policial-, y con grises comunicados escritos, no acaba de favorecer su delicada posición.