El ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón ha anunciado que su cartera va a regular la emisión de publicidad de alimentos y bebidas no saludables cuando se dirija al público infantil y adolescente. Pese a las críticas de la derecha, la normativa que pretende aprobar Garzón va en consonancia con las recomendaciones europeas y con las normativas aprobadas en países como Noruega, Reino Unido y Portugal
Cuando llegó a la cartera de Consumo, no pocos aventuraron que el papel de Alberto Garzón en el Gobierno sería puramente testimonial. Pero a la vista de los acontecimientos, se trata de una profecía incumplida. El coordinador general de Izquierda Unida está batallando desde su departamento con las casas de apuestas, el consumo de carne y los productos azucarados, irritando a la oposición y generando conflictos, incluso, en el seno del Gobierno.
En verano Garzón recomendó reducir el consumo de carne, en consonancia con organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), o el panel de expertos en cambio climático de la ONU (IPP). Poco pareció importarle a la derecha, cuya estrategia se basó en publicar fotografías de longanizas, morcillas, panceta y sucesivos en sus redes sociales. Tampoco en el seno del Gobierno contribuyeron a compartir el mensaje: la lacónica respuesta del presidente Pedro Sánchez, y su “imbatible” chuletón al punto, se interpretó como una desautorización a Garzón frente al ministro de Agricultura, Luis Planas.
La historia se repite este otoño. Garzón ha anunciado hace unos días que su cartera va a regular la emisión de publicidad de alimentos y bebidas no saludables cuando se dirija al público infantil y adolescente. Lo hará a través de un real decreto, afectará a cinco categorías de productos y se centrará en los anuncios televisivos, contenidos radiofónicos, salas de cine y publicidad en internet, redes sociales, webs o aplicaciones móviles, cuando los contenidos se dirijan a menores de 16 años. Con esta norma se sustituirá al Código PAOS de autorregulación, vigente desde 2005. Según Garzón, este sistema es «insuficiente» porque «no funciona de manera eficaz» y presenta «muchos fallos”.
Su anuncio ha vuelto a granjear las mismas críticas en las formaciones de la derecha: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y Alejandro Fernández, portavoz del PP en el Parlament de Cataluña, han criticado esta ley, pese a que todavía se desconocen los detalles concretos de la misma. El responsable de comunicación online del PP, Ismael Sirio, ha repetido el mismo esquema que con el consumo de carne: subió a sus redes una fotografía con tabletas de chocolate y productos altos en grasas, bajo el título de: «Que dice Alberto Garzón que va a prohibir no se qué».
Pese a las críticas, lo cierto es que la normativa que pretende aprobar el ministerio de Garzón va en consonancia con las recomendaciones europeas. La Comisión Europea en su Plan de Acción contra la Obesidad Infantil pide a los Estados miembros que restrinjan la publicidad de bebidas y alimentos azucarados dirigida a niños y adolescentes. «Los países de la UE deben animar a la utilización de la autorregulación y la corregulación a través de códigos de conducta en relación con la publicidad inadecuada en programas de niños, para alimentos y bebidas con alto contenido en grasa, sal y azúcar», reza el documento.
Según datos derivados de estudios propios del Ministerio de Consumo, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), y de la Encuesta Nacional de Salud 2017, la población infantil y adolescente consume el 21,5% de la energía de la dieta en forma de azúcares totales (casi el 30% en el caso de los menores de tres años).
Las cifras que maneja la Comisión Europea tampoco son precisamente halagüeñas. Según el citado informe, uno de cada tres niños de la Unión Europea de entre seis y nueve años tiene actualmente sobrepeso o es obeso. Esta cifra supone un incremento considerable respecto a la de 2008, cuando uno de cada cuatro niños tenía sobrepeso o era obeso. La UE advierte de que estos niños tienen una mayor probabilidad de seguir padeciendo sobrepeso u obesidad en su vida adulta y más probabilidades de sufrir acoso escolar, problemas de autoestima, depresión y rendimiento escolar insuficiente.
Los precedentes de Reino Unido, Portugal y Noruega
Lo que quiere hacer Garzón es asimilar la normativa española a la de países como Reino Unido, Portugal o Noruega, que ya cuentan con leyes para limitar la publicidad de productos azucarados.
En el caso de Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson puso en marcha el pasado año su Estrategia contra la Obesidad con la prohibición de anuncios en televisión de alimentos con alto contenido de grasa, sal y azúcar (HFSS, por sus siglas en inglés) antes de las nueve de la noche. Una normativa que meses más tarde el gobierno británico tuvo que ampliar a campañas publicitarias a nivel online. Según desgranaba la propia administración, en 2019 los menores de 16 años quedaron expuestos a 15.000 millones de anuncios online de este tipo de alimentos, mientras que en al año 2017 dicha se situaba en los 700 millones. Esta prohibición no se hará efectiva hasta finales de 2022, dando así margen a las empresas para que actualicen su estrategia publicitaria.
En Noruega el Gobierno restringe toda la publicidad dirigida específicamente a los niños a través de la Ley de Radiodifusión de 1992. En el 2013 la industria alimentaria acordó una prohibición autorregulada del marketing en alimentos y bebidas azucaradas dirigido a niños menores de 13 años. Según la dirección de Salud de Oslo, en 2019 el país nórdico logró el consumo más bajo de azúcar de los últimos 44 años, pasando de 43kg que se consumían por año a los 23 kg: es decir, un 27% menos la última década. Unas cifras que el Gobierno cree que ha logrado gracias a dos factores: incrementando sustancialmente los impuestos a productos azucarados y controlando la publicidad de estos productos.
La normativa de Portugal es más reciente. La Asamblea de la República Portuguesa aprobó en 2019 la ley que prohíbe la publicidad de productos con elevadas cantidades de sal, azúcar, y grasas saturadas en espacios frecuentados por menores. Esta normativa prohíbe la promoción de estos productos en la televisión y radio durante el horario infantil, y en la media hora anterior y después de la emisión de cualquier tipo de programación que tenga una audiencia a los menores de edad como audiencia objetiva. La ley contempla también multas elevadas para quienes insistan en cubrir las zonas juveniles con anuncios de galletas, chucherías, refrescos, patatas fritas y bollería industrial.
Fuera de Europa, países como Uruguay prohíben la publicidad en los centros educativos, mientras que la ley chilena prohíbe el expendio, comercialización, promoción y publicidad de estos alimentos dentro de establecimientos de educación parvularia, básica y media. Por su parte, Canadá también abrió la puerta a regular la publicidad dirigida a los niños. Sin embargo, la convocatoria de elecciones de 2019 paralizó el proyecto de ley, que todavía no se ha retomado.