El régimen de Madrid ha ilegalizado en cuestión de horas, a la organización independentista de izquierdas, Acción Nacionalista Vasca (ANV), así como al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y condenado a penas de entre 8 y 10 años de cárcel a miembros de Gestoras Pro Amnistía. Si bien el conflicto con esas organizaciones […]
El régimen de Madrid ha ilegalizado en cuestión de horas, a la organización independentista de izquierdas, Acción Nacionalista Vasca (ANV), así como al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y condenado a penas de entre 8 y 10 años de cárcel a miembros de Gestoras Pro Amnistía. Si bien el conflicto con esas organizaciones viene de lejos, el momento escogido para realizar semejante alarde, guarda relación con la necesidad de desviar la atención sobre los gravísimos problemas económicos que sufre el Estado español.
El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, afirmaba el día de la ilegalización de ANV, que ese partido y el PCTV eran «proyectos políticos claramente ilegales», es decir ya sabía que el PCTV iba a correr la misma suerte. Sin embargo, hace un año su compañero de partido, y ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo decía que la ilegalización de ANV podría ser inconstitucional. Por esas mismas fechas, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se preguntaba si no habían ido muy lejos impugnando más de cien candidaturas de ANV, en las elecciones municipales. Ayer «progresistas» y hoy tan reaccionarios como Aznar. Basta con hacer un poco de memoria, para dejarlos en evidencia.
España ni es una, ni es grande ni mucho menos libre. Mientras se siga identificando al Estado con uno solo de los pueblos que lo componen, otros seguirán entendiendo que se les quiere imponer por la fuerza, una cultura indeseable. Nunca ha existido una voluntad sincera por parte del Gobierno de turno, para que los vascos puedan decidir democráticamente su futuro. Cuando, como ahora, se eliminan, sin excepción, los interlocutores sociales válidos para alcanzar un final dialogado al conflicto, el régimen deja expedita la vía de la respuesta violenta (acción, reacción), de ahí los tres atentados -uno de ellos mortal- de ETA que replica así a una ofensiva estatal no carente de ensañamiento y agresividad, pues está salpicada por denuncias de torturas sin investigar y el recuerdo cercano de la guerra sucia, parida precisamente por un Ejecutivo socialista.
Sobre ETA, ha declarado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que además de pistolas también tiene entramado social y político. Es evidente que pretende justificar las encarcelaciones e ilegalizaciones con el manido «todo es ETA», pero, implícitamente, reconoce la existencia de un problema político; por tanto las decisiones tomadas por los tribunales han sido políticas. Su advertencia de que va a perseguir a los grupos sociales que apoyen o utilicen la violencia es, al mismo tiempo, abstracta y sibilina. Que tomen buena nota de la misma, quienes cortan carreteras porque no desean irse al paro, o queman contenedores exigiendo viviendas dignas. Mucho me temo que el señor ministro, esté abonando el terreno ante la entrada en escena de la crisis que «no existía».