Sostiene el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia sentirse «indignado» por «la actitud de algunos agentes» en la redada policial del pasado viernes 27 de junio en Torre Pacheco (Murcia), la cual es calificada como un «control rutinario» de inmigrantes indocumentados. ¿De qué naturaleza puede estar hecha la indignación de un Delegado del […]
Sostiene el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia sentirse «indignado» por «la actitud de algunos agentes» en la redada policial del pasado viernes 27 de junio en Torre Pacheco (Murcia), la cual es calificada como un «control rutinario» de inmigrantes indocumentados.
¿De qué naturaleza puede estar hecha la indignación de un Delegado del Gobierno? La misma parece focalizarse en la fotografía de portada del periódico La Verdad del sábado, en la que un aguerrido policía municipal agarra violentamente del cuello a un inmigrante. Ciertamente no es muy grato comprar el periódico el sábado en la mañana camino de la playa, y encontrarse con esa fotografía. Y sin embargo esa «actitud de algún agente» es lo que menos importa en este episodio.
Lo realmente indignante no reside en lo que parece indignar al Delegado del Gobierno: el comportamiento desviado de algunos agentes. Es precisamente lo que denomina «control rutinario» donde ha de situarse la profunda indignidad de la orden dada por el Delegado del Gobierno para que ese día más de cien agentes policiales tomaran el centro de Torre Pacheco y se pusieran a la búsqueda de inmigrantes indocumentados. Es el hecho en sí de la redada lo más preocupante. Las imágenes fotográficas del «control rutinario» expresan la racionalidad organizativa y minuciosidad de la planificada redada policial:
Distribución en el centro urbano de Torre Pacheco de más cien agentes policiales, todos ellos posicionados en puntos desde los cuales desplazarse según un plan de movilidad perfectamente coordinado en función de los lugares donde habitan los inmigrantes (lo cual muestra un conocimiento detallado de la vida cotidiana de la gente inmigrante en la localidad);
Localización de los inmigrantes potencialmente retenibles y procedimiento para la organización de la «identificación» de los mismos. Centenares de inmigrantes son trasladados y concentrados en tres plazas, la mayoría de ellos de procedencia africana (lo que evidencia que la orden del Delegado del Gobierno estaba modelada con criterios étnicos), todos dispuestos en fila, mientras que un funcionario policial les solicita la documentación y comprueba si su residencia en España está «en regla». Finalmente, son detenidas 58 personas que no han cometido delito alguno, pero que quedan inevitablemente «criminalizadas» por el dispositivo de la redada.
La fotografía aparecida en los medios de comunicación de esta fila cuantiosa de africanos vigilada por agentes de policía, mientras que otro funcionario les supervisa la documentación de forma civilizada, racional y sistemática; expresa el lado frío de la almohada sobre la que dormita el Delegado del Gobierno. Una racionalidad de poder en la que el imperativo kantiano de la dignidad tiene una acogida problemática. Más preocupante es aún, por la irresponsabilidad que denota, el que nuestro Delegado del Gobierno diga que si hubiera conocido con detalle el operativo policial no lo hubiera autorizado, ya que se quedó sorprendido de su «magnitud y dimensión».
Al Delegado del Gobierno le preocupa «la actitud de algunos agentes». ¡No fueron buenos profesionales!, parece querer decirnos. Sin embargo, las actitudes poco profesionales de la redada son la anécdota, y lo que menos importa. Lo realmente importante es la profesionalidad con la que se llevó a cabo, y sobre todo lo que expresa en términos políticos. Varios son los efectos prácticos buscados con esta redada-cacería de inmigrantes indocumentados:
Por un lado, un efecto demostración, a través del cual el gobierno quiere demostrar a sus socios europeos que puede y quiere mostrarse tan contundente con la inmigración indocumentada, como sus socios europeos. Demostrar que es un gobierno a la altura de la recientemente aprobada Directiva de Retorno de Inmigrantes (Directiva de la vergüenza), y merecedor de la credibilidad de un Sarkozy (y de un Berlusconi) para alcanzar un pacto sobre inmigración de cara a la Cumbre europea del próximo mes de octubre. Un efecto demostración también a nivel interno, de cara al electorado más derechista y al Partido Popular, a quiénes se manda el mensaje de la contundencia con la que se quiere aplicar la dura medicina contra la inmigración indocumentada, esos residuos humanos para los que se busca un vertedero, y cuya gestión es muy rentable electoralmente.
Por otro lado, un efecto de escarmiento dirigido al colectivo de inmigrantes que más le toca al Estado las partes más íntimas de su anatomía, esto es, las fronteras. La redada tenía claramente un objeto de amedrantamiento del colectivo africano, y particularmente marroquí. A pesar de que son cuantitativamente los menos numerosos dentro de la inmigración indocumentada residente en España, sin embargo, dada la fuerza simbólica de su trasgresión de la línea fronteriza a través de pateras, cayucos o saltos de la verja de Melilla-Ceuta, son los más hostiles para aquéllos que consideran que lo más sagrado e intocable que tiene el Estado es la institución de la frontera.
¿Puede un delegado del gobierno indignarse, llorar e incluso soñar con que otro mundo es posible? Inevitablemente, la respuesta es negativa.
Andrés Pedreño. Profesor Titular de Sociología de la Universidad de Murcia y miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia