Cuentan quienes vivieron la llamada «transición democrática» que durante esa lejana época no estaba muy bien visto eso de «ser empresario». Incluso, nos dicen, la gente de derechas de toda la vida ocultaba su identidad ideológica con imprecisas definiciones como «centro-progresismo», «izquierda moderada», «centro-izquierda» y otras bagatelas. Y se comprende que fuera así. La burguesía […]
Cuentan quienes vivieron la llamada «transición democrática» que durante esa lejana época no estaba muy bien visto eso de «ser empresario». Incluso, nos dicen, la gente de derechas de toda la vida ocultaba su identidad ideológica con imprecisas definiciones como «centro-progresismo», «izquierda moderada», «centro-izquierda» y otras bagatelas. Y se comprende que fuera así. La burguesía española, al igual que la iglesia Católica, había salido muy mal parada de su íntima colaboración con la Dictadura de Franco. Durante cuarenta años habían sido los pilares más sólidos del régimen. Y en 1975, las cosas ya no estaban para bromas. El auge de los movimientos sociales era tal que para las clases hegemónicas se hacía preciso el recambio, el oportuno cambio de chaqueta.
Pero quienes nacimos por esas mismas fechas, o algo después, y crecimos mamando la cultura del pelotazo impulsada por aquel ministro psocialista de Hacienda apellidado Solchaga, adquirimos una percepción bien diferente de los llamados «hombres de empresa». Las pláticas de Felipe González nos hicieron creer que eso de ser empresario no era nada malo, sino casi todo lo contrario. Los medios de comunicación de entonces comenzaron a desvelarnos otra imagen de los ejecutivos y de los grandes propietarios. Ya no se trataba de los obesos y seniles capitalistas del franquismo. Ahora sus filas empezaban a estar nutridas de jóvenes ágiles y dinámicos, con ambiciones transformadoras. Arquetipos como los de Mario Conde, los Albertos o las Koplowitz desfilaban casi a diario por el escaparate televisivo y las revistas multicolores de papel cuché. Poco a poco, algunos llegaron a creer, incluso, que todos podíamos ser empresarios.
Como consecuencia del dominio de estas concepciones derechistas, sabiamente inoculadas en los ciudadanos, la burguesía del Estado español se legitimó ante una buena parte de la población, que asumió sin más que son los empresarios los que «crean la riqueza». Convertidos para muchos en modelo de éxito social, estos empresarios no dudan hoy en hacer una impúdica ostentación de sus privilegios, conscientes de la debilidad de las organizaciones que aspiran a cuestionar su hegemonía y su misma existencia como clase. No es de extrañar, por tanto, que desde esta posición de fortaleza reaccionen violentamente ante el más mínimo intento de fiscalizar sus actividades. En Canarias, por ejemplo, hemos tenido que asistir a su vergonzosa defensa del derecho a enriquecerse ilegítimamente sin las incómodas actuaciones de los jueces que investigan «presuntas» corrupciones.
Los «casos aislados» de corrupción
La trama eólica, las Teresitas, el Caso Faycán, el caso Mogán… son algunos de los últimos escándalos de corrupción destapados en las Islas. Su abundancia es tal, que sólo desde la más absoluta de las hipocresías se pueden calificar ya como «hechos aislados». Los datos que paulatinamente se han ido conociendo permiten vislumbrar, por el contrario, las características de un sistema inherentemente corrupto. Un sistema en el que los supuestos administradores de lo público gestionan los intereses de un puñado de empresarios, y en el que comisiones, tratos de favor o prevaricaciones se antojan como meros ingredientes necesarios del «Negocio».
Ante la implicación en estos casos de corrupción de destacados miembros del PP y CC, desde estos partidos políticos no tardaron demasiado en hacer circular el «espantajo de la persecución». José Manuel Soria, líder de los ultraderechistas canarios, se empeñó en diluir la responsabilidad de los cargos implicados de su partido -y la suya propia como máximo dirigente del PP canario- repitiendo, cada vez que encontraba un micrófono bajo sus bigotes, que el ex ministro de justicia Juan Fernando López Aguilar les sometía a una suerte de cacería con la que intentaba allanar su camino hacia la presidencia del gobierno autonómico. Por su parte, los dirigentes de Coalición Canaria saltaron al ruedo con idéntica presteza para defender la honorabilidad del alcalde de Sta. Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, implicado por el escándalo de Las Teresitas y el caso Forum Filatélico. Paulino Rivero, al igual que Soria, cuestionó la imparcialidad de los jueces que investigaban a su correligionario. Ambos utilizaron también la ambigüedad propia del politicastro que – aderezada con unas dosis de cinismo- les permitió no sentirse aludidos por las críticas que como respuesta dirigieron las asociaciones de magistrados de Canarias a la mal llamada «clase política».
Todos somos iguales, aunque algunos seamos más iguales que otros
Pero aunque no han faltado este tipo de actuaciones desde el comienzo del rosario de escándalos destapados durante los últimos meses, en fechas recientes se han producido las declaraciones más significativas sobre el supuesto maltrato que sufren nuestros sacrificados empresarios
Después de que se imputase al magnate de la construcción y la hostelería Santiago Santana Cazorla en el caso Mogán, y de que se conociese la existencia de una grabación en la que el empresario hablaba sobre sus negocios con el presidente autonómico Adán Martín, la patronal canaria decidió tomar cartas en el asunto.
A petición de las diferentes organizaciones aglutinadas en la Confederación Canaria de Empresarios su presidente, Mario Rodríguez, convocó un comité ejecutivo de urgencia en el que se abordó el asunto y se posicionaron oficialmente. La Confederación manifestó enérgicamente su rechazo a «las formas en las que se han llevado a cabo las actuaciones jurídicas y policiales» en los casos de presunta corrupción de sus colegas. Según Rodríguez, los empresarios se encuentran «anonadados» por estas actuaciones, que «han generado «inestabilidad jurídica, desprestigio empresarial y graves daños económicos…». «Aquí no hay presunción de inocencia», (1) declaró el máximo dirigente de la CCE, acabando de pintar un escenario virtual, según el cual estos indefensos y honorables miembros de la «sociedad civil» estarían siendo perseguidos por no se sabe qué oscuros motivos.
Pero, ¿de que manera se ha vulnerado la presunción de inocencia de los empresarios imputados? De acuerdo a lo expresado por los representantes de la patronal, «generando un circo mediático que en absoluto es bueno para la actividad empresarial». (2) Aludían así -en su declaración oficial- a las «filtraciones de información» y a algo tan elemental como el seguimiento que los distintos medios de comunicación han hecho de estos supuestos casos de corrupción. Un seguimiento que, conforme a su mentalidad, quizá debería subordinarse al interés de su crecimiento económico. Aún hay, sin embargo, en el berrinche de los agraciados de la RIC, otro reproche implícito, al hecho de que ellos puedan ser detenidos como cualquier hijo de vecino. Y ello, aunque sus grandes fortunas sean la mejor garantía de que su estancia en prisión será fugaz. Y si la más elemental prudencia les ha impedido manifestar explícitamente esta reivindicación de ser tratados con una especial deferencia, Francisco Gómez Cáceres -Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC- se encargó de hacerlo en unas declaraciones que varios miembros del comité ejecutivo de la CCE suscribieron en su última reunión.
En una entrevista concedida al diario grancanario La Provincia, el magistrado Gómez Cáceres abundó en la tesis de la patronal, afirmando que algunas de las detenciones de políticos y empresarios fueron «absolutamente innecesarias». Gómez Cáceres se refirió, concretamente, a la detención de Santana Cazorla apuntando algunas razones por las que ésta debería haberse evitado, citándolo judicialmente a declarar. Para el juez -que confía en «la seriedad y la honradez» de Cazorla- hay que tener en cuenta «las singularidades de cada caso» a la hora de aplicar la ley. «Porque no es lo mismo» -afirmó- «alguien totalmente desconocido que otro que da empleo a cuatro mil o cinco mil personas». Alguien con «una relevancia social indudable». (3)
Con bastante sinceridad Francisco Gómez Cáceres resumió así lo que – sin duda – piensan los sublevados empresarios canarios. Los mismos que piden habitualmente mano dura con el delito y «tolerancia cero» con los desordenes sociales que puedan perjudicar a sus negocios. ¿Es que van a ser tratados como cualquiera de sus miles de asalariados, aunque se les implique en presuntas y multimillonarias corrupciones? ¡Faltaría más! ¡Eso supondría un atentado contra su presunción de inocencia!
«Las inversiones están huyendo»
Pero, en sus declaraciones, la Confederación Canaria de Empresarios no se limita a pedir un trato especial a policías, jueces y periodistas. Más bien lo exigen, al manifestar que las actuales «formas» y la «trascendencia nacional e internacional de estas detenciones ha dado al asunto una repercusión» que estaría provocando la huída de las inversiones extranjeras. En su opinión, la «inestabilidad jurídica» creada por la manera en la que se han tratado los supuestos casos de corrupción -y no la corrupción en sí misma- está «tocando la línea de flotación de la economía». Y lo que han denominado «circo mediático» -es decir, el conocimiento público de una pequeña parte de las corruptelas- «supone una inseguridad, un alarmismo y una preocupación que retraen las inversiones y frenan el crecimiento económico». (4)
El mensaje de la patronal -expresado por Mario Rodríguez- resulta meridianamente claro. Confundiendo interesadamente sus intereses particulares con los de la mayoría de los canarios, alertan de que un excesivo celo en la investigación de la corrupción que padece el Archipiélago podría tener repercusiones catastróficas para su economía. Es necesario evitar la «desmesura» en estas investigaciones, puede leerse entre líneas. Es necesario impedir que un excesivo intervencionismo -aunque este sea judicial- perturbe nuestra cuenta de resultados. Al fin y al cabo, somos nosotros quienes les damos de comer.
Ante la ausencia de movimientos populares organizados con fuerza suficiente para poner coto a sus pretensiones resulta previsible que -más pronto que tarde- las inquietudes de la patronal canaria terminen por disiparse. Porque, tal y como señalaba uno de los colaboradores de este semanario electrónico, Armando Quiñones, «en esta tierra nuestra todo son voladores de verano». «Aquí nunca estalla la traca final». (5)
Referencias bibliográficas:
(1) «Las inversiones están huyendo». La Provincia. Diario de Las Palmas. Martes 13 de febrero de 2007
(2) Ibídem.
(3) «La ley es la que ordena que la detención no dañe la reputación de las personas». Entrevista a Francisco Gómez Cáceres, Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. La Provincia. Diario de Las Palmas. 11 de febrero de 2007.
(4) «Las inversiones están huyendo». La Provincia. Diario de Las Palmas. Martes 13 de febrero de 2007
(5) «Voladores de verano». Armando Quiñones. Canarias-semanal.com