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A quienes pretendan venir ilegalmente les espera la muerte o la expulsión

La rebelion de los desahuciados

Fuentes: Rebelión

LA REBELION DE LOS DESAHUCIADOS No están dispuestos a dejarse morir en el Africa que agoniza de hambre, guerras, sida…. Son los más jóvenes, los más sanos, los más preparados. Los que debían representar el futuro de un Africa condenada por la depredación salvaje de los poderosos, a lo largo de siglos. No quieren molestar, […]

LA REBELION DE LOS DESAHUCIADOS

No están dispuestos a dejarse morir en el Africa que agoniza de hambre, guerras, sida…. Son los más jóvenes, los más sanos, los más preparados. Los que debían representar el futuro de un Africa condenada por la depredación salvaje de los poderosos, a lo largo de siglos. No quieren molestar, solo sobrevivir y rescatar a los suyos de un mundo sin esperanzas, pero en ese objetivo empeñarán hasta su vida. No tienen otra salida. Y la rebelión silenciosa se extiende ante el espanto de nuestros gobernantes, convencidos como quieren estar de hacer lo conveniente y oportuno.

La situación en Africa (y en el resto del llamado Tercer Mundo) no ha ido a mejor en las últimas décadas, sino todo lo contrario. Pese a la proliferación de Foros, Cumbres, campañas y planes contra la pobreza, lo que la realidad nos muestra es el ensanchamiento de la brecha entre países ricos y países pobres (o empobrecidos) y que las proclamadas ayudas de los poderosos o las cooperaciones al desarrollo terminan siendo un instrumento más de lucro propio y de sojuzgamiento y empobrecimiento del otro.

Nuestro país, además de tener su parte alícuota de responsabilidad en el desastre, se ha sumado entusiasta -con gobiernos de un signo o de otro, sin distinción- a las políticas de represión, de cierre de fronteras, de «tolerancia cero» con lo que denominan «inmigración ilegal», que, junto al terrorismo y el narcotráfico, según doctrina, son los males que amenazan nuestro bienestar y nuestra seguridad de mujeres y hombres libres. Así se justifica el endurecimiento de las leyes de Extranjería (la vigente fue aprobada por PP y PSOE conjuntamente), hasta límites que deberían ser inadmisibles en un Estado de Derecho; la consideración del inmigrante en exclusiva como mano de obra, que se admite o se rechaza según las necesidades del mercado, relativizando o negando sus derechos como ser humano; la inversión de ingentes recursos en blindajes de mares y fronteras (frente a la vergonzosa mezquindad de los destinados a acoger a los que sobreviven); los visados imposibles, el allanamiento del Derecho de Asilo…

Ya dijo Consuelo Rumí -con esa claridad despiadada que parece investir inevitablemente a los gobernantes cuando hablan de inmigración- que a quienes pretendieran venir ilegalmente les esperaba la muerte o la expulsión. No era una profecía sino atinada certeza, porque no otras podían ser las consecuencias de aquellas políticas, especial y precisamente en lo que concierne a la inmigración del Africa subsahariana, procedente en su inmensa mayoría de países desestructurados, víctimas de plagas sin fin y con escasas y muy arriesgadas vías de escape hacia una Europa que aparece como la salvación, porque entre otras cosas necesita mano de obra barata.

Tras la brutal represión en las vallas de Ceuta y Melilla y los acuerdos con Marruecos para que, previo generoso pago, admitiera las devoluciones e impidiera el acceso de los inmigrantes a los pasos fronterizos, estaba cantado que tendrían que buscar rutas alternativas, aunque mucho más peligrosas y costosas. Buen negocio para las mafias, más jornadas de trabajo esclavo para pagar los viajes y mayor número de muertos (¿y los que quedan heridos, enfermos o incapacitados de por vida?). Estos hechos terribles no lograron mover un ápice nuestra estimulante agenda política, convencidos los gobernantes -y buena parte de los gobernados- de que «teníamos un problema y lo hemos resuelto» con el éxito de la operación Marruecos, sin importar el coste en sufrimiento y en vidas humanas (ojos que no ven…). Sin embargo, la presión reaparece ahora en Mauritania y vuelve a hacerse presente en nuestras costas de manera más intensa, en la misma medida que la desesperación, el acoso, la incertidumbre en el logro del objetivo irrenunciable (no hay vuelta atrás posible) se agudizan. Y allá va de nuevo una pléyade de representantes gubernamentales y de la UE a reproducir acuerdos, con generosas ofertas, para que impidan el paso a los desheredados, aunque intenten maquillarlo con pinceladas de humanitarismo retórico: siempre hacemos las cosas «por su bien», para que no sean manipulados por las mafias y no arriesguen sus vidas. No aprenden nada, ni les importa. Tienen la fuerza, el poder y el dinero (es decir, la razón) de su parte… pero las «pateras de la muerte» seguirán zarpando de este o de otro lugar, con su cargamento silencioso y aterrado. No les hemos dejado ninguna otra alternativa.

Ahora bien, con independencia del impacto en Canarias (que se solucionaría con coordinación y recursos), crear alarma social y pretender cortar a cualquier precio la «avalancha» migratoria de los países subsaharianos (que representa una mínima parte, sin punto de comparación con los que llegan o están asentados solo de Marruecos, de algún país de América Latina o de Europa del Este), para evitar un desbordamiento de nuestra capacidad de acogida, como vienen diciendo, y una saturación que desequilibre nuestro desquiciado mercado laboral, se compadece mal con el anuncio, hecho días antes, de que España será uno de los primeros países de la UE-15 que levantará de inmediato la moratoria de hasta 7 años que ellos mismos impusieron para la libre circulación de los trabajadores y trabajadoras de los países de la ampliación, permitiendo su entrada «sin límites». Nos pronunciamos en su día contra esta moratoria, por su asimetría con la libre circulación de capitales y mercancías, pero no podemos dejar de denunciar la utilización falaz de algunos argumentos que hacen mella y generan temor y rechazo en la población hacia ciertos colectivos: los más indefensos y vulnerables, en una especie de racismo y xenofobia «a la carta», según interese en cada momento.

Con escepticismo ante la voluntad de erradicar la pobreza y las miserias de Abrica, que permita a sus gentes vivir con dignidad, desde el PCE seguiremos luchando por leyes que realmente contemplen los derechos y libertades de los inmigrantes, por su derecho a la existencia y a su identidad, por el respeto del Derecho de Asilo, contra las devoluciones y expulsiones a países donde peligra su integridad, contra los campos de internamiento, etc.

* Susana López. Secretaria de Emigración/Inmigración del PCE.