En el museo de la inquisición española de Santillana del Mar existe una buena gama de artilugios ideados para ejercer la tortura. Es fácil que al sobrecogido visitante le llame la atención, no solo lo demencial de instrumentos y suplicios, sino el hecho de que gran parte de ellos fuesen concebidos para el escarnio en […]
En el museo de la inquisición española de Santillana del Mar existe una buena gama de artilugios ideados para ejercer la tortura. Es fácil que al sobrecogido visitante le llame la atención, no solo lo demencial de instrumentos y suplicios, sino el hecho de que gran parte de ellos fuesen concebidos para el escarnio en público. Que si unos para colgarte en un camino, que si otros para trocearte en una plaza y así unos cuantos. En un rincón del museo, aún mas lúgubre si cabe, se hace una comparativa entre dos métodos semejantes, que aún siendo uno del pasado y otro del presente coinciden en la intención de crear dolor y luego muerte. Se trata de la silla de pinchos y la silla eléctrica. En ambas se sufre y se muere, haciendo de la función, dudosamente ejemplarizante y netamente punitiva, la misma cosa, con la única diferencia del factor tiempo. En una se muere mas rápido. En la otra, mas lento.
La tortura, como estas sillas, ha podido cambiar en muchos aspectos, mas sobre todos ellos cabe destacar una diferencia importante, y es la cuestión de su imagen pública. No significa necesariamente que resulte impopular esta forma de violencia o que se sepa de su existencia, sino mas bien el hecho de que trascienda, de que se visibilice y valore a la luz de la opinión pública. Sin ir mas lejos, y aunque los medios mas poderosos del estado lo oculten, hoy en España se tortura, sobre todo a ciudadanas y ciudadanos vascos. Es un hecho que lleva no años, sino décadas probado y denunciado por Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y docenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, públicas o privadas de todo el mundo.
En el último informe emitido recientemente por el equipo internacional de Martín Scheinin (el relator de Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos) se denuncia al Estado español como responsable de torturas frecuentes, a lo que el Gobierno de Madrid respondió que lo reflejado en estos documentos, ?no se corresponde a la realidad de la lucha contra el terrorismo, ni al sentir compartido de la sociedad española?. La primera frase, la de ?no se corresponde a la realidad de la lucha contra el terrorismo? es para los investigadores de Naciones Unidas, simplemente mentira, pero la mas subjetiva segunda frase, aquella del ?sentir compartido de la sociedad española?, en caso de que fuera verdad, es inquietante, muy seria. Significaría que, o bien la sociedad española piensa que no se tortura, o bien que sabe de estas, pero por un motivo u otro, las tolera.
Si aplicamos la famosa máxima de Horacio Verbitsky según la cual «periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa», en la cuestión de la tortura estamos ante un caso de urgencia periodística pura. Sin embargo, la prensa española con mas visibilidad calla, evitando generar cualquier tipo de debate. Y es que ellos son en cierta medida responsables de que se siga torturando con impunidad, pues la gente si no sabe, es porque no le informan, o si sabe (gracias a canales de información alternativos) y calla, debe considerarse bien legitimada, pues esa influyente prensa ensalzada por el Estado como paradigma de la democracia, también permanece callada. Por lo tanto, ¿va a movilizarse la ciudadanía española contra la tortura, si los grandes medios de comunicación no lo hacen? Difícilmente.
El apego de los mass media a los réditos que da la escolta del Poder, y una lealtad de Estado mal entendida, perpetúan, por su silencio, la tortura; y lo hacen de forma activa cuando desprecian informar sobre hechos contrastados. Aún peor, algunos de estos medios (demasiados) incluso criminalizan los loables esfuerzos de gentes y organizaciones que con gran precariedad tratan de erradicar el abuso de autoridad.
«Vamos a ver, apaga la cámara y vamos a plantear los términos de la entrevista» fue lo que Antonio Camacho, secretario de Estado para la seguridad, respondió en el 2007 al periodista australiano de la SBS (Special Broadcasting Service) David O´Shea cuando este, alarmado por los datos aportados entonces por Theo Van Boven (Naciones Unidas) le preguntó sobre los numerosos casos de torturas a ciudadanas vascas y vascos. Es decir, tuvo que venir alguien de las antípodas para hacer lo que ningún periodista español ha hecho: su trabajo.
Poseer fuentes de información de las que cada día beben millones de personas es un privilegio lícito, pero también una responsabilidad. Los periodistas asalariados por estas corporaciones son libres de decidir cual es su forma de entender el oficio de informar dentro de estos negocios, pero se echa en falta que ni tan siquiera en la práctica totalidad de sus blogs privados, o a través de los nuevos debates que surgen en Twitter o Facebook, tampoco expresen apenas nada sobre la lacra de la tortura. Contrariamente a lo que se podría pensar, en estas semanas de juicios determinantes para la historia vasca de lucha contra la tortura, ni siquiera ninguno de los nuevos medios digitales y progresistas que dicen estar a favor de los derechos humanos han optado por informar. Su silencio es político.
Paradójicamente, la prensa española y muchos periodistas que trabajan en ella, llevan mas de una semana escandalizados con los documentos sobre torturas aportados por Wikileaks. Antes lo hicieron, como una moda cómoda (por la distancia) sobre lo que sucede en Guantánamo, y unos cuantos, los menos, sobre el ya olvidado caso de las cárceles secretas y los vuelos de la CIA. El único debate existente para ellos sobre la tortura en España, es el que concierne a las corridas de toros, y -reveladoramente- ni siquiera en este campo, los que están por abolirlas son mayoría en las tribunas informativas. Por otro lado, «malos tratos», es el tímido eufemismo con el que la prensa aborda el tema de la creciente violencia ejercida -sobre todo- contra inmigrantes en comisaría. Normalmente, la «denuncia» se reduce a un vídeo morboso (de las cámaras del circuito cerrado interno) publicado en las versiones digitales de los diarios durante un corto periodo de tiempo, y helo aquí el quid de la cuestión: la falta de cámaras como protocolo de seguridad en los cinco días que dura el periodo de incomunicación que sufre toda persona acusada de pertenecer al elástico entorno de ETA. Muchas organizaciones pro derechos humanos lo han sugerido en el caso de la llamada «lucha contra el terrorismo», pero el Gobierno, aún diciendo no tener nada que ocultar, se niega. ¿Por qué a los periodistas de España no les extraña que los etarras se autoinculpen y transmitan todo lo que saben durante la incomunicación en España y no en Francia?
Profesoras, artistas, trabajadores o estudiantes. Durante décadas, todo tipo de gente ha sido torturada a su paso por los cuarteles y comisarías. Y es que, «como casi todos los etarras denuncian torturas, casi todos los que denuncian torturas son etarras» es el sofisma empleado por prensa y Estado, no solo contra presuntos etarras, sino contra todo aquel que ha tratado arrojar luz sobre lo que sucede en el periodo de incomunicación. Así, por la amenaza de ser señalado como simpatizante de «los terroristas», se ha intimidado a quienes se les ha pasado por la conciencia denunciar este tipo de violencia utilizando la libertad de expresión. No sería casualidad que los medios mas críticos con este tipo de abusos fueran clausurados. Tampoco que varios periodistas trabajadores en estos, probasen, en carne propia, las mismas torturas que antes hicieron públicas.
Pretender ampararse en las exorbitantes violaciones de los derechos humanos cometidas por ETA para justificar o encubrir las propias, es una argucia política propia de un conflicto, el cual, contradictoriamente Estado y medios niegan. El periodismo, respetando cualquier ideología o línea editorial que tenga, debería apartarse de esta anacrónica estrategia represiva, pues si este oficio no contribuye a liberar los cuerpos y las conciencias, se podrá llamar de cualquier forma, pero no periodismo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.