Oxfam Intermón y el Ayuntamiento de València organizaron una mesa redonda con expertas relacionadas con el trabajo del hogar para abordar los retos que plantea la aprobación del Convenio 189 de la OIT.
Faltaban 5 minutos para las seis de la tarde y el salón de grados de ADEIT, que posteriormente albergaría una mesa redonda sobre la política pública de cuidados, emitía en directo el pleno del Congreso de los Diputados. “¡Ahora, ahora!”, se exclama entre el público cuando Meritxell Batet anuncia la votación para ratificar el Convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Acto seguido, muchas de las asistentes sacan sus teléfonos móviles y apuntan a la pantalla. La votación se sucede y la presidenta del Congreso lo confirma: “queda aprobado el dictamen”. Unas palabras cotidianas para el hemiciclo, pero que cambiaban la vida de miles de personas y desataban aplausos, abrazos y lágrimas en el auditorio. Las presentes se daban la enhorabuena mutuamente, porque sabían de la importancia de la decisión y que, sin su lucha, nunca se hubiera tomado.
La alegría contrastaba con el inconformismo, la celebración con los alientos de seguir trabajando porque, todas coincidían, “es un hito importante, pero insuficiente”. La ratificación del Convenio 189 de la OIT igualará en derechos a las trabajadoras del hogar (mayoritariamente mujeres y migrantes) con el resto de los y las profesionales de distintos sectores; pero que se haga efectivo llevará tiempo, negociaciones y, sobre todo, voluntad de dotar la ley de presupuestos.
Para hablar de todas estas cuestiones, la organización Oxfam Intermón y el Ayuntamiento de València, no de manera arbitraria, habían organizado una mesa redonda enfocada a tratar de manera práctica la aplicación de políticas públicas y la dotación de financiación suficientes. Los tiempos del Congreso dieron luz verde a su inicio y, presentadas por la periodista Victoria Maso, participaron Gotzone Olarra (representante de Oxfam Intermón), Lucía Beamud (Concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de València), Marcela Bahamón (portavoz de AIPHYC) y Arantxa Zaguirre (abogada y asesora en el colectivo de empleadas del hogar Territorio doméstico).
Un primer paso
La portavoz de SEDOAC, Edith Espínola, quien estuvo presente en la cámara baja en el momento de la votación, considera la ratificación por el Congreso del Convenio 189 como “un primer paso necesario para que todo lo demás se pueda desencadenar” y apunta a que el cambio real de la normativa se hará efectivo una vez supere todos los procesos administrativos, los cuales, alerta, pueden llevar incluso un año. “Tiene que llegar al Senado, a la oficina de la OIT en Ginebra y registrar la ratificación”.
Para que se puedan seguir caminando en la consecución de derechos básicos, apunta Espínola, será necesaria la modificación de la ley 1620/2011 y anuncia que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está preparando un borrador que recoge muchas de las reclamaciones que hacen los colectivos. Estás incorporaciones serán, según apunta Arantxa Zaguirre, la inclusión en la ley de prevención de riesgos laborales, eliminación del desistimiento (que permite al empleador dar por finalizado el contrato en cualquier momento y sin necesidad de justificarlo), cotización al FOGASA, inspecciones de trabajo, reconocimiento de sus enfermedades como laborales y no como accidentes comunes y, como medida estrella, el derecho al paro.
Zaguirre, quien asistió a la reunión del pasado martes entre los distintos colectivos y la ministra de Trabajo, se muestra muy optimista con el compromiso del gobierno. “Estoy bastante esperanzada e ilusionada. Ojalá se plasmen”, dijo en una de sus primeras intervenciones.
¿Cómo financiamos un sistema de cuidados?
Para que las medidas sean efectivas, es necesario dotarlas de presupuestos. El informe Esenciales y sin derechos de Oxfam Intermón propone distintas vías para poder igualar cotizaciones y derechos. Estas, calculan, tendrían un coste de unos 630 millones de euros, pero podrían sacar de la economía sumergida más de 3.200.
En primer lugar, ponen sobre la mesa un sistema público de trazabilidad de los pagos y cotizaciones que pudiera simplificar los trámites que realizan las familias empleadoras y que dejaran constancia de la relación laboral y, así, se acabara con la economía sumergida y el fraude. Por otro lado, proponen la reforma del actual sistema de bonificaciones a las cotizaciones de las trabajadoras del hogar y sustituirlo por deducciones fiscales, que variaran en función de la renta de las familias empleadoras.
Esta inversión inicial de 630 millones de euros, según los cálculos que estima el estudio, podrían hacer emerger de la economía sumergida hasta 2.600 millones de euros en salarios y más de 830 millones en cotizaciones a la Seguridad Social.
No estamos todas, faltan las internas
La mesa redonda ya había comenzado y se estaba procediendo a las presentaciones, cuando Marcela Bahamón se levantó de su silla y bajó al público a por una prenda que había olvidado. Marcela la olvidó durante unos segundos, pero a quienes representaba esa prenda han sido invisibilizadas históricamente. Rápidamente, la portavoz de AIPHYC subió al escenario donde se desarrollaba la charla y puso en la mesa, ubicada en el centro de la conversación, un delantal que rezaba la frase: “No estamos todas, faltan las internas”.
Un lema que, además de recordar y reivindicar a sus compañeras, ponía sobre la mesa una anomalía laboral que sólo se da en el sector del hogar y cuidados. “Si con la ratificación del Convenio 189 se nos iguala en derechos al resto de trabajadoras, el sistema de internas debería estar prohibido”, apuntó Bahamón.
Los motivos de las reivindicaciones señalan a la vulneración de derechos laborales, humanos y a las secuelas físicas y psicológicas que este régimen deja. “Las trabajadoras que viven en el hogar familiar trabajan más de 60 horas a la semana, cuando el estatuto general de los trabajadores contempla 40 y, además, vulnera, de entrada, 18 derechos humanos. No tienes derecho a la sexualidad, a conciliar tu vida personal y laboral, a la libre asociación, al ocio y cultura, a la formación…”.
Así, Marcela Bahamón marca la abolición del sistema de internas como un gran reto para AIPHYC, para las trabajadoras del hogar y para la sociedad española, “que debe dejar de normalizar tener a una persona encerrada trabajando en el hogar”.
Edith Espínola, en representación de SEDOAC, secunda las palabras de Bahamón y añade que el régimen de internas es “esclavista y que secuestra la vida de las personas que trabajan en esas condiciones”, pero apunta a diferencias de posturas dentro del sector. “Hay compañeras que están de acuerdo con este sistema siempre y cuando se regule el trabajo”.
Para finalizar su intervención, Marcela Bahamón lo dejó claro: “esto no puede seguir ocurriendo en una sociedad que se diga avanzada y se permita llamar tercermundista a otros países”.
Ley de Extranjería
El sector de las trabajadoras del hogar es el que, según el informe Esenciales y sin derechos, más trabajadoras en situación administrativa irregular tiene. Se calcula que unas 70.000 buscan regularizar su situación mediante la figura legal del “arraigo social”, lo cual les fuerza a buscar un contrato de trabajo desesperadamente y las hace muy vulnerables a doblegarse ante abusos en el horario, discriminaciones salariales, reclamación de deudas, riesgos de accidentes o malos tratos.
Por ello, Oxfam Intermón propone la creación de una nueva Ley de Extranjería que contemple canales de migración regular y “deje de ser una fuente de precariedad y sufrimiento gratuito e innecesario”.
Por su parte, Edith Espínola defiende las inspecciones laborales como mecanismo de control a las familias empleadoras para que, estas, no puedan negarse a dar de alta a la trabajadora. Por otro lado, apunta a la necesidad de que las denuncias sean efectivas “sin que prime la apertura de expediente de expulsión a la trabajadora en situación administrativa irregular”.
El trabajo del hogar en la Comunitat Valenciana
El informe de Oxfam Intermón, usando datos de las Encuestas de Población Activa, revela diferencias sustanciales entre distintas regiones del estado en lo que respecta al trabajo del hogar. De las más de 623.000 trabajadoras registradas en las encuestas, alrededor de 62.000 residen en la región valenciana, representando, por tanto, el 10% de la comunidad. La tasa de feminización del sector a nivel estatal es del 88%, mientras que en la Comunitat es del 86,4%.
Los porcentajes de trabajadoras migrantes sobre el total de la profesión varían mucho en función de la región y su dinamismo económico. Mientras que, en Galicia, tan solo el 25% de las trabajadoras del hogar son de origen extranjero, en las Islas Baleares lo son el 79%. En la Comunitat Valenciana, por su parte, los datos reflejan un porcentaje del 60%, similar a regiones como La Rioja (62%), Navarra (62%), Murcia (57%) o Catalunya (65%).
Llega tarde
“Ha sido un día histórico, pero llega tarde, tardísimo. Como siempre se tarda para este sector”, apunta Edith Espínola que se pregunta, de manera retórica, sobre los motivos de que España llegue con once años de retraso a la adopción de esta medida. “No sabemos si porque somos mujeres, migrantes o porque realmente no les interesaba cambiar las políticas públicas que afectan a las trabajadoras del hogar porque van a generar un efecto dominó en toda la sociedad”.
Para finalizar, recuerda la enorme deuda que acumula la sociedad con ellas, con las que han trabajado para sostener todo, la carta de la base de un castillo de naipes que sostiene toneladas de peso, maltrato, invisibilización y precariedad. “Somos la piedra fundamental que sostiene el trabajo de todas las personas. Gracias a nosotras, miles de familias pueden salir todos los días a trabajar”.