Las primeras en responder han sido las organizaciones de consumidores. El anuncio del Consejo de Ministros de la puesta en marcha de una reforma energética «no va a solucionar el problema» y va a suponer el encarecimiento medio de 2,4 euros en el recibo mensual, que superará los 78 euros mensuales por hogar, según FACUA. […]
Las primeras en responder han sido las organizaciones de consumidores. El anuncio del Consejo de Ministros de la puesta en marcha de una reforma energética «no va a solucionar el problema» y va a suponer el encarecimiento medio de 2,4 euros en el recibo mensual, que superará los 78 euros mensuales por hogar, según FACUA. Ante el anuncio por parte del Gobierno de que el Consejo de Ministros iba a aprobar esta medida, destinada, según el Ejecutivo, a liquidar el llamado «déficit de tarifa» –la diferencia generada en las distintas subastas entre ingresos y costes del servicio energético–, ya se habían producido otras reacciones y se han seguido produciendo la tarde del viernes.
Por partes. El anuncio del Gobierno, o, dicho en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la «pedazo de reforma que hemos aprobado», busca ahorrar 4.500 millones en los costes del sistema eléctrico. De estos, 1.800 millones corresponden a los costes de llevar la electricidad a las islas, Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla. En principio, el Gobierno se comprometió a cubrir esa cifra con cargo a los presupuestos generales del Estado, sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha visto en este apartado la oportunidad de arañar unas décimas al déficit público de cara a cumplir los objetivos de rigor fiscal exigidos por Europa. Así, la reforma carga la mitad de este coste (900 millones) directamente sobre los consumidores, y el resto, 900, sobre el Estado –es decir, sobre los contribuyentes–.
El mayor recorte, no obstante, se lo llevan las empresas que producen energía limpia. Mario Sánchez Herrero, de la Plataforma Nuevo Modelo Energético, explica a DIAGONAL, que han sido las energías renovables las que han permitido, a causa de las abundantes lluvias y los fuertes vientos, que en el segundo trimestre de 2013 se haya producido una bajada del precio de la energía. Sin embargo, la reforma del Gobierno penaliza a estas plantas por medio de lo que Sánchez Herrero califica como un fraude. A falta de conocer los detalles con que se plasme la reforma, el anuncio del Gobierno supone un cambio en las condiciones de partida para las plantas renovables (fotovoltaica, solar, etc.). En los años 2000, estas recibieron el compromiso de una compensación por la energía producida. Esto permitió poner en marcha proyectos que se basaban en tecnologías punteras con las que se corrían importantes riesgos. Con la reforma, Industria modifica, con carácter retroactivo, el modo de calcular las compensaciones, que pasará a ser en función de la inversión inicial, en lugar de la producción Kilovatio/hora. El temor, explica Sánchez Herrero, es que el Gobierno rebajará las estimaciones de las inversiones: «se va a tirar abajo los cálculos de inversión. Nos tememos que se va a aprobar con rentabilidad muy baja: se pagará menos de lo que le pagarían con el sistema anterior». De este juego de triles saldrán aproximadamente 1.700 millones, directamente de los ingresos del sector de las renovables. Faltan mil.
Las principales empresas energéticas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E-On y Edp), agrupadas en el lobby Unesa, han visto caer su cotización en la bolsa en las últimas horas y han reaccionado a la medida impuesta por Moncloa cuestionando que la reforma vaya a hacer disminuir el déficit de tarifa. Según los cálculos del Gobierno, el objetivo es ahorrarse mil millones por la menor retribución de los gastos de transporte y distribución a las principales empresas del sector. Los medios han recogido un comunicado de Unesa en el que amenaza con «una drástica reducción del empleo» y desinversiones en el Estado español tras el anuncio. No obstante, desde el sector más perjudicado por la reforma, el que representan las energías renovables, se indica que estas empresas, que controlan todas las fases del sistema eléctrico, lo tendrán fácil para recuperar esos mil millones en otras fases. Sánchez Herrero pone como ejemplo el mercado diario, en el que el oligopolio de facto de las empresas agrupadas en Unesa les permite prácticamente fijar los precios sobre la energía. De hecho, resume este representante de la Plataforma Nuevo Modelo Energético, «la auténtica razón del déficit de tarifa son los distintos mecanismos que se han puesto a disposición de Unesa para generar ingresos adicionales que les compensaran por las pérdidas de ingresos producidas por la competencia de las renovables».