«No dejar a nadie atrás: pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza extrema» es el lema de la ONU para el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
La Renta Básica es la protagonista en nuestro país en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La comunidad internacional, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señaló el 17 de octubre como el día en el que se ha de poner especial atención en visibilizar la pobreza y a los pobres del mundo, así como las iniciativas de todo tipo que pretenden contribuir al objetivo de acabar con la indigencia, fundamental dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la agenda para el desarrollo después de 2015. Este año, el lema atañe particularmente a la lucha por una renta básica: «No dejar a nadie atrás: pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza extrema».
Para el Movimiento contra el Paro y la Precariedad, la sociedad debe situar la erradicación de la pobreza y la exclusión social en lo más alto de las prioridades, y eso implica replantear el reparto de la riqueza a través de la acción de los poderes públicos. Para ello, la herramienta más eficaz, la que puede acabar de un plumazo con la pobreza extrema y la creciente exclusión social, es la Renta Básica incondicional. De ahí que los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Renta Básica estatal hayan decidido sacar a la calle las mesas de firmas el 17 de octubre, uniéndose al clamor internacional por la erradicación de la pobreza.
El Congreso de los Diputados admitió a trámite la ILP por una Renta Básica el pasado 14 de marzo, fecha que abre el plazo de nueve meses de que dispone la ciudadanía para reunir más de quinientas mil firmas válidas que obliguen al poder legislativo a tramitar la aprobación o no del texto propuesto. La iniciativa propone un modelo de renta básica universal e incondicional implementado en dos fases, una primera de urgencia para que ninguna persona se quede sin cobertura económica por debajo del umbral de la pobreza (645 euros al mes), y una segunda que consistirá en la extensión del derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas.