El pasado 5 de Junio cerca de 1700 inmigrantes protagonizaron un encierro en Barcelona entre la Catedral y la Iglesia del Pi, después de más de ocho horas de encierro fueron desalojados violentamente por la policía, con el balance de varios heridos y quince detenidos que serán deportados. Este es el precio que una vez […]
El pasado 5 de Junio cerca de 1700 inmigrantes protagonizaron un encierro en Barcelona entre la Catedral y la Iglesia del Pi, después de más de ocho horas de encierro fueron desalojados violentamente por la policía, con el balance de varios heridos y quince detenidos que serán deportados. Este es el precio que una vez más tienen que pagar los trabajadores inmigrantes que luchan por su dignidad para ser reconocidos como personas. Una medida que el gobierno de los ZP considera justa y ejemplarizante para que a nadie se le ocurra rebelarse ante el poder establecido. Medida apoyada por los sindicatos amarillos de COOO y UGT y algunas ONG títeres como ATIME, Caritas y Cruz Roja que enseguida salieron en los medios rechazando la lucha de los inmigrantes.
En el estado español existe una población de alrededor de dos millones de inmigrantes con papeles, mientras que otro millón se calcula que esta sin papeles. Tras casi tres años desde la última regularización, en el 2001, no ha habido ningún nuevo proceso que de una salida viable para este millón de inmigrantes. La última reforma del pasado año complicó aún más esta situación, ya que endureció mas la ley convirtiéndola en una trampa sin salida para muchos de estos inmigrantes. Por lo tanto la situación estaba clara, había que moverse, o se luchaba para visibilizar el problema desde la acción reivindicativa o los inmigrantes permanecerían en la más absoluta indignidad esperando un trato de favor que no llega por parte del gobierno.
Los encierros del pasado 5 de Junio han conseguido algo que venía fraguándose desde hacía tiempo, sacar a la luz lo que está pasando: cientos de miles de expedientes de regulación sin resolver (400.000 aproximadamente), mas de 200.000 de permisos de renovación, falta de recursos e interés real para resolver los expedientes y un millón de inmigrantes viviendo en la clandestinidad, negándosele todos los derechos como ciudadanos y personas. Unos inmigrantes que tienen que sobrevivir en la precariedad y la explotación laboral para que nuestra economía siga funcionando y como siempre es el capital el que se beneficia de los invisibles. La regla de tres del capital es sencilla: me sirven para la producción pero no reconozco su existencia para nada más.
El miedo a las represalias, a las deportaciones masivas, como ocurrió en el encierro de inmigrantes en Sevilla en el 2002 en la UPO, y la represión para aquellos que apoyaron a los inmigrantes, convirtió a los encierros en una forma de lucha dudosa. Esta situación tuvo como consecuencia una espera interminable que ha llegado a su fin. Ha llegado el momento de dar el paso hacia delante, de nuevo es el momento de la lucha. «La Asamblea por la Regularización sin condiciones» formada por inmigrantes, asociaciones de inmigrantes, colectivos autónomos y el sindicato CGT, han dado el paso, o luchamos o no se nos escucha. Tras el encierro, en todo el Estado, el debate esta ya en la calle, los socialistas han tenido que ceder ante la presión y realizar algunas propuestas como las de incrementar él numero de funcionarios, las oficinas y lo que es más importante regularizar a aquellos que demuestren una relación laboral mediante contrato.
En diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Murcia, Almería y Valencia los inmigrantes han formado asambleas y se prevé que haya mas movilizaciones esperando que la sociedad reaccione y la lucha por la dignidad de los sin papeles continúe.