Periodistas, políticos, empresarios… En el reino borbónico hay demasiada gente interesada en que un supuesto proceso de paz que termine definitivamente con el histórico conflicto vasco-español fracase. Aún mejor si ni siquiera nace. ¿Que quiénes son? Verde y con asas. «Cherchez l’argent», debiera haber dejado escrito monsieur Alexandre Dumas. De todas las voces que se […]
Periodistas, políticos, empresarios… En el reino borbónico hay demasiada gente interesada en que un supuesto proceso de paz que termine definitivamente con el histórico conflicto vasco-español fracase. Aún mejor si ni siquiera nace. ¿Que quiénes son? Verde y con asas. «Cherchez l’argent», debiera haber dejado escrito monsieur Alexandre Dumas. De todas las voces que se han pronunciado en las últimas horas sobre el particular, la más esclarecedora ha sido, sin duda, la de Enrique Ramos, concejal del Partido Socialista de Euskadi en el ayuntamiento de San Sebastián. El miembro del equipo del Gobierno municipal que preside Odón Elorza ha reflexionado en alto sobre los intereses políticos y económicos que hay detrás del lucrativo negocio de seguridad generado en torno a los miles de guardaespaldas. Una industria que se iría al garete. Y sólo es un ejemplo.
En las últimas horas, muchas han sido las opiniones vertidas sobre el histórico conflicto vasco-español. Pocas, sin embargo, han hecho un llamamiento a la cordura de las partes.
Así, el periodista leonés José María Calleja, paradigma de los muchos juntaletras que han medrado al rebufo del victimismo, declaró ayer que hay que «decir muy alto y claro que estamos ganando la batalla contra ETA, que estamos achicando los espacios del terrorismo y ensanchando los de la libertad», y afirmó a continuación que «ha costado muchos años, sangre y esfuerzo establecer el desprestigio social de la muerte, que hoy no haya gente en las calles del País Vasco gritando ‘ETA, mátalos’, que hoy apenas la gente se atreva a decir que apoya explícitamente a ETA, cuando antes era mayoritario, y que hoy las víctimas tengan un reconocimiento humano y también político». En resumen, no hay que negociar aunque el sufrimiento se prolongue sine die.
Por su parte, la agencia Vasco Press -próxima a la familia Zarzalejos- filtró el sábado, sin citar una sola fuente, una supuesta decisión de ETA´de «suspender de militancia» a seis presos políticos, abriendo la puerta a todo tipo de especulaciones de los etólogos profesionales, que opinaron ayer sobre una información sin contrastar en todos y cada uno de los medios de Falsimedia.
Vasco Press basaba su información en una carta firmada el año pasado por el preso vasco Francisco Múgica Garmendia y cinco más, que fue filtrada a la opinión pública, de forma interesada, por Aralar, el partido escindido de la izquierda abertzale, lo que llevó al Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) a declarar persona non grata a su dirigente Patxi Zabaleta.
Precisamente, Zabaleta fue uno de los primeros políticos que valoraron ayer esa supuesta decisión de ETA, que criticó porque «no está respetando la disidencia». El dirigente de Aralar reiteró que en el colectivo de presos políticos, «con diferentes argumentos», es «muy mayoritario el sentimiento de la necesidad de abandonar las armas».
Otra opinión fue la emitida por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que aseguró que «el Gobierno sólo espera de la banda terrorista que abandone definitivamente las armas, que deje definitivamente la violencia».
También desde el Gobierno, el ministro del Interior, Jose Antonio Alonso, consideró ayer que «la democracia deber ser inmune a los discursos» de una organización terrorista y agregó que «lo que hay que hacer contra ETA es luchar con toda la firmeza, determinación y legitimidad del Estado de Derecho», ya que «ETA es una organización terrorista y la democracia deber ser inmune a sus discursos».
Recordó que «estamos contra ETA y todo su entorno luchando con la máxima determinación, como lo demuestran los resultados», en alusión «a las más de 170 detenciones, muy importantes cualitativamente, desde que estamos en el Gobierno, que continúan una sucesión histórica de éxitos y de debilitamiento progresivo de la banda terrorista».
Además, se remitió «a la colaboración internacional que hay sobretodo desde Francia, así como a la legitimidad y a la fortaleza moral y operativa de la Policía y de la Guardia Civil, que tiene el Estado de Derecho con la lucha terrorista».
En el mismo sentido se expresó el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, quien declaró que «estas expulsiones» demostrarían que ETA «todavía no está suficientemente madura» para dejar las armas.
El portavoz del Partido Popular en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, Leopoldo Barreda, manifestó que «no hay mucho que valorar» porque «ETA sigue en lo mismo que ha hecho en los últimos cuarenta años».
Y también opinó el portavoz de la Presidencia de Ezker Batua, la franquicia vasca de Izquierda Unida. Mikel Arana, señaló que esas expulsiones «sólo tienen un valor simbólico de cara a mantener unida a ETA en su propia estructura». No obstante, para Arana «la apuesta por la superación de la violencia y el cese de la lucha armada responde a un sentimiento mayoritario de la izquierda abertzale».
Más patético fue su jefe, el coordinador general de Izquierda Unida. Gaspar Llamazares aprovechó para emplazar a Batasuna a que «secunde el movimiento crítico que tiene lugar dentro de ETA».
Sin embargo, fue Enrique Ramos, edil del PSE en el ayuntamiento de San Sebastián, el que dio en el clavo al asegurar que «hay intereses políticos y económicos detrás del actual sistema de escoltas que no van a ser fáciles de desmontar de la noche a la mañana».
Pero no es sólo, como se podría pensar, que peligre el negocio de seguridad que ha enriquecido, entre otras, a la familia Mayor Oreja. También el PNV aprovecha la coyuntura para obtener valiosas informaciones de primerísima mano sobre los movimientos de los escoltados. Lo mismo el PSOE desde el Gobierno de Madrid. Piensen en que los guardaespaldas suelen ser policías que dependen de los Gobiernos de Madrid o de Vitoria, según pertenezcan a la Ertzaintza, a la Guardia Civil o al Cuerpo de Policía Nacional.
Y, como señalaba ayer el diario Gara, hay una tercera variable a tener en cuenta. La de que puede haber instancias políticas que no quieran ofrecer la imagen de normalidad política que daría una calle sin escoltas y que podría contribuir a que se palparan los avances de un proceso de solución.
Insisto en que son muchos los interesados en que el incipiente proceso de paz naufrague.