El 2020 arrancó en Colombia con una medida que si bien no soluciona el problema de la corrupción, debe representar un campanazo de alerta para quienes mantienen esta vieja práctica tanto en el sector público como privado. Me refiero a la prohibición de otorgar casa por cárcel para torcidos, aquellos que desangran y malversan los […]
El 2020 arrancó en Colombia con una medida que si bien no soluciona el problema de la corrupción, debe representar un campanazo de alerta para quienes mantienen esta vieja práctica tanto en el sector público como privado. Me refiero a la prohibición de otorgar casa por cárcel para torcidos, aquellos que desangran y malversan los presupuestos, aprobada a mediados de diciembre último pese a la renuencia de congresistas.
¿Quiénes serán cobijados por esta medida? Aquellos que hayan incurrido, entre otras actividades, en el tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno y, también, soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y aquellos delitos que afecten el patrimonio del Estado.
El asunto no puede pasar desapercibido y amerita que todos los colombianos se mantengan alerta ya que, por años, se conocieron infinidad de casos en los cuales delincuentes de cuello blanco, después de haber protagonizado cuantiosos robos, terminaban en casa viviendo mejor que en un hotel al tiempo que disfrutaban de lo sustraído. Eso solo ocurría en un país del realismo mágico como Colombia, en donde son naturales hechos tan inverosímiles como que alguien vaya a la cárcel porque roba en un almacén ya que tenía hambre.
La iniciativa es diferente del Estatuto anticorrupción – de autoría de la Fiscalía – que hará tránsito en el Congreso y que contempla endurecer las condiciones de reclusión de los condenados.
Todas las medidas son bienvenidas en una nación donde la corrupción ha permeado todos los sectores, de los cuales el 70% se presentan en el sector público -principalmente en educación, infraestructura, transporte y salud– de acuerdo con la Corporación Transparencia Colombia.
Por supuesto, lo que se ha venido tejiendo, aún es muy prosaico y responde a la presión popular y a las movilizaciones. De hecho, los cacerolazos cuando los congresistas debatían la ley de prohibir la cárcel a los corruptos, determinaron una votación masiva. De lo contrario, como en otros casos, hubiesen hecho las mil y una maromas para hundir el proyecto. Ya lo habían hecho antes.
Lo que esperamos en un país precarizado como Colombia, es que todos los corruptos se vayan a la cárcel, así nos quedemos sin un buen número de avivatos de la política, congresistas, funcionarios públicos, gobernantes y empresarios. Es la única vía para imprimir cambios que den paso a la equidad y no permitan que un grupo reducido, viva con privilegios a costa de una enorme base trabajadora y de clase media.
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