El trasvase de trabajadores de la construcción al campo genera una difícil situación para los temporeros. A las dificultades económicas se unen los problemas por la extinción de permisos de trabajo. El 27 de noviembre, el Diario de Jaén anunciaba que la policía iba a peinar la ciudad en busca de extranjeros sin papeles. La […]
El trasvase de trabajadores de la construcción al campo genera una difícil situación para los temporeros. A las dificultades económicas se unen los problemas por la extinción de permisos de trabajo.
El 27 de noviembre, el Diario de Jaén anunciaba que la policía iba a peinar la ciudad en busca de extranjeros sin papeles. La noticia señalaba: «Los policías pedirán ‘papeles’ a los inmigrantes, sobre todo a los norteafricanos y a los subsaharianos (sic.). Si no pueden aportar la documentación requerida, se les aplicará la Ley de Extranjería, es decir, serán detenidos y puestos a disposición del juez». Por primera vez desde hace tres lustros, la campaña de la oliva tiene superávit de temporeros.
La crisis y el pinchazo del sector inmobiliario ha llevado a la agricultura a miles de trabajadores del régimen general. Como consecuencia, se incrementa la represión policial contra trabajadores sin papeles y pendientes de los permisos de residencia. Según denuncia el Grupo de Acción Social de Andalucía (GAS), en octubre «miembros incontrolados» de la Guardia Civil atacaron un campamento de inmigrantes en Almería. Spitou Mendy, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), considera que es necesario que los inmigrantes protesten ante la pérdida de permisos de trabajo. Por ello, la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) junto a este sindicato andaluz, CGT y otras organizaciones han convocado para el 18 de diciembre una jornada estatal por los derechos de los inmigrantes.
Andrés Bódalo, secretario del SAT de Jaén considera que los principales afectados van a ser los temporeros establecidos en Andalucía desde hace años: «La gente que se ha dedicado al invernadero en Almería, en Jaén a la aceituna, en Huelva a la fresa, en Sevilla a la naranja, etc. se están viendo con la soga al cuello. No entienden cómo de golpe y porrazo sea imposible que encuentren un puesto de trabajo y que tengan que pedir para comer. Es muy duro lo que se están encontrando, y nadie, ni Gobierno ni la Junta, hace mención ni se preocupan por ellos». Bódalo denuncia que los empresarios de los invernaderos están aprovechando la situación desesperada de miles de emigrantes y sin papeles que viven una situación desesperada por el tema de los permisos de residencia.
Arraigo y origen
Explica Spitou que en las carreteras de Almería puede verse a emigrantes que ofrecen sus brazos: «dos hombres por 30 euros» en jornadas que duran hasta nueve horas. «Se esclavizan a sí mismos», resume Spitou. Por su parte, Diana Armijos, presidenta de la asociación América Mestiza, de Sevilla, narra el caso de trabajadores que fueron a recoger naranjas: «el primer día les pagaban a 40 céntimos el kilo, al día siguiente bajaban a 30. La situación es doblemente grave, porque no hay alternativa. Los inmigrantes hemos tenido que aceptar trabajos con horarios de esclavos, con salarios bajísimos». El enfrentamiento entre sin papeles y documentados, y entre éstos y autóctonos preocupa a Begoña Sánchez, portavoz de SOS Racismo.
Sánchez cree que las autoridades han tratado de vincular crisis e inmigración. En este sentido, considera que el ‘plan de retorno’ del ministro de Trabajo Celestino Corbacho (al que se estima que se van a acoger 10.000 personas al año) lanzaba a la opinión pública el mensaje de que si los inmigrantes se fueran se solucionaría la crisis, «algo que es completamente absurdo y peligroso ya que, en esta época, el autóctono tiene miedos que prenden como una cerilla».
La contratación en origen, que ha precarizado y abaratado la mano de obra durante la bonanza económica (ver DIAGONAL 48) fue otro de los objetivos del Ministerio de Trabajo desde donde se aseguró que el Estado apenas favorecería la contratación de extranjeros en sus países, a pesar de que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega le desautorizó. Como explica para este periódico la abogada de Jaén Acoge, Fátima Vaca, en el último trimestre el Gobierno no ha presentado ninguna oferta para contrataciones de difícil cobertura, con lo que, en los hechos, se está llevando a cabo la propuesta de Corbacho. Vaca explica que la solicitud de arraigo se topa con dos trabas fundamentales: por una parte, la empresa contratante tiene que asegurar que al inmigrante se le ofrece un compromiso por un año, algo que en trabajos por temporada, como muchos del campo, es casi imposible. Por otra parte, la Administración exige que el trabajador extranjero resida durante ese período en un solo municipio, con lo cual «puede haber establecido sus redes sociales en Cataluña pero si viene ahora a la aceituna, hay trabajadores sociales que no les hacen un informe favorable porque llevan poco tiempo, y aún habiendo informes favorables, la oficina de extranjeros lo deniega porque dicen que llevan poco empadronados».
Cuando tramita la renovación del permiso de trabajo, el solicitante debe estar contratado. De no ser así, se deniega la solicitud de residencia y se impone una diligencia de salida para que abandone el país en un plazo de 15 días. Armijos explica a este periódico que muchos compañeros suyos, que tienen permisos de trabajo, se hallan en una situación límite ya que aún no han cumplido los plazos de arraigo y se encuentran en desempleo. No contemplan el ‘Plan Corbacho’ como una posibilidad: «Hemos entregado nuestra juventud. Si volviésemos a Ecuador, donde con 25 años ya eres viejo para el mercado laboral, no tendríamos ninguna garantía. Como seres humanos hemos tardado años en quitarnos el dolor de haber partido, en hacer amigos, en establecernos».