Desde hace once días está volcado en las vías publicas el campesinado del Catatumbo nortesantandereano. Desde el municipio petrolero de Tibú, en la frontera con Venezuela; hasta la ciudad de Ocaña, en el Nororiente colombiano, el movimiento popular campesino exige: 1.- La suspensión de la erradicación de cultivos ilícitos (coca), con aplicación de proyectos agropecuarios alternativos. 2. […]
Desde hace once días está volcado en las vías publicas el campesinado del Catatumbo nortesantandereano.
Desde el municipio petrolero de Tibú, en la frontera con Venezuela; hasta la ciudad de Ocaña, en el Nororiente colombiano, el movimiento popular campesino exige:
1.- La suspensión de la erradicación de cultivos ilícitos (coca), con aplicación de proyectos agropecuarios alternativos.
2. La delimitación de las Zonas de Reserva Campesinas (ZRC).
3. Garantías de respeto a los Derechos Humanos, para que los campesinos puedan expresar sus protestas.
La suspensión de erradicación manual de cultivos ilícitos, ha sido por décadas una reivindicación del movimiento campesino, avasallado por la presencia militar en sus huertas y veredas, que cumplen con la función de contratistas y ejecutores; con el manejo de miles de erradicadores «raspachines», seleccionados con personal de la guerra contrainsurgente. La inconmensurable suma de dineros oficiales en esa estrategia, alivia de los sobrecostos de la guerra a la institución armada colombiana y desplaza las iniciativas de efectivos proyectos de retorno a los cultivos tradicionales del pan coger. Las familias campesinas afectadas e involucradas ante la cruda realidad de los hechos, proponen el auxilio anual de un 1.5 millón de pesos colombianos (800 dólares), para comenzar con la aplicación de sustitución de cultivos. Los todopoderosos militares colombianos se constituyen en jueces y parte en esa coyuntura explosiva.
Las Zonas de Reserva Campesinas (ZRC) son como letra muerta de creación legal. Resumen el espíritu ecológico y la conciencia natural de reserva y protección del medio ambiente y del campo, expresada por el movimiento campesino. Sintetizan el espacio propio para garantizar el desarrollo social y económico de la región, en vía contraria al interés agro industriales del capital mafioso y de invasión internacionales; para impedir el latifundio y superar el minifundio.
Las ZRC concretan las realidades de las reivindicaciones alcanzables por el movimiento popular y campesino; por ello exigen sus delimitaciones y alcances en esa visión de un Nuevo Campo colombiano que clama por la aplicación de una Reforma Rural Integral.
Explicable que sea la ciudad de Ocaña, epicentro de la protesta del movimiento campesino, como quiera que como capital provincial de 11 municipios del Catatumbo, han confluido a ella los desplazados por la guerra. En comparación poblacional, Ocaña recibe mas desplazados por la guerra que ciudades como Medellín y Buenaventura, ubicadas como las de mayor recepción de desplazados por la guerra, en Colombia.
Las Zonas de Reserva Campesinas, reivindicadas por el movimiento popular, comprenden 326 Veredas ubicadas en los Municipio de El Carmen, Convención, Teorama, Hacari, San Calixto, El Tarra y Tibú (el más poblado de todos esos municipios). Ellas abarcan un área de 370.000 hectáreas en el Departamento de Norte de Santander.
El tema de los Derechos Humanos, constituye aspecto álgido en la Provincia de Ocaña. Los delitos de lesa humanidad contra el Estado colombiano se descubrieron ante Colombia y el Mundo por las Madres de Soacha, que desenterraron los cadáveres de sus hijos, asesinados por la Fuerza Publica de Colombia y enterrados en la vereda Las Liscas; contiguo a los terrenos del Batallón Santander, del ejército colombiano. Entonces esa «eficiente» inteligencia militar hizo pasar a apreciados jóvenes colombianos, hijos de familia, como guerrilleros «muertos» en combate (para cobrar recompensas). La justicia ordinaria (no militar) colombiana ha condenado a algunos autores de bajo rango; pero los generales salpicados están impunes!
LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE LOS CAMPESINOS PUEDAN EXPRESAR SUS PROTESTAS, SON NULAS.
Todo, todo, está penalizado en Colombia, hasta criticar a un ex presidente mafioso.
La protesta social en Colombia esta criminalizada bajo el remoquete de «terroristas».
El dirigente popular Jeferson García (Presidente de la Asociación de Juntas Comunales), junto con el asesor legal Guillermo López, están detenidos (pasan de nueve mil los presos políticos en Colombia).
En el Departamento de Norte de Santander, epicentro del conflicto actual, desde el año 2009, está establecida -en pleno conflicto militar interno- una Mesa de Interlocución con el Gobierno (Organizaciones sociales y gobierno). Como requisito sine quanon acordaron que a ella no asistirían representantes de la fuerza pública (ejército y policía). El valioso dirigente popular, Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT) toma el micrófono y obtiene un No rotundo cuando les pregunta a más de 200 delegados campesinos congregados en Asamblea Popular en el Municipio de Tibú, si aceptan o no que los generales del ejercito Rodolfo Tamayo, comandante de la fuerza conjunta antiguerrillera Vulcano, y el también general de la policía, Rodolfo Palomino López, asistan a la Mesa de Negociación a la solución del conflicto local. Prueba irrefutable de no permitir la participación, en temas de deliberación políticos, a los militares colombianos…Pero ellos que son «perros de la guerra» ante la soberbia imponente que les caracteriza, no son de los que salen «con el rabo entre las piernas»: acuden a los medios de intoxicación masiva a afirmar que la protesta campesina está infiltrada de «terroristas». Que la mutilación de dos manos a sendos campesinos no es producto de las bombas de gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento, lanzadas por la represión oficial; sino improvisación en el lanzamiento de «tatucos» y molotov «terroristas», arrojados a la fuerza publica…Pero, pese al manejo malabarista oficial, la protesta crece, crece, como crece la audiencia en las escalinatas del poeta vernáculo Jorge Zalamea. Desde Tibú a Ocaña y de allí al Magdalena Medio. Paralizando el bolsillo económico, que es a lo que le teme la oligarquía vende patria colombiana.
Ya en la apacible ciudad de Pamplona los estudiantes universitarios se pronuncian a favor de los campesinos, ultrajados y victimas de la violencia del Estado colombiano. Hasta los presos políticos en la penitenciaria de Cúcuta, decretan huelga de hambre en apoyo al movimiento campesino catatumbero.
Todo lo anterior se da dentro del ambiente caldeado de las conversaciones en búsqueda de la solución definitiva a la salida del conflicto interno armado colombiano, en la Habana (Cuba). Pero la decisión popular es la única que manda de aquí en adelante y la que callará los fusiles en la sacrificada Colombia Popular, no oligárquica.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.