El pasado 29 de julio sucedió bochornoso hecho cuando representantes del gobierno santista, encabezados por el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, su Viceministro y el cuestionado Gobernador de Norte de Santander, secundados por el Ministro del Interior, no invitaron e impidieron la entrada de los voceros del campesinado del Catatumbo, ASCAMCAT, presentes en el Centro […]
El pasado 29 de julio sucedió bochornoso hecho cuando representantes del gobierno santista, encabezados por el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, su Viceministro y el cuestionado Gobernador de Norte de Santander, secundados por el Ministro del Interior, no invitaron e impidieron la entrada de los voceros del campesinado del Catatumbo, ASCAMCAT, presentes en el Centro de Integración Ciudadana, en el municipio de Tibú, en donde campesinos e indígenas plantearían proyectos enfocados al problema de los cultivos de coca para el manejo acertado de sustitución de cultivos y la proyección de producción eficaz, tratamiento y comercialización de productos agrícolas como el plátano y cacao, ganado y desarrollo de acuicultura.
Pero el Ministro de Agricultura impidió la entrada de la genuina organización campesina que encarna las aspiraciones y materialización de las luchas políticas, sociales y reivindicativas, de hombres y mujeres catatumberos; como quiera que es una organización social conformada por las comunidades rurales de los municipios de Convención, Teorama y el Tarra, durante el año de 2005 y hoy abarca espacios organizativos campesinos, en todo el Norte de Santander.
Corifeos mediáticos de los intereses plutocráticos en el Norte de Santander, atizaron que la delegación gubernamental puso al descubierto que ASCAMCAT no tenía liderazgo, ni representaba vocería alguna para denunciar las apremiantes, inhumanas y miserables condiciones de quienes viven y trabajan en esa región.
Resulta que los ministros del Interior, de Agricultura, el Gobernador William Villamizar L, apoyándose en los Alcaldes del Tarra ( José de Dios Toro), de Tibú (Alberto Escalante), de organizaciones, de escasa representatividad, como Asojuntas de La Gabarra, dirigentes comunales de Campo Dos y Paccelli, avicultores, productores de cacao y sobre todo, amontonados pequeños y medianos productores de Palma Africana, decidieron rechazar la vocería de la mayoritaria organización Ascamcat, nervio y cuerpo integral de las luchas de la zona catatumbera. Con tan insólito proceder político, el gobierno santista muestra la cedula descarada de pretender hacer (pues entre sus panegíricos no está alcanzar) la paz, sin abrir espacios de participación política a sectores organizados, de izquierda y revolucionarios; no solo con capacidad de disentir y denunciar; sino con logros prácticos de ejercicio y aplicación de embriones de poder popular, en el matizado escenario del llamado pos conflicto armado en Colombia. Con insólita tozudez el Ministro de los terratenientes y latifundistas de largo rabo de paja en el Cauca, anunció que ahora las relaciones con el Catatumbo llevarían otros rumbos; que los productores presentaran sus iniciativas ellos mismos, sin intermediarios; recordándoles que durante el año de 2015 llegaron al Departamento $20.000 millones de pesos, sin intermediación de nadie. Pues ahora responda donde están esos miles de millones de pesos!
EL INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO CON LOS CAMPESINOS DEL CATATUMBO
Durante el Paro Campesino de 2013 asesinaron a cuatro (4) campesinos- Nuestros Mártires-desde los cerros del Aeropuerto de Aguas Claras en Ocaña, por francotiradores policiacos del Esmad, ensañados contra los manifestantes. Esa cuota de deuda por impunidad del terrorismo de estado, es aún vigente. Han transcurrido tres años de negociaciones, entre la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA-C) y el gobierno nacional, luego del Paro Campesino del Catatumbo de 2013 y los sustanciales temas de reivindicaciones para ellos son tema olvidado para la casta gubernamental. ASCAMCAT permanentemente aboga por los prisioneros políticos capturados durante el Paro del Catatumbo: Elivaneth Uribe, Edgar León Sanguino y Ramón Elías Claro.
La Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA, fue creada en el mes de agosto del año 2009 en el Refugio Humanitario, en la vereda Caño Tomas del Municipio de Teorama, gracias al activismo práctico de Ascamcat, haciendo parte de esa mesa los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, líderes con masas de las comunidades del Catatumbo; así como con la participación, de personerías, alcaldías y respaldo de autoridades departamentales y nacionales. Conviene recordar que los campesinos del Catatumbo se movilizan en el 2013, por las falsas promesas e incumplimientos gubernamentales. En el 2012, habían prometido bondad con el Plan Colombia, contrainsurgente, de 2.3 billones de pesos, filtrados entre los del militarismo guerrerista. En el 2013, anunciaron un Conpes de 1.7 billones, encauzados también para la guerra. Hoy el gobierno habla de contratos «para la paz» de 14 billones y los depredadores contratistas, con sus émulos invasores extranjeras privados, babean entre fauces, con la esperanza de que en Colombia todo cambiará…. para que nada cambie!. Sumado a eso la Resolución 380 de Mindefensa (que continúa siendo Ministerio de la Guerra) del 18 de abril de 2016, que le dará a los militares 430 millones de dólares en cinco años, so pretexto de una estrategia de desarrollo integral de erradicación de hoja de coca a espaldas de los sacrificados y consecuentes interlocutores campesinos, que hoy desconoce.
Lo sustancial de una agenda de reclamaciones no se cumple en el Catatumbo cuando al campesinado se le ha negado el derecho a su tierra y ejercicio en las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Se niega el gobierno a financiar el Plan de Desarrollo Sostenible de los campesinos. No firma o aprueba un acuerdo de sustitución de los ingresos derivados de los cultivos de coca. Permanece de espaldas ante el incremento de estructuras paramilitares que amenazan, matan y campean y el no cumplimento de garantías y observación de respeto a los derechos humanos en una zona en la que han sido asesinadas 59 ´personas, en las últimas semanas, sin ninguna respuesta oficial.
Luego que el presidente Santos rectificara que el Paro Campesino de 2013 sí existía, comenzó a surgir la danza de los millones prometidos. Esa platica el campesinado del Catatumbo no la ve. Pura promesa, habladuría, papeles. Ahora al negar la representatividad campesina y popular de ASCAMCAT, cree ignorantes e ingenuos al campesinado organizado, de que no se necesita intermediarios para que los dineros oficiales lleguen. Sucede es que a los oídos de los dirigentes campesinos revolucionarios no llegan las mieles del poder ni la embadurnada corrupta para compartirla con los politiqueros locales.
EL VERDADERO INTERES
Pero que hay detrás del actuar político del Ministro de los terratenientes y latifundistas en Colombia, al desconocer la interlocución de La Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, como organización no gubernamental sin fines de lucro, de carácter nacional que tiene como objetivos trabajar por el fortalecimiento organizativo, formativo y político y la unidad del movimiento del campesinado a nivel regional?
Esa visita obedeció a implementar la Ley Zidres (Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), que dispone el uso de los baldíos para la invasión privada extranjera, bajo el portafolio de exportaciones de la industria biodegradable de la Palma Africana. El impacto del cultivo de palma de aceite, desde la época de los años de 1990 a la fecha y sus fines agroindustriales y políticos concretos han sido denunciados y analizados por Ascamcat.
El rasero de paramilitarismo y cultivo de Palma Africana no es materia de olvido
La incursión paramilitar a La Gabarra en 1999, implicó la toma y desalojo de tierras a campesinos a sangre y fuego con la colaboración de la Fuerza Pública. También aplicó la apropiación a la fuerza y la compra a menos precios de grandes extensiones de tierras, con la complicidad de abogados, las Notarías, que son «feudos del poder político» como lo afirma el congresista Armando Benedetti, y la olla podrida del Registro de Instrumentos Públicos, verdadero emporio de desconocimiento a la Fe Pública en Colombia. Analistas consideran que en El Catatumbo la finalidad de la incursión paramilitar no fue acabar con la guerrilla difundiendo el terror y el odio, para preparar el terreno de una reforma agraria cruenta de extrema derecha e instaurar el cuadro económico de la explotación extensiva de la agro industria con el aceite de palma a la cabeza, su mono y macro cultivo.
Desplazada la población y saqueada la propiedad campesina en zonas estratégicas de la insurgencia y potencialmente explotables para el carbón, el petróleo y la siembra de palma africana, ya no se dio enfrentamiento alguno con las fuerzas insurgentes. Los narco paramilitares situaron sus santuarios protegidos por el terrorismo de estado, atrincherándose para defender esas tierras; dominar las representatividades electorales municipales; e implantar esos cultivos estratégicos para los planes económicos y de desarrollo de las oligarquías locales y nacionales.
En la primera sentencia proferida contra Salvatore Mancuso y el Bloque Catatumbo de los narco paramilitares, en octubre de 2014, la Magistrada Alexandra Valencia, fundamentó que la arremetida paramilitar «se aprovechó para impulsar el negocio de la palma de aceite, en grandes extensiones de tierras abandonadas o mal compradas a precios irrisorios a campesinos que habían abandonado sus parcelas, por parte de empresarios» y agrega la cita, más no la sentencia: «financiados y condecorados por el gobierno de Álvaro Uribe, tal es el caso emblemático del empresario cesariense Carlos Murgas, quien se ufanaba de ser amigo personal de Rodrigo Tovar Pupo, pero no de ‘Jorge 40′».
UN TESTIMONIO INVESTIGATIVO
Remito a la investigadora social e Historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana, Niyireth Fernanda Gutiérrez Montenegro, en su ensayo Evolución del cultivo de la palma de aceite en la región del Catatumbo y su impacto en la estructura agraria (1999-2010). Candidata a Magíster en Estudios Políticos – IEPRI- Universidad Nacional de Colombia. De ese trabajo redacto análisis personal sobre esta problemática política y agroindustrial planteada, como el que el Ministro de Agricultura del gobierno de Andrés Pastrana, Carlos Murgas Guerrero, llamado el «Zar del Agro» o «Zar de la Palma», fue objeto de investigación por la Fiscalía General de la Nación, al detectar que la empresa Bioagroindustrial de Colombia propiedad del bagre Carlos Murgas Guerrero, hizo compras masivas de tierras en El Catatumbo. «Uno de los últimos predios adquiridos por Bioagroindustrial, la finca Finlandia, de 86 hectáreas, fue pagada en 21’775.000 pesos. Es decir, a 253.157 pesos la hectárea» [3]. Cuenta con 44mil hectáreas de su propiedad sembradas. El Espectador (2012) informó que: «La compra masiva de tierras en Norte de Santander se ha extendido a El Carmen, Convención y Gramalote. Cooperativas de paramilitares desmovilizados estarían también tras las ofertas, para proyectos agroindustriales.» (Ó Loingsigh, 2008: 188). Digo: Es sabido que las políticas nacionales y regionales para El Catatumbo, han obedecido a que tanto la agroindustria de palma de aceite y su cultivo han ido de la mano con la llamadas alianzas productivas, impulsadas por programas como el MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) de la Agencia de estados Unidos para el Desarrollo Internacional- USAID, con el prurito de impulsar esa palma de aceite alternativo a la erradicación de cultivos ilícito en el país. Estrategia que no funcionó tampoco en El Catatumbo, al no disminuirse el cultivo de coca; pero si convirtió a la tierra como botín de guerra, redundando en beneficio del terrateniente Carlos Murgas Guerrero; ratificando el no descartable posible vínculo entre la actividad paramilitar en El Catatumbo y los empresarios de la palma de aceite.
El emporio empresarial de Carlos Murgas Guerrero, en el sector agroindustrial de Palma Africana, abarca más de 44 mil hectáreas. Sus empresas manejan los cultivos de palma en Magdalena Medio, Casanare, Cesar, Meta, El Catatumbo, en desarrollo de Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales, Fundialianza, con Promotoras Las Flores.
La planta de agrodiesel Las Flores (Oleoflores. S.A) en Codazzi, que puede producir 50.000 toneladas de agro combustible (aceite crudo) al año. Desde los años 1990, en ejercicio de alianzas estratégicas productivas, manejaba el negocio en el Magdalena Medio, Montes de María, Cesar. A partir del año 2000 en desarrollo de alianzas estratégicas productivas gestiona los créditos en el Banco Agrario, sucursal El Prado en Barranquilla, agencia en la que se movieron los créditos de Agro Ingreso Seguro, con ventas de semillas, asistencia técnica y compra venta de la producción.
Sus alianzas se extendieron con empresarios del Caribe, vinculados al proyecto palmicultor de Carlos Castaño en el Urabá, Montes de María, Córdoba y El Catatumbo, con compañías como CYPAG y Ecopalma. En estas empresas se encuentran como socios familias como los Gutiérrez de Piñérez y Alvarado Yáñez y otras personas naturales que concentran más de 10 mil hectáreas…Las sociedades anónimas Palma de Oriente y Palmeros Afiliados de Colombia y la sociedad Bioagroindustrial y Ganadería de Puerto Rico (Grupo de Memoria Histórica. Justicia y Paz, 2012:69) Lo citado aparece en denuncia de Incoder por compra masiva de tierras no superior a 44 hectáreas y por acaparamiento de tierras por parte de estas empresas en El Catatumbo hasta por 10.000 hectáreas. En Campos Dos en el municipio de Tibú, la empresa Murgas & Lowe Dami Las Flores fue quien manejó las alianzas productivas, junto con otras empresas como Oleoflores y Fundeflores – Fundemaría, estas fueron las mayores productoras del fruto de palma de aceite en la región…. Esta iniciativa es liderada por la Hacienda Oleoflores, que adquiere el fruto y lo procesa en Codazzi, mientras se acaba de construir la planta en Campo Dos, frente a la base militar construida para protegerla» (subrayo) (Salinas, 2013: 07)… Concluir que todo este fomento obedeció a la política nacional y de planes internacionales impulsado por Álvaro Uribe Vélez durante sus dos periodos presidenciales de 203 a 2010.
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