La reforma agraria fue la de mayor envergadura de las que se plantearon a lo largo de la II República. La reforma agraria se planteó nada más que se inicio el proceso republicano y antes de que se empezara a redactar la nueva Constitución republicana, pues se consideraba imprescindible su realización.
Esta reforma hizo que hubiera un sector de la población, fundamentalmente los españoles de derechas, que recibieran a este nuevo régimen con mucha oposición.
La reforma agraria era una necesidad para así poder afrontar este problema multisecular y más en estos momentos con una profunda crisis económica, donde esta reforma plantea expectativas sociales esperanzadoras y en un momento en que la demografía estaba pujante y donde el mercado de trabajo era insuficiente para tanto trabajador.
El gobierno republicano inició su reforma agraria planteando una serie de disposiciones de gran importancia. Rápidamente planteó la prohibición de expulsar a los pequeños arrendatarios, la reducción de la jornada laboral y la extensión de los jurados mixtos en el campo.
Todas estas medidas iniciales no encontraron oposición por parte de los propietarios. Los jurados mixtos contribuyeron a aliviar las tensiones sociales de la época.
Los salarios crecieron bastante con una media del 20%, lo cual pareció una situación importante en el camino de la transformación social para los trabajadores del campo.
Después de estas medidas iniciales se tomaron otras que ya no fueron bien recibidas, así el decreto del laboreo obligatorio obligaba a los propietarios a trabajar la tierra siguiendo los usos y costumbres para evitar que aumentara el paro.
Otra norma muy polémica fue el decreto de términos municipales, donde se establecía la obligación de la patronal de contratar al personal del pueblo. Sin embargo esta medida con el tiempo fue retirada por inoperante y por favorecer de alguna forma actitudes caciquiles.
Gran parte de las medidas laborales en el campo fueron realizadas por el ministerio de Trabajo que era dirigido por el socialista Largo Caballero, sin embargo, el resto de las medidas de la reforma agraria fueron mucho más lentas y ese fue uno de sus principales defectos. La lentitud en la tramitación se debe a las discrepancias existentes en la reforma agraria entre los partidos que formaban el gobierno.
La Comisión técnica nombrada por el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos preparó un anteproyecto pero no fue bien recibido. Este anteproyecto, partía del principio de las urgencias que existían en el campo español.
Se preveía una ocupación temporal de tierras y cada año serían colocadas entre 60.000 a 75.000 familias. Esta sería financiada a través de un impuesto progresivo sobre las grandes fincas.
Alcalá Zamora plantea otra reforma que representa el proyecto de las derechas republicanas y plantea tres categorías de tierras.
- Las tierras no regables en zonas regables.
- Las que tenían un origen feudal.
- Aquellas tierras que fueran arrendadas desde siempre.
Siempre se produciría una indemnización.
Los socialistas querían una reforma más rápida y que se favoreciera el arrendamiento colectivo de tierras y que afectara a las propiedades que fueran muy extensas por el hecho de serlas, es decir, tocaba a los grandes terratenientes oligárquicos.
Los partidos republicanos plantean que no se produzcan grandes gastos en la aplicación de la reforma agraria y querían dar cauce a las demandas de los jornaleros mediante una reforma que fuera muy pausada y que la reforma fuera pagada por la oligarquía.
El gobierno de Manuel Azaña en marzo del año 1932 presenta una reforma agraria más radicalizada para darle una tramitación rápida. Sin embargo, esta tramitación no se acelera porque los radicales y, sobre todo, las derechas desarrollaron una táctica de oposición muy intensa.
En pleno debate se produce la Sanjurjada, lo que provocó una aceleración de la reforma agraria. Azaña consigue que sean incautados los bienes de la alta nobleza española. Con esta medida de confiscación como con la expulsión de los jesuitas, quería dar una alegría a los sectores políticos más radicales.
Como declara el historiador hispanista Edward Malefakis “Azaña resultó ser un Robespierre sólo en la retórica y no en los actos”.
La Ley de Reforma Agraria fue aprobada en septiembre del año 1932. Esta ley resultaba muy incompatible entre los partidos que formaban el gobierno, por lo que el texto fue muy complejo.
Se plantearon trece categorías de tierras expropiables que fueron registradas en un inventario y en consecuencia estaban sometidas a restricciones en el ejercicio de los derechos de propiedad.
El número de afectados por esta reforma aumentaba considerablemente pero no se aportaban los medios físicos y financieros imprescindibles para que la reforma se pudiera llevar a cabo.
La reforma se extendió por toda España y era tan grande la amplitud de las tierras a expropiar que dificultó muchísimo esta reforma al carecer de medios financieros. Las expropiaciones se realizarían mediante indemnización salvo en el caso de la Grandeza de España.
La reforma la debía llevar a cabo el Instituto de la Reforma Agraria. Su organización era excesiva y muchas veces confusa. Las decisiones de este Instituto se debían tomar de forma colegiada y con la colaboración de los implicados.
El Instituto de la Reforma Agraria se convirtió en una reproducción de lo que pasaba en las Cortes republicanas, lo que provoca que su actuación fuera muy lenta y fuera de plazos.
La ley consiguió su objetivo principal que era de disponer de enormes cantidades de tierra a unos precios asequibles para que se pudiera dar satisfacción a las demandas de las masas campesinas.
En la etapa final del bienio progresista se presentó a las Cortes republicanas una Ley de Arrendamientos que no se pudo aprobar por las elecciones convocadas. Esta ley era imprescindible para poder desarrollar la reforma agraria.
Los resultados de esta reforma agraria republicana fueron muy escasas en resultados. Edward Malefakis nos habla más de un intento que una realidad. Se había previsto instalar como hemos visto anteriormente entre 60.000 y 75.000 campesinos al año, mientras que los socialistas hablaban de 150.000.
La realidad fue muy frustrante porque sólo se expropiaron 24.000 ha. y se colocaron unos 4.300 campesinos. También se expropiaron otras 20.000 ha pero eran de mala calidad y el número de campesinos era muy inferior.
Extremadura era una región con una fuerte tensión social por lo que se aprobó un decreto de intensificación de cultivos por el que se permitió ocupaciones temporales que beneficiaron a unos 40.000 campesinos. El cambio produjo una dura protesta de los propietarios.
Para entender los problemas de la reforma agraria republicana hay que ser conscientes de la dificultad para su aprobación porque entre los partidos de gobierno no se entendía.
Fue una ley que hizo intervenir a todos los abogados de las Cortes y a ello debe unirse las dificultades económicas y financieras del Estado republicano que sólo pudo dedicar una cantidad muy pobre para apoyar dicha ley.
A esta dificultad hay que añadir la incompetencia del ministro de agricultura, Marcelino Domingo del partido radical-socialista que desconocía todo sobre el campo español y que fue un lastre para dicha reforma agraria.
Marcelino Domingo recibió críticas tremebundas y se acusa a Manuel Azaña de su nombramiento ya que conocía la incompetencia para ese cargo del ministro. La agricultura era muy importante para la economía española y poner a un ministro incompetente hace que dicho proyecto con toda su dificultad fracase.
Manuel Azaña valora de esta forma a Marcelino Domingo “No hará nada útil y habiendo producido inquietud y perturbación ni Domingo ni sus huestes son capaces de hallar una compensación para la República, atrayéndose a masas campesinas a los que se dé tierra”.
Martínez Barrios opinaba lo mismo y decía “la reforma agraria acrecentó el número de enemigos sin sumar partidarios”. La tierra perdía valor por estar inscrita en el inventario y a ello hemos de añadir que nunca fueron expropiadas, por lo cual tanto los campesinos como los propietarios se vieron totalmente defraudados.
Muy pronto el mundo rural vivió momentos durísimos de lucha, tanto por parte de la CNT como de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT donde ambas se inclinaron por el proceso revolucionario.
Fue en la mitad sur del país donde se vivieron los momentos más tensos con mucha violencia. Los patronos actuaron con radicalismo al que practicaban los sindicatos de campesinos. Protestaron con intensidad y se crearon Organizaciones patronales para dar la batalla y esto en nada favoreció al régimen republicano.