Tras el verano de 2004, el gobierno del PSOE retomó la iniciativa en un escenario cuidadosamente elegido: un mitin romería que anualmente celebra la UGT para los mineros asturianos y leoneses en Rodiezmo (León). El domingo 5 de Septiembre de 2004, con un baño de masas y en un escenario evocador de su pasado obrerista […]
Tras el verano de 2004, el gobierno del PSOE retomó la iniciativa en un escenario cuidadosamente elegido: un mitin romería que anualmente celebra la UGT para los mineros asturianos y leoneses en Rodiezmo (León). El domingo 5 de Septiembre de 2004, con un baño de masas y en un escenario evocador de su pasado obrerista y antifranquista (Fernández Villa y Guerra recordaron el pasado heroico del maquis en esa montañas), Zapatero puso sobre la mesa nuevas reformas sociales.
Ratificó que, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2005, las pensiones mínimas aumentarían entre un 6 % y un 8%, el doble de la subida media del conjunto de las pensiones que sería del 3%. Este último incremento beneficiaría a 3 millones de personas y su coste para el estado sería de 400 millones de €.
También informó de otras medidas: las personas que recibirían ayuda para vivienda serían 500.000. Más del doble que en el 2004; la creación de 25.000 nuevas becas de estudios para jóvenes pertenecientes a familias de escasos recursos y, arropado por Cándido Mendez y por José Angel Fernández Villa, secretario general del SOMA-UGT, anunció que «2004 será un año de fecundo diálogo social».
A continuación, mostró su orgullo y su apoyo a las ocho ministras del gobierno, criticadas por posar en una revista de moda y prometió colocar entre sus prioridades la lucha contra las desigualdades de género, la legislación para permitir el matrimonio homosexual, la investigación con células madre, ya que ninguna moral impuesta puede prevalecer sobre el derecho a la curación, la reforma de la ley de calidad de la enseñanza para eliminar la segregación a los niños desde abajo y el apoyo a los profesores para la educación de niños con dificultades.
Tras una mañana de intensas emociones obreras y reformistas, compartidas por una nada despreciable representación (35.000 personas) del nada despreciable electorado socialista (10,9 millones de votos), Zapatero anunció por la tarde, en su visita al Hospital de Orbigo (León), una Ley de Desarrollo rural que garantice las infraestructuras y el desarrollo en los pueblos.
El viernes 2 de septiembre, el consejo de ministros aprobó proponer al parlamento la supresión de la «Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social», conocida como Ley de Acompañamiento a los PGE [1].
La ofensiva reformista del PSOE escenificada en la primera semana de septiembre de 2004, puso sobre el tapete una realidad política y sociológica de la que es ineludible partir para una cabal comprensión de lo que tenemos delante. Se trata de reformas que introducen cambios reales respecto a algunas de las políticas del PP. Estas medidas favorecen a colectivos diversos y se aplican por dirigentes políticos que, además de estar elegidos democráticamente, cuentan con una base social activa de masas, como demuestra el acto del PSOE en Rodiezmo.
Es necesario el análisis detallado de las medidas , pero también del papel que dichas medidas tienen respecto a los problemas que intentan resolver. Debemos analizar hasta que punto, una medida soluciona el problema o, simplemente, aparenta que lo soluciona, pero deja intacto – e incluso refuerza – el mecanismo causante del problema. También tendremos que ver, más allá del maquillaje antifranquista de algunos dirigentes políticos y sindicales, el compromiso de la mayoría de ellos con la monarquía españolista y postfranquista, así como con las políticas de gobernabilidad de la globalización y sus secuelas de precariedad, hipotecas, subordinación a potencias extranjeras, corrupción, clientelismo, mentiras y degradación de la política ante la economía. La imagen de izquierdas se basa simplemente en ser la izquierda de la derecha neoliberal y neofranquista. Lo que, a su vez, solo es posible impidiendo que exista una izquierda verdadera. En el estado español existe una diferencia específica respecto al resto de los países europeos: a) La derecha tradicional no solo tiene una enorme fuerza electoral sino que la tiene como prolongación del régimen franquista instaurado a través de un golpe militar, una guerra civil y una feroz represión durante 40 años, b) La izquierda en España es el partido socialista. Pero a diferencia de Europa, el PSOE se montó apresuradamente entre 1974 y 1977 a partir de un grupúsculo de jóvenes ambiciosos que, con la franquicia del PSOE histórico, el apoyo de EEUU y Alemania y la utilización sagaz del anticomunismo de masas inoculado por el franquismo, se alzó en tres años con la representación mayoritaria de la izquierda y en ocho años con la mayoría parlamentaria y el gobierno del estado.
Ahora, desde la oposición, el PP destapa la caja de las esencias franquistas para deslegitimar, por radicales y traidoras, las tímidas reformas del PSOE respecto a algunas de las políticas que ambos han compartido desde la muerte de Franco. El PSOE, en el gobierno desde III´04 avanza, hasta ahora, con el viento en las velas del crecimiento económico, el impacto fiscal de los 700.000 puestos de trabajo de inmigrantes aflorados en la regularización de 2005 y la oleada de reformas democráticas. Todo ello con una arrolladora iniciativa política cuyos límites empiezan a vislumbrarse ya. Pero sin un movimiento de masas contra las políticas neoliberales y neofranquistas que le obligue a hacerlo, el PSOE no abandonará las políticas flexibilizadoras y privatizadoras, ni realizará reformas democráticas verdaderas, sustrayéndose a las amenazas de desestabilización del «Bloque de Constitucionalidad» encabezado por el PP, cuya impronta política contiene la legitimidad del «alzamiento nac ional» de 1936.
MANIFESTACIÓN EN MADRID CONTRA LA REFORMA LABORAL
MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE A LAS 19’30 h. DESDE ATOCHA A JACINTO BENAVENTE
* Agustín Morán es miembro del CAES
NOTA:
[1] Esta ley fue promulgada en 1992 para regular cuestiones vinculadas a los PGE. Los gobiernos con mayoría parlamentaria la han aprovechado para introducir modificaciones que tenían poco que ver con dichos presupuestos. La Ley de Acompañamiento se tramita, al igual que los presupuestos, durante los tres últimos meses del año. Primero en el Congreso y después en el Senado. La aplicación fraudulenta del espíritu de esa ley consistía en esperar a las enmiendas en el senado, último trámite parlamentario de los PGE, para colar un sinnúmero de modificaciones (el PP introdujo 126 en el debate de los PGE de 2004) con un plazo de solo tres semanas. Este truco impedía un verdadero debate y permitía sacar adelante decisiones difícilmente presentables. Algunos ejemplos de lo que ha sido calificado como «inseguridad jurídica» por el Consejo Económico y Social son: las vacaciones fiscales (1994); las fundaciones sanitarias (1999); la transferencia de 3 billones de pesetas a las Eléctricas como ayudas por los costes de transición a la competencia (CTC) una de las estafas que las grandes empresas realizan desde el Estado a toda la ciudadanía; la ley de cajas; la modificación de la ley del medicamento; el aumento de las concesiones de autopistas a 75 años; la enmienda por la que se retira a la Generalitat, la facultad de vetar el trasvase del Ebro; la modificación de la ley de empleo por la que el rechazo a las ofertas de empleo de una ETT se considerará como rechazo a una oferta del INEM para los trabajadores perceptores del seguro de desempleo; la reforma del IRPF que redujo de 10 a 8 los tramos del impuesto. La modificación de la Ley de Acompañamiento de los PGE supone, formalmente una mejora en la transparencia administrativa y fiscal.